Un juez de Garantías rechazó ayer miércoles un pedido de excarcelación para un comerciante oriundo de Benito Juárez que está acusado de la comisión de varias estafas con la venta y construcción de viviendas prefabricadas, quien después de haber permanecido prófugo por más de tres años había sido detenido días atrás en Las Flores.

Identificado como Roberto Alejandro Trinchín y de 32 años de edad, el sumario penal por el que ahora se encuentra detenido se está tramitando desde la UFI 2 que en los tribunales de Azul conduce David Carballo.

Luego de que policías hicieran efectiva esta medida cautelar el pasado día 19 del corriente mes, de manera virtual Trinchín había sido indagado por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 2.

En esa audiencia optó por no declarar, acusado de la comisión de nueve hechos configurativos del delito de «estafas reiteradas mediante la suscripción de documento privado».

Juan José Suárez, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 3 con asiento en el Palacio de Justicia de Azul, fue quien se opuso ayer miércoles al otorgamiento de la excarcelación para el encausado, informaron voceros judiciales a EL TIEMPO.

Ese pedido había sido presentado por la abogada que como defensora Particular está representando en esta investigación penal al juarense acusado de estas estafas, llamada Miriam Dora Sosa.

El mismo Juez de Garantías que no dio lugar a la excarcelación de Trinchín fue quien, el 26 de octubre de 2017, había ordenado su detención, la medida que recién pudo hacerse efectiva días atrás en una quinta donde actualmente el encausado se domicilia y está situada en Rosas, en el Partido de Las Flores.

El delito que se le está atribuyendo en carácter de autor al acusado contempla penas de prisión que van desde un mes a seis años. Y el llamado «peligro de fuga» en caso de que el hombre recuperara la libertad se convirtió en la principal circunstancia valorada por el titular de Garantías 3 para rechazar su excarcelación.

Al pronunciarse a favor de la denegatoria del beneficio pretendido para el imputado, el magistrado -además- tuvo en cuenta las características de los hechos materia de esta investigación penal y «el comportamiento antijurídico» demostrado por Trinchín, teniendo en cuenta «la ostensible defraudación generada con notorios perjuicios económicos a diversas personas, adunándosele a esto también la cantidad de injustos reprochados sostenidos en el tiempo y la objetiva gravedad de los mismos», puede leerse en lo dispuesto.

A criterio del Juez de Garantías que entiende en esta causa penal, tales aspectos están todavía dotados de «un escenario propicio para que siga actuando con mayor impunidad en detrimento de los derechos, necesidades e intereses de los propios damnificados, como incluso de otros que eventualmente se crucen en su camino delictual», teniendo así plena vigencia esos «riesgos procesales» a los que Suárez hiciera alusión.

Desde su punto de vista, la medida de coerción para el encausado debe continuar «por existir fácticamente indicios vehementes que indicarían que el imputado Trinchín evidentemente intentará eludir la acción de la justicia».

Como un claro ejemplo de ese razonamiento, el titular de Garantías 3 hizo alusión a esos más de tres años en los que el hombre se mantuvo prófugo de la justicia, «lo que llevó al Ministerio Público Fiscal, luego de reiterados intentos de localizarlo, a tener que insertar su paradero activo ante su falta de arraigo físico en sus ámbitos de residencia familiar y de trabajo conocidos».

«Esa presunción se ve hoy robustecida a partir de que el imputado estuvo prófugo por más de tres años, habiendo sido encontrado por la orden de captura vigente en un procedimiento policial en la ciudad de Las Flores, y no porque el mismo se presentara como debió haber sido en su momento, lo que me lleva a la convicción de que de otorgarse la libertad intentará eludir nuevamente el accionar de la justicia», concluyó el Juez garante en esa resolución donde ayer miércoles ordenó que Trinchín siga detenido.

La detención

El pasado miércoles 19 de mayo el comerciante Roberto Alejandro Trinchín fue localizado en Las Flores, cuando se trasladaba en una camioneta en la que iba acompañado por su padre.

El rodado en el que andaba fue observado por medio de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de esa vecina ciudad. E inmediatamente, al constatar que no era de Las Flores, se convocó a policías de la Comunal para que fueran a identificarlo.

En esas circunstancias, se constataron varias irregularidades que en un principio hicieron que el presunto estafador fuera demorado.

De acuerdo con lo informado, la camioneta registraba un pedido activo de secuestro y estaba asentada en Lomas de Zamora. Además, las chapas patentes que tenía colocadas no se correspondían con las verdaderas del vehículo.

Eso hizo que los policías recogieran la camioneta y que, en un principio, en carácter de demorado el comerciante que la conducía fuera llevado a la Comunal de Las Flores, desde donde luego recuperó la libertad.

Pero horas más tarde, al ser cotejada la identidad de Trinchín vía informática por la Policía, se comprobó que estaba vigente para él aquella orden de detención que en octubre del año 2017 dispusiera por estas estafas el juez de Garantías Juan José Suárez.

De esa manera, una comisión policial de la DDI fue a buscar al encausado a la casa quinta ubicada en Rosas donde actualmente estaba viviendo y se hizo efectiva esta medida cautelar que ahora lo tiene privado de la libertad.

Las estafas que le imputan

Una causa principal y varias otras agregadas a este expediente judicial dan cuenta de los hechos que le están atribuyendo en carácter de autor al juarense que sigue detenido.

Según surge en esas actuaciones llevadas adelante desde la Ayudantía Fiscal con asiento en Benito Juárez que depende de la UFI 2 con sede en los tribunales de Azul, todas esas estafas que le atribuyen a Trinchín sucedieron durante los meses de diciembre de 2015 y enero, febrero, marzo y abril de 2016.

En aquel entonces el encausado figuraba como el titular de una empresa constructora de viviendas prefabricadas, situación a través de la cual suscribió diferentes acuerdos en Benito Juárez con quienes son los damnificados por estas maniobras de defraudación.

En todos esos casos, las personas estafadas pagaron diferentes sumas de dinero al hombre que ahora está detenido, ante la promesa que iban a poder obtener sus casas propias, algo que nunca sucedió.

«Abusando de la confianza en él depositada, simulando una solvencia económica y conocimientos técnicos» -se señala en las actuaciones penales- Trinchín defraudó a esos vecinos juarenses que habían pagado diferentes cantidades de dinero por adelantado para poder tener sus casas.

Mediante ese accionar delictivo, se estima que el encausado logró alzarse con una suma cercana a los 970.000 pesos, tal la totalidad del monto de dinero entregado por quienes figuran como damnificados en esta causa.

En uno de esos casos, además, al imputado le había sido cedida la titularidad de una camioneta Volkswagen Crossfox. Y en otro -según se menciona también en esta Investigación Penal Preparatoria- un cuatriciclo.

De acuerdo con versiones de los damnificados, el hombre promocionaba con avisos en los diarios, a través de la red social Facebook y mediante folletería las construcciones de estas viviendas prefabricadas. También, indicaba que el pago de las mismas se podía financiar en sesenta cuotas y les refería a quienes se contactaban con él que la fábrica que llevaba a cabo estas construcciones la tenía en Las Flores.

El relato de uno de los vecinos perjudicados permitió conocer que un día se había contacto con Trinchín, ocasión en la cual lo encontró «muy golpeado» y el ahora detenido le dijo que eso obedecía a que «lo habían querido secuestrar y asaltar».

En ese entonces el hombre pidió a ese vecino que le diera un tiempo más, ya que su intención era trasladar su empresa con sede en Las Flores a Benito Juárez, con la finalidad de cumplir con las construcciones de esas viviendas que tenía que entregar y varios de los damnificados le venían reclamando.

Después, ese mismo damnificado se enteró -de averiguaciones que hiciera su esposa- que Trinchín también «había estafado a varias familias en Las Flores» del mismo modo que lo hizo con ellos en Benito Juárez.

Un informe incorporado a esta investigación penal, confeccionado desde la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, indica que la empresa que decía tener el encausado para la elaboración de estas viviendas prefabricadas «no cuenta con ningún registro de inscripción ni autorización legal para funcionar dentro del rubro de la construcción».

Fuente: Diario El Tiempo