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Capital Federal

El Gobierno nacional denunció a Macri y exfuncionarios por el envío de material bélico a Bolivia

La presentación lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

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El Gobierno boliviano confirmó el envío de armas durante el gobierno de Mauricio Macri.

El Gobierno Nacional denunció este lunes al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de “material represivo” a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

La denuncia, a la que accedió Télam, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

La presentación realizada ante la justicia federal denuncia “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

Los funcionarios del gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.

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“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, se indicó en la denuncia.

El envío
El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y “Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)”, según la presentación judicial.

La denuncia señala, además, a “Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)”.

Los argumentos
En base a la información recolectada hasta el momento, “se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”, se indicó en la denuncia.

La denuncia de Bolivia
Los hechos salieron a la luz cuando la embajada argentina en Bolivia descubrió una misiva del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.

La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron a una serie de investigaciones administrativas por parte del Gobierno Nacional, a través de las cuales se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material.

El texto
De acuerdo a la denuncia a la que accedió Télam, el envío “se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina” y el material se desvió “hacia las fuerzas armadas bolivianas”.

“La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata”, señalaron los funcionarios que firmaron la denuncia.

“No se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano. Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas”, enfatizaron.

La denuncia, que será sorteada mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, incluye 14 documentos oficiales certificados y sugiere al menos 8 medidas de prueba para el inicio de la investigación. (Télam)

Capital Federal

El Gobierno puso en marcha el programa Registradas que busca reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares

El Gobierno nacional puso en marcha el programa Registradas (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social), que tiene como objetivo reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y contempla el pago por parte del Estado nacional de hasta el 50 por ciento de los sueldos de las nuevas incorporaciones durante seis meses.

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El anuncio se realizó luego de una reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández en su despacho de la Casa Rosada con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El programa Registradas -cuya inscripción permanecerá abierta durante octubre, noviembre y diciembre- consiste en la transferencia por parte del Estado nacional de una suma por mes equivalente al 50 o 30 por ciento de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa. Será por un monto de hasta 15.000 pesos, y tendrá una vigencia de seis meses desde el momento del alta de la trabajadora.

“Registradas es un programa fundamental para la reactivación de la economía y para contribuir a dejar atrás los grandes desafíos que la pandemia impuso. Las mujeres son las más afectadas por las crisis, las últimas en conseguir trabajo y las primeras en acceder a empleos informales y en malas condiciones”, afirmó Gómez Alcorta durante la presentación y agregó: “Este programa es una herramienta muy potente para garantizar igualdad, ampliar derechos y para mejorar las condiciones de vida de un sector altamente feminizado, precarizado e invisibilizado por mucho tiempo”.

El ministro Guzmán explicó que “la pandemia ha sido desigualadora en todo el mundo, y ha afectado especialmente a la situación económica de las mujeres. El rol activo del Estado es fundamental para atacar estas desigualdades y el esquema de políticas públicas que venimos adoptando tiene como una de sus bases esa premisa”.

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Seguidamente, Moroni expresó: “El trabajo en casas particulares es el empleo con mayor tasa de participación de mujeres de todo el mercado laboral en argentina, permite que otros y otras integrantes de la familia puedan salir a trabajar, ya que no sólo incluye tareas de limpieza, sino también de cuidados de personas. Con lo cual, esta es una medida que impacta en un sentido doble en la generación de empleo y en la inclusión laboral de las mujeres”.

A su turno, Marcó del Pont dijo que se trata al mismo tiempo de “una política de ingresos, de formalización y de bancarización e inclusión financiera” ya que “automáticamente una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo el Banco Nación le va dar una tarjeta de crédito que va a tener un límite que se va a similar a un Salario Mínimo Vital y Móvil de hasta 32 mil pesos”.

“Es parte de una política para generar una mejor distribución del ingreso, y mayor equidad”, enfatizó la titular de la AFIP.

Para poder acceder a la política, la parte empleadora deberá percibir ingresos mensuales inferiores al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, y será la responsable de afrontar el porcentaje restante del sueldo, los aportes, las contribuciones y de la cuota de la ART de la trabajadora inscripta o del trabajador inscripto.

La iniciativa busca reducir la informalidad del sector, garantizar la permanencia en un empleo registrado y promover la bancarización.

En el caso de la trabajadora deberá trabajar como mínimo 12 horas semanales, podrá estar inscripta únicamente bajo la nómina de un empleador o empleadora.

Además, al acceder al Programa podrá continuar siendo beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, el Plan Progresar, y de Potenciar Trabajo, entre otras políticas.

La medida se aplicará a aquellas relaciones laborales nuevas con personal de casas particulares, y el empleador o empleadora deberá mantener el puesto de trabajo los cuatro meses posteriores a la finalización del beneficio.

Sobre su implementación

Cuando el empleador o empleadora dé el alta a la nueva trabajadora en la AFIP, el Estado creará una cuenta sueldo en el Banco de la Nación Argentina para ella y transferirá allí, de manera mensual, un porcentaje del salario neto declarado (30 o 50 por ciento según corresponda), por un monto de hasta 15.000 mensuales.

El porcentaje del sueldo que paga el Estado dependerá del ingreso mensual de las y los empleadores.
Será un 50 por ciento de la remuneración neta mensual mínima cuando la parte empleadora tengan un ingreso bruto mensual inferior al 70 por ciento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (que actualmente es de 117.374).

En cambio, será de un 30 por ciento, cuando la parte empleadora cuente con un ingreso bruto mensual que esté comprendido entre el 70 y el 100 por ciento del mínimo no imponible.

Además, para poder solicitarlo, durante los 12 meses anteriores a la entrada en vigencia del decreto, el empleador o empleadora debe haber percibido en promedio mensual ingresos brutos de cualquier naturaleza iguales o inferiores al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, es decir 175 mil pesos.

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Elecciones 2021: cuándo y cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados

Las autoridades de mesa que hayan participado en las PASO y en estén en las elecciones generales de noviembre podrían cobrar hasta 8 mil pesos.

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La Cámara Nacional Electoral informó que en el plazo de 60 días de finalizadas las PASO las autoridades de mesa y los delegados cobrarán por haber participado de las elecciones 2021.

Cuánto cobrarán

Según lo establece la Resolución 108/2021 publicada en el Boletín Oficial, quienes formen parte del operativo electoral recibirán una determinada suma de dinero de acuerdo a la función que cumplan en los días previos o el domingo de la votación.

“Fíjase en $2500 por elección, la suma que percibirán, en concepto de viático, los ciudadanos y las ciudadanas que se desempeñen como autoridades de mesa, y cumplan efectivamente tal función, en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y en las elecciones nacionales a celebrarse durante el año 2021”, indica el primer artículo de la normativa.

Por su parte, quienes se hayan desempeñado en tareas de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral en los días previos a la votación, recibirán $1500 en concepto de viáticos.

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Además, los delegados y delegadas en los locales de votación, que cumplan efectivamente tal función, tanto en las PASO como en las elecciones generales recibirán $4500 por cada votación, siempre en concepto de viáticos.

La resolución señala que los delegados y las delegadas judiciales que cumplan con “la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) o en los sistemas que se implementen por la justicia electoral de distrito”, recibirán de $1700 por elección.

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Capital Federal

ANSES trabaja en un proyecto de jubilación para hombres de más de 60 años y mujeres de más de 55

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten cinco años o menos para cumplir la edad jubilatoria.

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La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, anunció en la Televisión Pública que el Gobierno nacional está trabajando en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada.

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria -entre 55 y 60 años las mujeres y entre 60 y 65 los varones-.

Según estimaciones de la ANSES, la medida alcanzará en una primera instancia a una población aproximada de entre 20 mil y 30 mil personas, de las cuales el 90 por ciento son hombres. Al respecto, Raverta afirmó: “Estamos construyendo una política que da respuesta a un problema que tenemos las argentinas y argentinos: hay personas que trabajaron toda su vida, que tienen sus 30 años de aportes y que, en los últimos años del gobierno anterior o incluso en la pandemia, perdieron su trabajo, no se pueden jubilar todavía y por su edad tienen una enorme dificultad para reincorporarse al mercado formal de trabajo”.

En este sentido, Ravertadestacó que “estamos terminando de estudiar los detalles, para que sea una medida seria y para que podamos ofrecer, una vez más, una solución a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”.

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