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El Gobierno extendió los créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos

Se decidió en una reunión del Gabinete Económico en la Casa de Rosada. El beneficio alcanza también al sector cultural. Más de 135 mil empresas se inscribieron para la sexta etapa del programa ATP.

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El Gabinete Económico se reunió hoy en Casa Rosada.

El Gobierno resolvió la extensión de los créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos hasta el 31 de octubre, y lo mismo ocurrirá para la misma línea destinada al sector de cultura pero con vigencia hasta el 31 de diciembre, de acuerdo a lo que se definió en el encuentro del Gabinete Económico.

La reunión que encabezó en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también permitió repasar que en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) se inscribieron hasta el momento 135.758 empresas para ser alcanzadas por el beneficio en la sexta ronda que se hará efectiva en octubre.

De la reunión tomaron parte los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

El habitual encuentro de funcionarios del Gabinete Económico, que se realizó en el Salón de los Científicos de la sede gubernamental, resolvió la extensión de los créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos hasta el 31 de octubre próximo, se informó oficialmente esta tarde.

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Estos préstamos permitieron asistir a más de 640.000 trabajadores independientes por un monto total mayor a $68.600 millones.

En la reunión también se resolvió la continuidad hasta el 31 de diciembre de este año de los créditos a tasa 0 destinados al sector de cultura, particularmente afectado por las medidas de aislamiento y distanciamiento social.

Con respecto al programa ATP, la AFIP informó que 135.758 empresas se inscribieron hasta el momento en la sexta ronda del programa, lo que representa un universo de 1.524.423 trabajadores.

También se ratificó que la inscripción para el ATP 6 continuará abierta hasta el viernes 2 de octubre.

Del total de empresas que han solicitado la asistencia, se registraron 83.729 con facturación negativa con una nómina de trabajadores de 1.014.383, en tanto, las que ya registran variaciones nominales positivas en la facturación y han aplicado al crédito para pago de salarios son 29.864, con un universo de empleados de 310.484.

También se subrayó que el Estado argentino lleva invertidos cerca de $ 194.000 millones en el ATP para sostener los puestos de trabajo del sector privado.

El programa de asistencia prevé que aquellos empleadores con una variación nominal negativa en su facturación entre agosto de 2020 y de 2019 accedan al salario complementario, equivalente al 50% del salario neto.

Por su parte, las firmas que presenten una variación nominal positiva en su facturación de entre 0% y 40% podrán solicitar un crédito a tasa subsidiada, cuya tasa de interés será en todos los casos del 15%.

A fines de la semana pasada, el Gobierno declaró 15 nuevos sectores como críticos, y los incluyó en el Programa ATP.

Asimismo, se adoptaron las recomendaciones del Acta 21 del Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP, que destacó la necesidad de incrementar el actual piso de un salario mínimo, vital y móvil (SMVM), equivalente a $ 16.875; a 1,25 SMVM, es decir, $ 21.093,75; para otorgar el beneficio de salario complementario.

Programa Igualar
En esta reunión del Gabinete Económico se contó con la presencia de la ministra Gómez Alcorta, que expuso los contenidos del Programa Nacional “Igualar”, cuyo objetivo central es avanzar en la igualdad de género en el mundo del trabajo y la producción.

Gómez Alcorta, en la reunión del Gabinete Económico

Las distintas iniciativas del programa están diseñadas para poder colaborar con las empresas, el sector público, los sindicatos y la economía popular para poder incrementar la participación de las mujeres y personas LGBTI+ en el mundo del trabajo en condiciones de igualdad.

Al respecto, Gómez Alcorta subrayó la importancia que tiene el programa, ya que “trabaja centralmente para generar políticas que achiquen las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo, el empleo y la producción”.

La funcionaria explicó que “hay desigualdades en términos del acceso al mundo del trabajo y las mujeres somos las más desempleadas, las más precarizadas” y detalló que se trabaja con todos los ministerios “para que las políticas de salida de la pandemia tengan perspectiva de género”.

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El presidente Alberto Fernández recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V

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El presidente Alberto Fernández recibió esta mañana en el Hospital Posadas la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. La vacuna fue aplicada en su brazo izquierdo por Marcela Yanni, licenciada en enfermería.

El mandatario nacional reafirmó la seguridad y eficacia de la vacuna y reiteró que su prioridad es que llegue a la mayoría de los argentinos en el menor tiempo posible.

En ese marco, el Jefe de Estado indicó que quiere contar con todas las vacunas que estén a disposición y destacó el trabajo realizado para lograr la aprobación que finalmente ANMAT dio ayer a la vacuna Sputnik V para los mayores de 60 años. 

Fernández también agradeció al personal de salud por su lucha contra la pandemia y a quienes están involucrados en el desarrollo y distribución de la vacuna.

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Prorrogan la prohibición de despedir empleados y el pago de la doble indemnización

La medida será por 90 días y fue resuelta por la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus”.

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Las empresas privadas no podrán despedir empleados sin causa justa

El Gobierno nacional decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales.

Los portavoces dijeron a Télam que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente.

“La medida va a oficializarse en breve”, señalaron a Télam fuentes oficiales, en referencia a una pronta publicación de la prórroga en el Boletín Oficial.

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Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.

El primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre.

La medida fue resuelta por la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar” la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el Decreto 891/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero próximo, por lo que el Gobierno decidió prorrogar la medida durante la reunión de Gabinete Económico que se realizó hoy.

“La pandemia de Covid-19 ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se entiende necesario y conveniente -más allá de las particularidades de cada región-, prorrogar la normativa existente respecto de la prohibición de despidos”, había expresado el Gobierno en esa última prórroga.

La prohibición de despidos fue ordenada inicialmente el 31 de marzo último, por medio del DNU 329/2020, en la primera etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia.

El Gobierno fundamentó entonces la prórroga de la prohibición de efectuar despidos en la puesta en marcha de una “serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia”.

Entre esas medidas el Gobierno incluyó la “postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios”.

También mencionó las “garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES)”.

Asimismo, el Gobierno consideró “indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar”.

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El Gobierno reglamentó la Ley de Teletrabajo: claves, detalles y cuándo comienza a regir

La ley entrará en vigor recién 90 días después de que el Ministerio fije la fecha del inicio del régimen de transitoriedad.

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Por medio del decreto 27/2021 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno de Alberto Fernández reglamentó parcialmente la Ley de Teletrabajo. Muy resistida por el sector empresarial, la iniciativa busca brindar un marco de protección a los miles de trabajadores que a partir de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus Covid-19 comenzaron el año pasado a desarrollar sus actividades de manera remota desde sus hogares.

En su primer artículo se aclara que las disposiciones de esta ley “no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular, o en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional”.

El decreto, que lleva las firmas del Presidente; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni dejó sin reglamentar los artículos 2, 3 y 4 que contemplan al contrato de teletrabajo, los derechos y obligaciones y la jornada laboral.

En cuanto al derecho a la desconexión digital, en el artículo 5 el Gobierno aclaró que “cuando la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada”.

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El empleador no podrá además establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión mientras que “los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos”.

En cuanto a las tareas de cuidado en su hogar que deba realizar el teletrabajador, se aclaró que el trabajador “que ejerza el derecho a interrumpir la tarea por razones de cuidado deberá comunicar en forma virtual y con precisión el momento en que comienza la inactividad y cuando esta finaliza. En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva”.

Tampoco en este caso el empleador podrá establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a interrumpir la tarea por razones de cuidado y “los empleadores y las empleadoras y los trabajadores y las trabajadoras deberán velar por un uso equitativo, en términos de género, de las medidas dispuestas en este artículo, promoviendo la participación de los varones en las tareas de cuidado”.

Uno de los puntos de la ley que más inquietó al sector empresarial fue el de la reversabilidad de la modalidad de teletrabajo ante el pedido del trabajador. El Gobierno dispuso en la reglamentación de este punto que una vez “recibida la solicitud de la persona que trabaja, con la sola invocación de una motivación razonable y sobreviniente, el empleador o la empleadora deberá cumplir con su obligación en el menor plazo que permita la situación del o de los establecimientos al momento del pedido. En ningún caso dicho plazo podrá ser superior a 30 días. A los efectos de evaluar la imposibilidad de cumplir con esta obligación se tendrá especialmente en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que se dispuso el cambio de la modalidad presencial hacia la modalidad de teletrabajo”.

En tanto aquellos trabajadores que “hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los Convenios Colectivos del Trabajo o en los contratos individuales”.

En sus artículos 9 y 10 el decreto aclara que la provisión de elementos de trabajo no es remuneratoria así como tampoco lo es la compensación de gastos, “aún sin comprobantes”. De esta manera, estas cuestiones “no integran la base retributiva para el cómputo de ningún rubro emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad social”.

Además, en ambos casos, siempre y cuando la relación entre ambas partes “no se encuentre abarcada en el ámbito de aplicación de una convención colectiva”, puedan acordar entre ellas las pautas para su determinación.

La ley preveía su entrada en vigencia 90 días después de la finalización del período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno el 20 de marzo pasado la pandemia. En el actual contexto epidemiológico, en etapa de distanciamiento social, según la reglamentación publicada hoy en el Boletín Oficial será el Ministerio de Trabajo el que dicte una resolución fijando la fecha de inicio del cómputo de los 90 días indicados para que comience a regir la ley.

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