VISTO:

El crecimiento de la pobreza y la indigencia a causa de las políticas económicas del gobierno nacional,

CONSIDERANDO:

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948) establece en el artículo 25º que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”;

Que el derecho a la alimentación adecuada también se encuentra establecido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU, aprobado por la Ley Nº 23.313 que además agrega en su artículo 2º que “cada uno de los Estados Partes (…) se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”;

Que el citado Pacto y la mencionada Declaración están incluidos en nuestra Constitución Nacional en su artículo 75º, inciso 22º;

Que también tienen rango constitucional las normas establecidas por organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que, como los anteriores, reconocen el derecho humano a alimentarse, a la salud y a la vida, muy especialmente en el caso de los niños, niñas y jóvenes; y establecen que son los Estados los que deben garantizar el cumplimiento de esos derechos;

Que a partir de las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional que provocaron la crisis cambiaria, la aceleración de la inflación -fundamentalmente el precio de los alimentos-, la pérdida de poder adquisitivo del salario, el aumento del desempleo y una fuerte recesión, la pobreza dio un salto significativo en 2018, alcanzando a un 32% de los/as argentinos/as;

Que de acuerdo con los datos oficiales publicados por el INDEC, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la cantidad de argentinos/as pobres en 2018 ascendió a 12.960.000, lo que significa que, en tan sólo doce meses, 2.680.000 personas se sumaron a la pobreza;

Que asimismo la cantidad de argentinos/as bajo la línea de indigencia ascendió a 2.713.533 (6,7%), lo que implica que 793.533 personas padecen severas dificultades para acceder a la alimentación;

Que la situación adquiere extrema gravedad si se tiene en consideración que la cantidad de chicos/as pobres de entre 0 y 14 años aumentó de 39,7% en el segundo semestre de 2017 a 46,5% a fines de 2018, lo que implica la existencia de 5,1 millones de niñas y niños de 0 a 14 viviendo en la pobreza, 796.000 más que en 2017;

Que según el INDEC, la brecha promedio entre la canasta alimentaria por hogar y el ingreso total familiar de los hogares pobres fue en 2018 de 9485 pesos, monto que un año atrás resultaba de 6109 pesos;

Que las cifras informadas el pasado 28 de marzo por el INDEC coinciden con la medición de pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) recientemente publicada, que a través de un análisis multidimensional registró un 31,3 por ciento de pobreza para el cierre de 2018;

Que según dicha medición buena parte del crecimiento de la pobreza multidimensional y de la pobreza estructural se debió fundamentalmente al aumento de la pobreza por ingreso, tal como señaló su coordinador, Agustín Salvia: “Quizá muchas personas tenían problemas de carencias multidimensionales estructurales, pero ahora sumó la incapacidad monetaria en temas de consumo para cubrir la canasta básica total”;

Que dado lo anterior deben tomarse medidas destinadas a paliar situaciones alimentarias de la población, ya que todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y a no padecer hambre, según las convenciones internacionales de derechos humanos anteriormente citadas;

Que los estados municipales son los que conviven cotidianamente con los vecinos y es en el marco comunitario y el territorio donde los derechos se hacen palpables;

Que desde este Bloque hemos presentado en reiteradas oportunidades proyectos para la implementación de los comedores durante los fines de semana, sin respuesta del Departamento Ejecutivo, siendo hoy aún más preocupante la situación de vecinos de nuestra comunidad.

Que en nuestra ciudad los merenderos y comedores no dan a basto en asistir a los niños y familias enteras que se acercan a los mismos con hambre, requiriendo la ayuda que el Estado no les brinda, de la buena voluntad y la solidaridad de vecinos anónimos que colaboran en el sostenimiento de los mismos.

Que a partir de la declaración del estado de Emergencia Alimentaria, el municipio podrá generar herramientas concretas que contribuyan a mitigar los efectos de la crisis y, a su vez, solicitar al Ejecutivo Nacional y Provincial, que refuercen su capacidad de asistencia alimentaria al Municipio de LAS FLORES;

POR ELLO EL BLOQUE DE CONCEJALES DE UNIDAD CIUDADANA- FPV-PJ PROPONE AL H. CONCEJO DELIBERANTE EL SIGUIENTE:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1º: Declarar la EMERGENCIA ALIMENTARIA en el Municipio de LAS FLORES por el lapso de un año.

Artículo 2º: Instruir al Departamento Ejecutivo a que utilice todos los mecanismos legales a su alcance para asegurar el acceso a una alimentación saludable a todos los habitantes de nuestro municipio.

Artículo 3º: Implementar la apertura de comedores en centros de promoción comunitaria los fines de semana.
Implementar un sistema de viandas para familias con necesidades alimentarias.
Refuerzos alimentarios a embarazadas y adultos mayores
Refuerzo en la entrega de bolsones de alimentos a familias vulnerables
Entrega de alimentos a personas con ENFERMEDAD CELIACA

Artículo 4º: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo Provincial que refuerce la asistencia alimentaria al Municipio de LAS FLORES.

Artículo 5º: Adherir al pedido de declaración de emergencia alimentaria presentado a la Gobernadora por un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires.

Artículo 6º: De forma

Concejal Marcela Melo Concejal Federico Bugatti