La causa en su contra tuvo infinitos vericuetos legales, políticos pero también –imposible negarlo- condimentos oscuros en el vasto universo del rumor y de la venta de pescado podrido.

Lo cierto es que la jueza de Garantías de Mar del Plata, Lucrecia Bustos, sobreseyó a su (ex) par Antonio Cayetano Saladino, en la causa por cohecho agravado por la calidad del autor en su contra. En castellano liso y llano: cobro de coimas a partir del lugar de preponderancia que ocupaba en el mundo de la Justicia. Para llegar a este punto debieron transcurrir siete años. Siete larguísimos años. Y el sobreseimiento llegó porque Bustos consideró que la instrucción de los fiscales de Delitos Económicos Complejos de la ciudad balnearia, David Bruna y Javier Pizzo, carecía de solidez y estaba plagada de contradicciones.

Textualmente: «Entiendo que el Ministerio Público no logró trazar una hipótesis acusatoria sólida, determinando con claridad, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que (Marcos) Alonso habría entregado una suma de dinero a Saladino, lo que no tiene otra explicación que el cúmulo de contradicciones descriptas que no lograron ser disipadas durante los siete años que lleva esta investigación».

Subirse a una máquina del tiempo y recorrer hacia atrás esos siete años mencionados lleva a un tiempo y a un lugar en el que la sangre y el misterio salpicaron en demasía. Porque ese raid conduce a un homicidio que marcó a la ciudad, a los tribunales, a los pasillos oficiales, a la policía y a ciertos submundos del delito como ningún otro: el de Marcos Alonso. Abogado penalista acribillado y encontrado tras una búsqueda de adrenalina y horror, maniatado, amordazado y con un billete de dólar con el rostro de George Washington en la boca.

El pedido de elevación a juicio parte de un hecho del que no se mueve ni medio centímetro: que Saladino, en su rol de juez subrogante (durante las vacaciones de Carlos Villamarín), recibió a las 15 del 2 de enero de 2010 «de manos del abogado Marcos Rodrigo Alonso la suma de 10.000 pesos en virtud de un acuerdo previo y con el objeto de que el magistrado resolviera de manera favorable» el cambio de carátula para beneficiar a Walter «el Narigón» Gallastegui en la causa por el ataque con once balazos a Fabricio Armendano.

Para tirar por la borda la investigación, la jueza Bustos describe con lujo de detalles su mirada de lo ocurrido a lo largo de 60 carillas. Allí se pueden leer tramos completos de las declaraciones testimoniales. Y subraya que «gran parte de estos testigos mintieron, falsearon datos y fueron acomodando sus relatos entre sí». Aunque también agrega que «la imputación efectuada se sustenta casi exclusivamente en la versión brindada por la señora Fabiana Márquez, pareja de Marcos Alonso, cuyo relato ha ido fluctuando inexplicablemente a lo largo de la investigación y no permite siquiera precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría efectuado esta supuesta entrega de dinero».

Para pasar en limpio esa parte de la historia, la argumentación de fondo que llevó a impulsar la acusación y el pedido de elevación a juicio, apunta a que:

-14 de noviembre de 2009: Gallastegui atacó a Armendano en un pool del microcentro.

-2 de enero de 2010: se habría producido un pago de 10.000 pesos a Saladino por parte de Alonso en la propia casa del magistrado.

-6 de enero de 2010: Gallastegui se presenta en la fiscalía y luego Marcos Alonso pide un cambio de calificación. Es decir, que la acusación pase de homicidio en tentativa a lesiones graves.

-13 de enero de 2010: Saladino rechaza el cambio. Es decir, en esa línea hipotética, habría incumplido el pacto supuestamente acordado el 2 de enero.

-18 de enero de 2010: Marcos Alonso apela.

-25 de enero de 2010: entre las 13.22 y las 15.30, el penalista es asesinado y su cuerpo es hallado en la madrugada del 26.

La jueza, sin embargo, deja por escrito que durante el juicio por el crimen quedó probado que «el motivo del asesinato no fue el incumplimiento de un pacto espurio con Saladino en perjuicio de Gallastegui sino, por el contrario, un ajuste de cuentas por razones absolutamente diversas que tuvieron que ver con actividades paralelas del letrado y su estrecha relación con personas vinculadas a la comercialización de estupefacientes». Y luego argumenta que «no puede pasar inadvertido que el círculo íntimo del doctor Alonso desde un inicio buscó correr el foco de atención, lo que quedó demostrado con las escuchas».

A través de las 60 carillas del escrito se deja en claro que en las declaraciones de algunos testigos hubo contradicciones, ciertos cambios de fechas, horarios, nombres, participantes y montos. Pero además remarca la magistrada que hubo funcionarios que «se hicieron eco de comentarios de pasillo».

En la causa en la que Saladino acaba de ser sobreseído en primera instancia, se juzga un delito que, según el Código Penal, tiene una pena de 4 a 12 años de cárcel, y no una cuestión del orden de lo ético. Con lo cual la jueza Bustos advierte en la página 54 que «si bien es innegable que Saladino tenía un vínculo sumamente estrecho con Marcos Alonso y su conducta merece reproches desde lo funcional» (lo que derivó en su destitución) no implica que esté probada la entrega de dinero. «El intercambio de mails entre el letrado y el imputado existió y resulta a todas luces censurable pero no prueba que obedeciera a un acuerdo previo. Cuando Saladino envía el primer mail al letrado, la resolución ya estaba dictada y había sido contraria a sus intereses», se lee en la resolución.

Pero además Bustos cree imposible «la existencia de un acuerdo monetario previo para resolver favorablemente un cambio de calificación y excarcelación» en la causa contra Gallastegui por la sencilla razón de que tenía antecedentes de peso y claramente podía ser declarado «reincidente». Es decir, por más dinero de por medio, era impensable que «recuperase su libertad». Con ninguna de las dos carátulas.

Siete años después del crimen de Marcos Alonso, quedan tres o cuatro certezas y un enorme cúmulo de interrogantes:

-Hay solo dos detenidos por el homicidio, que nada tienen que ver con la tesitura Gallastegui.

-Las causas laterales que debieron avanzar en líneas destinadas a descubrir los autores intelectuales siguen varadas en la nada.

-Saladino fue sobreseído (al menos, en primera instancia) pero ya hace rato que fue destituido como magistrado.

-En la causa Marcos Alonso, hay más dudas que verdades.

-Y por último, pero no menos importante porque ahí el bolsillo de la ciudadanía quedará una vez más afectado, si la resolución de la jueza Bustos queda firme, Saladino irá con toda su artillería contra el Estado provincial. Cuestión que ya fue adelantada, en más de una ocasión, con el abogado César Sivo, patrocinante del ex juez de Garantías de Olavarría.

Por Claudia Rafael | [email protected]