Vi que había una cinta ancha en un poste y, como estoy haciendo el alambrado nuevo, le pregunté al alambrador si había sido él y me dijo que no», dijo Lorena Del Río, una productora de San Miguel del Monte.

 El fin de semana pasado, tuvo que llamar a la policía y a entidades del agro para que la ayudaran a desalojar a un grupo de personas que sacaron los carteles que decían «propiedad privada» y que habían comenzado a demarcar su campo.

Del Río vive en las mismas 300 hectáreas que los presuntos usurpadores querían apropiarse. El sábado pasado ella y otra persona trabajaron poniendo postes nuevos para señalizar los límites del perímetro, pero un día después cuatro personas se presentaron reclamando la propiedad que le pertenece desde 1995.

«Sacaron los rótulos de mi propiedad, el domingo a las 11 estaban los carteles tirados en el suelo. Habían hecho una limpieza de la cuneta para entrar y podaron árboles. Llamé a la patrulla rural», contó.

Los presuntos ocupantes, que tenían armas, habían empezado a marcar territorio dentro de la propiedad y talado dos árboles de la zona. «En un acto de locura les dije qué carajo están haciendo en mi campo y uno dijo ‘este es mi campo’ y esbozó un papel. Les dije, de aquí vamos a la policía y ellos me contestaron: sí, sí, mejor que los llames porque aquí hay gente de la policía«, señaló a LA NACION.

Dentro del grupo de personas había tres varones y una mujer que continuaron con las tareas de señalización dentro de la propiedad. «Cuando ven que no me muevo y llamé a la policía, envolvieron las armas que tenían y las guardaron en un auto. Una hora después se presentó la patrulla y en una hora y pico se fueron», detalló.

«Me quedé afuera y esperé hasta que se fueran. Yo soy única dueña del campo y uno de ellos me dijo que tenía un boleto de compraventa, pero de lo que esbozaba por los aires no vi nada de que tuviera un documento de una escribanía», expresó.

El día del intento de usurpación, Lorena había ido hasta el pueblo a comprar alimentos y en un lapso de una hora y media, que fue el tiempo que se demoró, las cuatro personas se habían instalado en el lugar. Si bien no las conoce, dijo que se enteró que tienen relación con una fuerza de seguridad.

«Está comprobado que son dos personas de las fuerzas de seguridad y otra que está ocupando servicio en La Matanza porque cuando me hicieron la declaración pedí que quedara establecido a qué se dedicaban estas personas», denunció. Para la productora, todos los vecinos de la zona están en un estado de indefensión. «No puede ser que yo esté mirando los carteles y haciendo guardias porque puede venir cualquiera a usurparme», dijo.

«Las armas no quedaron registradas en la denuncia porque la policía no registró el auto pese a que se los pedí. Está actuando la auditoría de asuntos internos», extendió.

Según pudo saber LA NACION, ante este caso Carbap se puso en contacto rápidamente con el Ministerio de Seguridad provincial y la Superintendencia de Seguridad Rural para que se actuara. Además, Martha Gaviño, presidenta de la Sociedad Rural local, actuó para que quedara asentado el delito.

Dentro de las 300 hectáreas, Lorena vive y desarrolla distintas actividades como huerta, cría de ovejas, pollos y pavos dentro de un campo mixto, ubicado en la parcela 16, a 20 km de San Miguel del Monte y 20 km de Lobos.

«Mi campo es ecosustentable, ni siquiera tengo luz, no sé qué fue lo que le vieron y lo que voy a hacer de ahora en adelante para protegerlo es comprar balas. Hace meses que estoy pendiente, hago recorridas diarias que no debería y estamos en contacto de contención con los vecinos», indicó.

Por su parte, Gaviño le dijo a LA NACION que, antes de que ocurriera este episodio, las entidades rurales ya habían puesto en alerta a los productores de la zona para pedirles que en cuanto tuvieran conocimiento de un caso de usurpación avisaran a través de un grupo de WhatsApp.

«Cuando nos enteramos de lo que le pasó a Lorena enseguida nos comunicamos con Carbap para que se hiciera algo y ellos se pusieron en contacto con las autoridades y se pudo actuar rápido», expresó la presidenta de la entidad ruralista de esa localidad.

«Este trabajo en red es muy importante y la intervención fue muy favorable. Es preocupante que le toque a un productor y por eso pedimos a los socios avisar si ven algo para solucionarlo rápido», precisó. «Ahora estamos todos con miedo. Hay mucho temor porque Lorena vive ahí, imaginate los campos que están solos. Nosotros estamos cuidándonos unos a otros», narró.

LA NACION se comunicó con Darío Martínez, el comisario que se presentó en el lugar del incidente, pero no quiso hacer declaraciones. Solo confirmó que «el hecho está en proceso de investigación».

Por: Belkis Martínez