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Derrumbe económico: Hay casi 20 mil pymes menos desde 2015

Son números que surgen de un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que detalla que total de empresas registradas en diciembre de 2015 según AFIP alcanzaba los 559.318 casos de empresas de menos de 100 trabajadores, mientras que en abril de 2019 llegó a 540.465. Además cerca de 250 empresas recurrieron al proceso preventivo de crisis en dos años.

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La problemática de las pymes ya lleva varios años y de hecho es la punta de lanza de los candidatos de la oposición ya que se trató de una clara falencia del Gobierno. Cientos de pedidos de las asociaciones empresarias se hicieron oír en reclamo de una Ley de Emergencia Pyme. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), puso los números sobre la mesa y, en base a los registros oficiales de AFIP, hay casi 20 mil pymes menos desde 2015.

El total de empresas registradas en diciembre de 2015 según surge de las estadísticas de AFIP alcanzaba los 559.318 casos de empresas de menos de 100 trabajadores. A partir de allí, y tal se presenta en los gráficos siguientes, la cantidad de empresas se redujo drásticamente, llegando en abril de 2019 a 540.465.

Según el trabajo del CEPA, las razones de sensible reducción en la cantidad de empresas tiene al menos cuatro ejes fundamentales: el aumento del costo de financiamiento, la caída del poder adquisitivo, el aumento en los servicios (electricidad, gas, agua) y la apertura importadora.

A su vez, otro dato genera más preocupación: el año 2018 fue el que mayor número de presentaciones registró el procedimiento preventivo de crisis con 108 en total, con una tendencia notoriamente creciente desde 2015. Así, remarcan, desde 2016 a 2018 se registraron 246 pedidos de procesos preventivos de crisis.

Además, explica que la cantidad de los Programas de Recuperación Productiva (REPRO), entre 2015 y 2017, disminuyó sensiblemente, “se concentraron en menos empresas y el monto destinado al programa disminuyó en términos reales”, y continúa: “Esta disminución, lejos de relacionarse a una mejora en la situación laboral se debió al incremento en los requisitos exigidos a las empresas y a la diminución de los plazos aprobados (que pasaron en promedio de 12 meses a 3 meses). De hecho, desde el entonces Ministerio desalentaron su uso bajo el argumento de que “promueve la competencia desleal”.

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