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Se reglamentó la ley de Góndolas para diversificar la oferta y permitir más presencia de PyMes en supermercados

Así lo indica el decreto 991/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial. La Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo será la autoridad de aplicación de la ley.

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El gobierno nacional oficializó hoy la reglametación de la Ley de Góndolas(27.545) para propiciar una mayor oferta de productos en las grandes cadenas de supermercados, tanto física como virtualmente, y posibilitará que las PyMEs, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar tengan un “trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas”.

Así lo indica el decreto 991/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial, en el cual se establece que la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo será la autoridad de aplicación de la ley y determina que en un plazo máximo de 90 días elabore las resoluciones complementarias.

En ese sentido, la Secretaría de Comercio Interior deberá elaborar un listado actualizado con la totalidad de los productos alcanzados por la ley, agrupados por categorías de acuerdo a los diversos formatos de espacios de ventas. Este listado será publicado y actualizado en la web de la Secretaría de Comercio para que pueda ser consultado libremente.

La Secretaría también dispondrá los requisitos de señalización de los congeladores exclusivos o los exhibidores patrocinados para que estén claramente identificados y diferenciados de las góndolas o locaciones virtuales, para prevenir la confusión de las y los consumidores. Además, podrá fijar un porcentaje máximo de ese tipo de exhibidores en relación con las góndolas para evitar una sobre presentación de algunos productos.

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La Ley de Góndolas, sancionada por el Congreso el 28 de febrero de 2020, establece un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor; y exige que haya al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios.

También que las micro y pequeñas empresas cuenten al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos; y que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular tengan al menos un 5% de espacio. La Secretaría de Comercio Interior podrá fijar un porcentaje máximo de espacio de venta para los productos importados por cada categoría.

Asimismo, aquellos productos que se comercialicen bajo un programa acordado con el Estado, como por ejemplo Precios Cuidados, tendrán criterios específicos de exhibición que deberá elaborar la Secretaría de Comercio Interior.

Respecto de los plazos de pago, la ley otorga un máximo de 60 días para que los grandes supermercados abonen a las micro y pequeñas empresas y de 40 días cuando se trate de emprendimiento de la economía campesina, agricultura familiar, cooperativas y mutuales.

En ese sentido, la reglamentación establece que esas condiciones deberán acordarse por escrito entre las partes y computarse a partir de la entrega de la mercadería por parte del proveedor o de la proveedora.

Además, no se podrán establecer plazos y modalidades de pago preferenciales, con fines exclusorios o inequitativos entre los distintos proveedores o las distintas proveedoras. También, se exige el trato igualitario en las condiciones en los descuentos, bonificaciones, reposición, transporte, abastecimiento, logística y devoluciones.

Productos regionales

Asimismo, para garantizar la promoción de productos regionales, Comercio fijará las condiciones de contratación, distribución y comercialización de estos bienes entre los supermercados, hipermercados, autoservicios, cadenas minoristas, tiendas y centros de compras que facturen por encima de los límites de las MiPyMEs, cifra que hoy es de $2.602,5 millones anuales.

Los artículos PyMES estarán exhibidos con la leyenda “Compre Mipyme” destacado en las góndolas, según establece el artículo 10 de la Ley, para productos nacionales de micro y pequeñas empresas, agricultura familiar, campesina, cooperativas y mutuales.

La actividad comercial estará regida por el Código de Buenas Prácticas de cumplimiento obligatorio para las grandes cadenas de supermercados y de adhesión voluntaria para los sujetos que no están alcanzados por la Ley, según el artículo 11 de la reglamentación.

Los supermercados podrán ser relevados del cumplimiento de la norma en los supuestos en que se acredite fehacientemente la falta del número mínimo de proveedores o la insuficiencia de producción entre oferentes de micro y pequeñas empresas de una determinada categoría de productos y zona geográfica, según establece el artículo 13.

Para llevar adelante el control de los proveedores se creará el Registro Nacional de Proveedores, en colaboración con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, para permitir monitorear el universo de proveedores para garantizar su acceso a las góndolas de las cadenas de comercialización.

Código de Buenas Prácticas

La Secretaría de Comercio Interior también podrá solicitar la información necesaria, que será confidencial, para determinar posibles infracciones al Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución o requerimientos del Observatorio de la Cadena de Valor.

Además, podrá autorizar, en forma excepcional, a los comercios que no hubieren realizado las modificaciones en el plazo estipulado en el artículo 16 de la Ley Nº 27.545 para que, en 90 días corridos, implementen los recaudos necesarios para cumplir con la Ley. Al mismo tiempo, establecerá el modo de participación de las organizaciones de Defensa del Consumidor en los procedimientos sancionatorios.

También, tendrá bajo su órbita la creación de un Reglamento de Inspecciones que contemplará un registro de colaboradores “ad honorem”, para que los integrantes de la cadena y las asociaciones de consumidores cooperen en un control transparente de la Ley.

Asimismo, presidirá el Observatorio de la Cadena de la Valor que tendrá amplia participación de todos los sectores involucrados así como de las asociaciones de consumidores y consumidoras.

Las consumidoras y los consumidores dispondrán de un enlace virtual de fácil acceso para denunciar infracciones a la Ley de Góndolas.

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Anses pagará un bono de $8500 a jóvenes: cómo anotarse

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La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, Laura Alonso, firmaron un convenio para colaborar en la implementación de Potenciar Inclusión Joven, un programa que impulsa proyectos productivos, laborales y comunitarios en los que que participen jóvenes de entre 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad.

Según indicaron fuentes oficiales, los proyectos deberán ser presentados por organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas que tengan congruencia con los objetivos del programa. Se les asignará un incentivo económico de $8500 mensuales a cada participante del proyecto presentado y financiado, los cuales podrán tener hasta 12 meses de duración. Los cupos son limitados ya que, en esta primera etapa, el objetivo del programa es alcanzar a 100 mil jóvenes de todo el país.

Cómo inscribirse

El Ministerio de Desarrollo Social será el responsable del otorgamiento, la administración gestión de las prestaciones. La Anses, por su parte, realizará cruces informáticos utilizando la información en sus propias bases de datos y se encargará del pago. Los interesados en inscribirse deberán enviar un correo electrónico [email protected]. Si la solicitud es aprobada luego del cruce de datos, el interesado tendrá que dirigirse a alguna de las organizaciones que hayan presentado proyectos para trabajar con jóvenes vulnerables.

Para la tramitación de este tipo de beneficios es fundamental confirmar los datos personales que Anses tiene sobre cada interesado. Esto se realiza en la aplicación “Mi Anses” dentro de la web del organismo. Allí se accede con CUIT Clave de la Seguridad Social. Para modificaciones de domicilio o vías de contacto, también se puede llamar al 130.

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En ese sentido, Alonso manifestó: “Potenciar Inclusión Joven es un programa que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social para promover iniciativas de diversos temas que convoquen a las y los jóvenes de todo el país. El programa financiará el desarrollo de estos proyectos y otorgará una beca de $8500 para los jóvenes participantes, que se pagará a través de Anses. Es un gran paso que estamos dando en el enorme desafío de restituir derechos y construir el futuro que nos merecemos”, explicó Alonso durante el acto.

Durante la actividad donde presentaron esta nueva asignación, las funcionarias estuvieron acompañadas por más de 60 jóvenes de los partidos bonaerenses de San Isidro y La Matanza. En este marco, Raverta expresó: “Los jóvenes son el motor para poner a la Argentina de pie. Tenemos que estar juntos para que la comunidad se organice y salga adelante; necesitamos de su compromiso para dar lo mejor ya que nadie se salva solo, sino con un Estado presente que acompaña y genera las condiciones de igualdad de oportunidades para que todos los sueños puedan ser cumplidos”.

¿Puedo inscribirme si cobro AUH o Becas Progresar?

Sí. El programa será compatible con otras prestaciones sociales que abona Anses, entre ellas:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE)
  • Becas Progresar.
  • Pensiones por Discapacidad.
  • Tarjeta Alimentar.
  • Titulares del monotributo social o autónomo (categoría A),
  • Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE).
  • Prestación por desempleo.

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Massa: “El proyecto de Ganancias genera un alivio fiscal para los trabajadores y les permite recuperar salario”

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El presidente de Diputados, Sergio Massa, recorrió junto al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y al titular del BICE, José De Mendiguren, la fábrica de cerámicas Alberdi, que cuenta con el apoyo de esa entidad financiera para invertir, aumentar su capacidad productiva y crear nuevos empleos. “Esto es el símbolo de que el Estado, de la mano con empresarios y trabajadores, construyen la reactivación de la argentina “, remarcó Massa.

En José C. Paz, Sergio Massa, Mario Ishii y José De Mendiguren realizaron una recorrida por la pyme de cerámicos Alberdi, que recientemente anunció una inversión para ampliar su producción en un 30%, en parte gracias al apoyo de un crédito a largo plazo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Esta iniciativa le permitirá a las empresas generar 30 puestos de trabajo e incrementar sus capacidades de exportación.

“Entendiendo que la suma de empresarios, trabajadores y Estado es la que va a hacer crecer a la Argentina, es que hoy en José C. Paz, y a lo largo de toda la Argentina, venimos con el presidente planteando la reactivación y la puesta de pie de nuestro país en ese abrazo virtuoso de estos tres sectores”, señaló Massa durante el encuentro.

En esta línea, el titular de la Cámara de Diputados destacó que el proyecto del oficialismo “generará un alivio fiscal para los trabajadores y les permitirá recuperar salario”. Y además indicó que en José C. Paz “la ley hará que 9 mil de los 11 mil trabajadores que hoy pagan el impuesto dejen de hacerlo”.

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Por su parte, De Mendiguren resaltó que el BICE “es una herramienta que contribuye a la reconstrucción de las pymes, la industria y de las capacidades exportadoras del país”. “El financiamiento busca que la inversión se pague a sí misma. Cada vez son más las empresas que invierten en proyectos que aumentan la producción y el empleo”, expresó el titular del BICE.

Cerámica Alberdi fue fundada en 1907, funciona 100% con capitales nacionales y pertenece al grupo de compañías industriales que ha superado el siglo de historia.

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Educación denuncia ante la Oficina Anticorrupción irregularidades por U$S 62.000.000 durante el Gobierno de Cambiemos

Irregularidades y fracaso del plan 3000 jardines de la gestión de Macri

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Se trata de una denuncia efectuada por el Ministerio de Educación de la Nación antela Oficina Anticorrupción (OA) “por una serie de hechos irregulares que podríanresultar constitutivos de un delito, y sobre lo que en definitiva deberá expedirse laJusticia”, explicó el ministro Nicolás Trotta. Se trata de fondos por U$S 61.920.462 destinados al denominado Programa 3000 jardines.

El Ministerio de Educación de la Nación realizó en el día de hoy una presentaciónante la OA para promover una investigación en relación a transferencias de recursosestatales por 62 millones de dólares en el marco del Programa denominado 3000jardines impulsado en 2016 por el gobierno macrista.

De los 3000 jardines de infantes previstos sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107. La información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, corresponde a irregularidades en 4 licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido, evidenciándose una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas.

El 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a LaUTE BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L – ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L apesar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba queno tenía la capacidad operativa para absorber las obras.

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Habiendo recibido transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre untotal de U$S 92.357.315 que abarcaban los 4 contratos, ninguna de las 93 obras fuefinalizada y por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueronrescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance, 19registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocían apenas un avanceinferior al 20%. A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avancede estado promedio era del 11%.

Es decir, el monto total de los contratos superaba los 90 millones de dólares, y sedesembolsaron 62 millones de dólares a lo largo del tiempo, lo que equivale, a lafecha, a casi 6000 millones de pesos. Más allá del bajo rendimiento de su labor,la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendotransferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018.

Las irregularidades detectadas incluían abandono de las obras, deterioro de loconstruido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercosperimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia y responsables de obra en lamayoría de los casos con la consecuente pérdida de patrimonio para el Estado.

Otro dato llamativo se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte delEstado nacional: el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como elequivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circularaclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra,anticipos sin tope a solicitud de la UTE.

Las multas por incumplimiento, calculado a fines del mes de julio de 2018, ascendíaa $78 millones pero más allá de los informes confeccionados al respecto no existióacto administrativo posterior para aplicarlas. Sólo se aplicaron por aproximadamente$7 millones.

“Cuando asumimos la gestión tomamos conocimiento a través de la SIGEN de presuntas irregularidades en la ejecución de las obras. Nos dimos a la tarea de rastrear y analizar más de 480 expedientes administrativos. Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, explicó Trotta.

“Además de poner a disposición la documentación correspondiente para verificar si se cometió algún ilícito en perjuicio del patrimonio del Estado, cuyo encuadre y tipos penales deberá determinar la Justicia, nos propusimos remediar la situación dado que representa un ataque directo a la vulneración del derecho a la educación para nuestras niñas y niños en todo el territorio nacional por lo que hemos avanzado en la conclusión de muchas de esas obras. A la fecha en nuestra gestión se han finalizado 19 de los jardines de infantes abandonados, 40 se encuentran en ejecución, 20 en proceso licitatorio, 11 en elaboración de proyecto ejecutivo y tres fueron sustituidas”.

El fracaso del plan 3000 jardines se explica también en tanto dejó de lado la experiencia de décadas en materia de infraestructura escolar, se empleó un sistema constructivo industrializado ajeno a la mayoría de las realidades locales, se emplearon tecnologías constructivas con materiales importados concentrados en pocas manos, se armaron paquetes de obras que dejaron sin posibilidad de participación a las PyMEs constructoras locales y se adjudicaron en muchos casos a empresas, como estas, sin capacidad para su ejecución.

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