Provincial

Crece la preocupación por el nuevo aumento de la luz, que se definirá en febrero

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La política tarifaria adoptada por los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri llevó al límite de la supervivencia a las familias, y, con ellas, puso en verdaderos aprietos a los municipios que brindan asistencia. Ese análisis se desprende -o, mejor, va de la mano- con la preocupación que los alcaldes del peronismo -no atados a la “obediencia debida” de Cambiemos- expresaron en las últimas horas.

El desencadenante es la noticia de que la luz está a las puertas de experimentar un salto drástico en los próximos días. Se prevé que el Gobierno bonaerense autorice a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDES y EDEN -y a las 200 cooperativas que funcionan en Buenos Aires- a aumentar hasta el 50 por ciento desde febrero, el momento indicado por María Eugenia Vidal para dar a conocer la estrategia electoral del oficialismo, que se llevará minutos de aire y páginas de diarios.

La suba está explicada por la falta de actualización del Valor Agregado de Distribución y por el aumento de la energía decretado desde Nación. En la Provincia juran que la suba estará por debajo de la inflación de 2018. Lo que no dicen es que son cifras muy similares, y tampoco que a la suba de febrero le deberían llegar “ajustes” de 10 por ciento en mayo y 20 por ciento en agosto.

Los datos duros, revelados por un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, revelan que en Buenos Aires, el 26 por ciento del salario mínimo se destina al pago de servicios públicos. En redondo es uno de cada cuatro pesos que ingresan a una familia que vive con lo justo. El mismo informe explica que la electricidad, por ejemplo, se encareció un 2.300 por ciento en tres años.

Los otros servicios se encarecieron menos, pero más que el salario. En gas el aumento ya lleva acumulado un 1752%, en agua alcanzó el 655%, en colectivos urbanos 329%, los trenes aumentaron 401%. El problema es que van a seguir en esa tendencia y en proporciones nada razonables.

Esta situación pone en jaque a los vecinos y a los intendentes que prestan asistencia para pagar las boletas. Algunos de ellos cuentan con angustia que sostienen con 800 pesos a grupos familiares y que ese dinero se va directo al bolsillo de los dueños de la energía. Y ven con preocupación que, con el próximo aumento no alcanzará ni para un aporte de esa modestia.

Los municipios se hacen cargo, por transferencia de obligaciones ordenada desde Nación, de la tarifa social. Eso implica enormes erogaciones para las arcas comunales, golpeadas por la quita del Fondo Sojero y por la imposibilidad de subir en la misma proporción sus contribuciones. Se sabe: la Tasa SUM -el viejo ABL- es lo primero que se deja de pagar en épocas de vacas flacas. ¿Cómo afrontarán estas nuevas obligaciones?

Pero hay más actores en el escenario, con intereses que defender, y que también están perdiendo por goleada contra los dueños del sector energético, que parecen actuar en connivencia con las más altas esferas de Cambiemos.

Esto se produce en un contexto en el que la demanda de la energía cae drásticamente producto del parate industrial -se registran caídas de la demanda de hasta 70 por ciento en distritos industriales de la Provincia-, y el aumento de la morosidad, las intimaciones y los avisos de corte se disparan de manera exponencial.

Otra parte del asunto a la que no se presta atención es qué pasa con el dinero que están percibiendo las distribuidoras que sostienen, una puja salarial con sus trabajadores jerárquicos que puede derivar en un paro general del sector el próximo 16 de enero. Los grandes jugadores, como EDENOR Y EDESUR, acordaron pautas salariales modestas con gremios “disciplinados”, pero no logran cerrar con los más duros.

La APSEE -Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía-, que conduce Carlos Minucci, se enrola entre los últimos. Ese es el espacio que promueve la huelga del 16. Minucci se esforzó en aclarar durante una conversación con este portal que las empresas no muestran interés en acordar salarios y que ponen a los gremios entre la espada y la pared: si acuerdan, perjudican a sus afiliados, si profundizan medidas de acción, pueden ser usados como chivos expiatorios ante los recurrentes cortes.

Minucci dejó una interesante reflexión durante su exposición: “Aumentaron las tarifas, está claro que no invirtieron en infraestructura y que no quieren pagar salarios, ¿qué están haciendo con la plata?”, se preguntó.

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