En el día de ayer se llevó a cabo una nueva campaña de recolección de envases vacíos de fitosanitarios en el predio de la P.T.R.S.U. 

La misma se coordinó junto con Campo Limpio y Sofeva Soluciones Sas, para evitar que los envases en desuso de fitosanitarios contaminen nuestros recursos naturales o ingresen al mercado informal. 

Si bien es la primera campaña del año, ya se realizaron 5 desde abril del año 2020. En esta ocasión, se lograron recuperar más de 3.000 envases y serán enviados a la empresa Ecoabasto, donde reciben un tratamiento aprobado por el OPDS y son reciclados cumpliendo los requisitos y cuidados ambientales necesarios. 

Esto pudo lograrse gracias al trabajo en conjunto entre cada una de las partes responsables; por esto, agradecemos a los productores agropecuarios del partido de Las Flores por acercar sus bidones en las condiciones solicitadas. 

Mientras tanto, continúan las conversaciones entre responsables de Campo Limpio y de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacio Público para construir en nuestra ciudad un Centro de Acopio Transitorio para estos residuos, de acuerdo a la Ley 27.279. 

El proyecto de ley que impulsa una reducción de las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas recibió este miércoles dictamen favorable en un plenario de comisiones del Senado y quedó en condiciones de ser sancionado en la próxima sesión.

Durante una videoconferencia, senadores de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta coincidieron en la necesidad de dar respaldo al beneficio, ya aprobado por la Cámara de Diputados por 190 votos positivos.

El presidente del Enargas, Federico Bernal, que expuso en el plenario, subrayó la importancia de contar con esta ley al entender que se trata de “una contribución inédita para un servicio público como derecho social que garantiza derecho humanos”.

Para Bernal, la discusión sobre tarifas otorga “una inmejorable oportunidad para adentrarse en el debate de fondo que requiere la energía y los servicios públicos en nuestro país”.

El funcionario explicó que con normas como esta “se equilibran los gastos y Argentina se coloca a la vanguardia mundial en materia de servicios públicos” ante “un histórico reclamo de millones de compatriotas”.

El beneficio de la reducción de tarifas alcanzará a “un 28% de la población” del país, indicó, y recordó la cantidad de usuarios y pymes que se desconectaron del servicio durante los años de 2016 y 2019, por la imposibilidad de pago.

“De cada diez hogares cuatro terminaron endeudados por no poder pagar la tarifa”, aseguró.

En el encuentro, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, consideró que el proyecto tiene que ver “con una visión estratégica del país” y mencionó el déficit energético con el que el gobierno de Nestor Kirchner asumió el Gobierno.

Desde la oposición, el senador de Juntos por el Cambio, Víctor Zimmernan reclamó beneficios similares con la tarifa eléctrica para las provincias del norte afectadas por las temperaturas extremas durante los meses de verano y su par Pamela Verasay pidió recordar el origen de “los problemas de autoabastecimiento energético” en el país y precisar cómo se financiarán los subsidios.

El proyecto modifica un artículo de la Ley de Presupuesto 2021 para beneficiar a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.

Los residentes de esas zonas tendrán una disminución de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas, de acuerdo a la situación económica de cada sector, según uno de los artículos de la iniciativa.

La norma reduce en alrededor del 50 por ciento las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.

También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.

El proyecto prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.

Las deudas de las distribuidoras cooperativas de energía eléctrica se arrastran desde la crisis que comenzó durante el Gobierno de Cambiemos y se profundizó con la pandemia de Covid-19. Para aliviar el peso de las obligaciones pendientes de pago se estableció un régimen especial de regularización, que lleva adelante la Secretaría de Energía de la Nación.

“Las medidas en curso para reducir una deuda conjunta de más de $ 8.000 millones son imprescindibles para brindar protección a cientos de miles de usuarias y usuarios del servicio eléctrico en la Provincia”, explicó el presidente del partido Solidario (PSOL) de Buenos Aires, Carlos Grande, tras mantener reuniones virtuales con dirigentes cooperativistas.

Las cooperativas eléctricas involucradas en el proceso de regularización financiera son las que prestan el servicio en Villa Gessell, Zárate, Tres Arroyos, Olavarría, Las Flores, Necochea, Pigüé, Pergamino, San Pedro, Colón, Tandil, Chacabuco, Ranchos y Saladillo.

También se reducirán las obligaciones acumuladas por las cooperativas de electricidad de Mariano Moreno, Salto, Azul, Luján, Monte, Ramallo, Puan, Castelli, San Antonio de Areco, Piedritas, Coronel Pringles y Lezama, según informó la Secretaría de Energía.

“El régimen normalizará la cadena de pagos en el Mercado Eléctrico Mayorista, evitará riesgos de desabastecimiento y garantizará el derecho al acceso a la energía eléctrica para los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de Buenos Aires, y también beneficiará a cooperativas, prestadoras públicas y privadas de todo el país”, resaltó Grande.

El procedimiento previsto por la normativa gubernamental establece que la reducción de la deuda de las cooperativas eléctricas bonaerenses tendrá en cuenta el mantenimiento de tarifas congeladas, las medidas dispuestas por esas entidades de la economía social en beneficio de la demanda y sus planes de inversiones para mejorar el servicio.

Tras ese proceso, los compromisos que queden pendientes podrán saldarse con un plan de pagos que prevé un período de gracia de 6 meses, desde la firma del acuerdo respectivo; un plazo de 5 años (60 cuotas mensuales); y una tasa de interés del 50% de la vigente en el mercado eléctrico mayorista.