Durante la semana que pasó un juez de Garantías convirtió en prisiones preventivas a las detenciones de los cuatro efectivos de seguridad que están procesados en esta causa penal. Todos pertenecientes al área de Seguridad Vial, los habían arrestado durante una serie de allanamientos que se hicieron en Azul, Tandil, Las Flores y Monte el pasado 10 de mayo.

Con los dictados de esas medidas cautelares de primera instancia que todavía no están confirmadas, los imputados -un subcomisario, dos capitanes y un oficial subinspector de la Policía bonaerense- siguen presos en la Unidad 30, la cárcel que está en General Alvear.

El Juez de Garantías que interviene en la causa penal donde cuatro policías están procesados por diferentes hechos de corrupción, casos relacionados con pedidos y cobros de coimas en las rutas y a empresas de transportes, convirtió en prisiones preventivas a las detenciones de todos ellos, las cuales se habían hecho efectivas durante una serie de allanamientos llevados a cabo el mes pasado en los destacamentos de Seguridad Vial de Azul, Tandil, Las Flores y Monte.

Juan José Suárez, titular del Juzgado de Garantías número 3, dispuso las prisiones preventivas para los funcionarios policiales, entre los cuales hay dos que son oriundos de Azul.

“Es posible apreciar la ejecución de múltiples conductas de los cuatro imputados, las cuales son concurrentes y dirigidas a coordinar su actividad en la percepción de sumas de dinero de parte de las empresas transportistas, así como también el permanente tráfico de influencias recíproco, gestionando de manera usual la liberación de los transportistas detenidos en operativos viales ante cualquier otro encargado de Destacamento de la zona, para que dejen de cumplir con su obligación funcional de control de tránsito vehicular”, se menciona en el dictamen con relación a esa aparente conducta delictiva desplegada por los policías que están presos.

El dictado de esas medidas cautelares es de primera instancia, por lo que hasta ahora no está firme. Al respecto, un vocero judicial ligado a la instrucción de esa causa penal que se tramita en la UFI 1 -la fiscalía con sede en los Tribunales de Azul que está a cargo de Marcelo Fernández- mencionó que algunos de los abogados de los encausados ya apelaron esas prisiones preventivas de sus defendidos, al tiempo que los demás anunciaron que también tenían previsto hacerlo.

Mientras tanto los policías imputados, todos pertenecientes al área de Seguridad Vial y a quienes una vez conocidas sus detenciones los habían apartado de la fuerza por decisión de la Auditoría General de Asuntos Internos que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense, continúan presos en la Unidad 30, la cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense que está en la ciudad de General Alvear.

El martes que pasó el juez de Garantías Suárez, dando lugar a un pedido solicitado por el Fiscal que instruye esta causa penal, resolvió convertir en prisiones preventivas a las detenciones de los policías que él mismo ordenara, medidas cautelares que se habían hecho efectivas el pasado 10 de mayo.

Aquel día los efectivos de seguridad fueron arrestados durante una serie de allanamientos que de manera simultánea se hicieron en los destacamentos de Seguridad Vial donde desempeñaban funciones.

Esos procedimientos, además, incluyeron que fueran allanadas las viviendas de los encausados y requisados sus vehículos particulares, secuestrándose durante esas diligencias diferentes elementos considerados de interés para esa causa que sigue instruyendo el fiscal Fernández.

Con las nuevas pruebas colectadas y las que ya estaban incorporadas a ese sumario penal cuando se hicieron los allanamientos y las detenciones, semanas atrás el fiscal titular de la UFI 1 había solicitado esas prisiones preventivas que ahora en primera instancia les fueron dictadas a los policías.

Javier Enrique Murray, Raúl Exequiel Ferreyra, Emiliano José Sparaino y José Luis Arrubia -tal las identidades de los efectivos de seguridad- son considerados hasta el momento en esta Investigación Penal Preparatoria autores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, en concurso ideal con cohecho pasivo, tráfico de influencias, omisión ilegítima de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas que concurren realmente.

A Murray -un capitán de la Bonaerense que tiene 48 años, nació en General Alvear y había sido detenido en el Destacamento de Seguridad Vial de Las Flores, el lugar donde desempeñaba funciones- se le imputa la autoría de un delito más ahora que le ha sido dictada la prisión preventiva: peculado de servicios.

Otro de los policías que está preso, el subcomisario Sparaíno, es nacido en Azul y tiene 37 años. Estaba a cargo del Destacamento de Seguridad Vial de Tandil cuando fue detenido durante uno de los allanamientos que se realizaran el ya referido 10 de mayo último.

El capitán Arrubia también es oriundo de esta ciudad. Tiene 47 años y había sido arrestado en Vial Azul. Y el oficial subinspector Ferreyra, de 33 años y nacido en Verónica, fue detenido mientras trabajaba en el Destacamento de Seguridad Vial de Monte.

El dato

Un importante cúmulo de pruebas colectadas en esta investigación penal se relaciona con cientos de horas de escuchas surgidas de intervenciones a los teléfonos celulares de los policías imputados. Al respecto, al momento de solicitar las prisiones preventivas de los acusados, el fiscal Marcelo Fernández escribió: “Es absolutamente revelador de la organización, coordinación y acuerdo para llevar adelante los ilícitos mencionados entre los imputados el contenido de las conversaciones registradas en las escuchas de sus teléfonos personales, donde sin mayores reparos se manifiestan entre ellos o con terceros funcionarios de la Policía Vial por el permanente trafico de influencias para la liberación de transportistas o menciones a la entrega o remisión de sobres”.

LO QUE SOSTIENE EL FISCAL

Marcelo Fernández, el fiscal a cargo de la causa, sostiene que esos hechos de corrupción por los que los cuatro policías están ahora con prisión preventiva ocurrieron entre enero y mayo de este año.

Geográficamente, el titular de la UFI 1 situó a esos episodios delictivos como sucedidos “en el ámbito territorial de la Jefatura Zonal de Seguridad Vial Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y zonales aledañas; abarcando las rutas nacionales 3 y 226, y demás rutas y caminos tributarios de la región”.

En ese contexto, desde la Acusación se menciona que al menos los cuatro encausados, policías conocidos entre sí por sus vínculos “laborales, de amistad o trato frecuente”, llevaron a cabo esos delitos por los que actualmente están presos en la Unidad 30.

Para eso, afirma también el fiscal azuleño, “integraron de manera organizada una asociación destinada a cometer delitos de distinta índole en perjuicio de particulares transeúntes y de la Administración Pública nacional y provincial indistintamente”.

Los policías, “desempeñando alternativamente distintos roles y funciones, con abuso de sus cargos públicos y amparados en su condición de pertenecer a una fuerza de seguridad encargada de la seguridad vial en dicho territorio, solicitaron y exigieron en forma indebida la entrega periódica, así como recibieron en distintas oportunidades, de sumas de dinero o dádivas a los dueños de diferentes empresas transportistas de paso frecuente por las rutas bajo su control o a conductores ocasionales de vehículos de menor y gran porte”.

A cambio de eso, omitían cumplir con sus funciones de “control y exigencia del cumplimiento de la reglamentación vial, sea respecto de documentación exigible para la circulación de los vehículos, sea el cumplimiento de las normas de conducción, sea el buen estado general de los vehículos en tránsito o sea la documentación específica para el transporte de mercaderías, y así permitirles el libre paso por sus jurisdicciones”.

La acusación incluye también que los policías “procuraban la liberación de rodados retenidos en controles vehiculares efectuados por otros destacamentos viales del territorio de la jefatura vial o aledaños, solicitándose entre sí la omisión del labrado de actas de infracción o el secuestro, si correspondía, para vehículos con irregularidades, cuyos propietarios accedían a abonarles sumas de dinero o prometían hacerlo o entregar dádivas a cambio, haciendo valer así indebidamente su influencia ante otros funcionarios públicos para que no realicen de esta manera los actos propios de su incumbencia”.

Desde el punto de vista del fiscal Fernández, “tales ilícitos sólo podían tener lugar en virtud de la especial situación funcional y la relación que existía entre los imputados, que cotidianamente prestaban servicios en las dependencias a su cargo, con comunicación permanente entre sí, ya sea telefónica o personal, mediante acuerdos expresos o tácitos para llevar adelante su accionar ilícito y la omisión de los actos de servicio que sus funciones les exigían”.

En ese contexto, el titular de la UFI 1 tiene demostrado que los policías acusados “se recomendaban, remitían o presentaban recíprocamente a empresarios transportistas o choferes que transitaban usualmente por las rutas sujetas a las distintas zonas viales para que entregaran dinero o dádivas a cambio del libre paso por las diferentes jurisdicciones”.

En tanto, los hechos que han derivado en la ampliación de la acusación para el capitán Javier Enrique Murray señalan que empleó, “en provecho propio” y en beneficio de una empresa de transportes con sede en la localidad de Hurlingham, “servicios de vigilancia, seguridad y logística, a través de la utilización de un predio municipal, aledaño a la dependencia policial donde prestaba servicios” en Las Flores. Un espacio que por intermedio suyo se usaba “como playa de estacionamiento para las distintas unidades de transporte de la mencionada empresa”.

Además, en el marco de esa ilícita “prestación de servicios” el Fiscal sostiene que ese policía, “proveyó -al mismo tiempo que cumplía su labor jerárquica en la Estación Vial, como así también aprovechando la especial función de su dotación de personal y recursos materiales propios de la dependencia, todos pagados por la administración pública provincial- la seguridad de choferes, rodados y bienes transportados, asignación de turnos de carga y descarga, control del tránsito y coordinación con la empresa de control satelital contratados por la transportista, que retribuía a Murray mediante sumas de dinero por los servicios prestados en tales rubros logísticos y de seguridad”.

Fuente: Diario El Tiempo