A través de un Decreto del Poder Ejecutivo se dispondrán desde suspensión de intimaciones hasta beneficios fiscales para la venta forzosa de vientres.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que con el fin de acompañar a las y los productores afectados por la sequía más grave de la historia argentina, se han dispuesto desde el Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, una serie de medidas destinadas a generar alivio en el sector.

En este sentido se dictará un Decreto del Poder Ejecutivo, cuya posterior reglamentación se implementará mediante una Resolución Conjunta de la Secretaría de Agricultura y AFIP, para que las y los productores que están en zona de emergencia y que su actividad principal sea agropecuaria y/o ganadera, accedan de manera automática a los beneficios de alivio fiscal que establece la ley de emergencia, sin necesidad de efectuar ningún trámite.

Además el Decreto permitirá a la AFIP establecer un plan de facilidades de pago para las y los productores alcanzados por la emergencia tengan la posibilidad de regularizar todo tipo de deuda fiscal en hasta 48 cuotas mensuales.

La cantidad de cuotas dependerá de condiciones equitativas para la normalización de las deudas, considerando el origen y el tipo de deuda que pretende cancelar y la evaluación del grado de cumplimiento de sus deberes formales y materiales.

Se podrán regularizar obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, vencidas o cuya fecha de vencimiento opere en el mes de la presentación del plan de facilidades de pago, junto con sus intereses y multas.

Además, al regularizar las deudas previsionales que tengan los productores, se les facilitará tomar créditos bancarios, ya que muchas entidades financieras restringen el acceso al financiamiento ante la existencia de obligaciones previsionales impagas.

Por otra parte se suspenderán las intimaciones por falta de presentación de declaraciones juradas y pago de obligaciones, los juicios de ejecución fiscal y el levantamiento de los embargos en las cuentas bancarias; el pago de anticipos del Impuesto a las Ganancias; y se otorgarán beneficios fiscales para la venta forzosa de vientres.

La suspensión del ingreso de anticipos correspondientes a los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales regirá hasta la finalización del ciclo productivo siguiente a aquel en que concluya el estado de emergencia. Se trata de aquellos vencimientos que hubieran sido fijados entre el 1 de febrero de 2023 y la fecha de finalización del período de vigencia del citado estado de emergencia.

Por otra parte, se realizará la deducción en el Impuesto a las Ganancias por la venta forzosa de hacienda para que las y los productores puedan deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el 100 % de los beneficios derivados de la venta forzosa de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.

En el caso del monotributo, gozarán del beneficio las obligaciones mensuales correspondientes al componente impositivo cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del estado de emergencia o zona de desastre agropecuario.

Estas decisiones permitirán asistir de manera efectiva y directa a más de 60 mil productores agropecuarios cuyas provincias han declarado la emergencia.

En medio de múltiples especulaciones, el expresidente Mauricio Macri anunció este domingo que no competirá en los comicios de este año mediante un video publicado en sus redes sociales.

En el video, transmitió un mensaje de equipo y sostuvo: “Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en las próximas elecciones”. Rápidamente llegaron las repercusiones. Instantáneamente después de que se publicó el video, Patricia Bullrich revindicó -también en redes- la decisión de Macri como «histórica«.

La iniciativa, que obtuvo dictamen unificado en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal el pasado 8 de marzo, fue presentada por el diputado nacional santafesino Roberto Mirabella (FdT) y acompañada por diferentes legisladores de dicha provincia, tiene como objeto fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, Ley Nº 27.063, sus normas modificatorias y complementarias.

Entre otras cuestiones, el proyecto apunta a crear 13 fiscalías federales, cuatro defensorías y seis juzgados federales. Asimismo, otro objetivo es el de crear seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales, en un contexto de fuerte incremento de los homicidios y el narcotráfico.

Heller explicó que solicitaron “a la Oficina de Presupuesto del Congreso un informe sobre el costo fiscal de la iniciativa, que no es vinculante, pero que conocer el dato ayuda a la comprensión de las medidas que tenemos que tomar en cada momento”.

“En síntesis, dicho informe, que tomando los salarios de los 50 cargos que se crearían a partir del proyecto, se generaría un costo bruto de 1564 millones anuales, con datos actualizados a marzo. Y, si se descuenta lo que recibirá el estado por contribuciones patronales jubilatorias, personales jubilatorios y por ingreso por impuesto a las ganancias, generaría una recaudación estimada del orden de los 456 millones de pesos”, enumeró.

Y prosiguió: “De esta manera, cubrir los 50 cargos creados sería de 1108 millones de pesos, significaría un 0,0075% del PBI, equivalente al 0,2% del crédito asignado en el presupuesto 2023 al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público en conjunto”.

“Tomando como referencia estructuras similares se ha hecho esta estimación, sumando al resto del personal que acompañaría a los nuevos cargos que se crearán, habría que estimar entre 7 mil y 7500 millones anuales el costo que tendría desde el punto de vista del presupuesto la aprobación de esta ley”, concluyó el titular de Presupuesto.