El Tribunal de Enjuiciamiento dispuso en las últimas horas que queden sin efecto las medidas preventivas dispuestas contra el fiscal Martín Pizzolo, quien se encontraba afrontando dos procesos judiciales a partir de denuncias radicadas en Olavarría, donde se desempeñó como titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5. La novedad está dada ahora en que ese jurado, integrado por referentes de diversos estratos del Poder Judicial Bonaerense, entre ellos el propio presidente Suprema Corte, desestimaron las acusaciones en su contra, por lo que resolvieron que retorne a su puesto de trabajo.

EL POPULAR logró dialogar con distintas fuentes vinculadas no sólo al Departamento Judicial de Azul, desde donde se confirmó la novedad que trascendió en la mañana de ayer, sino que además pudo tener contacto con personas vinculadas a la causa en sí, quienes detallaron que desde el Tribunal de Enjuiciamiento se habría arribado a la conclusión que, tras el estudio de lo labrado en las respectivas investigaciones, que no existía delito, falta administrativa o irregularidad alguna.

Vale recordar que fue en septiembre del año pasado cuando se dispuso como medida preventiva la separación provisoria de Martín Pizzolo de su cargo, en ese entonces como fiscal de Las Flores. El dato no menor es que postura tuvo su correlato directo con el apercibimiento de haberes y otra serie de situaciones que complicaron la carrera judicial del funcionario.

Lo concreto es que este Diario logró conocer que una de las causas en su contra habría sido archivada hace ya unos meses, y que habría sido el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense por aquel entonces, el doctor Luis Genoud, quien habría entendido que la denuncia en contra de Pizzolo no constituía siquiera delito alguno. Se trata puntualmente del proceso judicial iniciado por un abogado local, quien lo había denunciado por «violación de secretos en concurso ideal con abuso de autoridad», una causa que fue instruida desde la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul, que cuando todo ocurrió era encabezada por el fiscal Javier Barda.

La otra causa en su contra, por su parte, fue desestimada y esto último se tradujo en la novedad que se conoció en las últimas horas. Para entender un poco más como fue el proceso y las partes intervinientes, vale destacar que las más altas esferas del Poder Judicial bonaerense se vieron involucradas en el estudio de ambas causas. El Tribunal de Enjuiciamiento no sólo se encuentra integrado por el ya mencionado presidente de la Corte, sino también legisladores y los denominados «conjueces», letrados que representan otros departamentos judiciales del territorio bonaerense, exceptuando obviamente el de Azul.

Asimismo, lo resuelto por ese jurado luego es estudiado por la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento, que como su palabra lo refiere se encuentra integrada por distintos referentes del Poder Legislativo, provenientes de las cámaras de Senadores y Diputados bonaerense. Es por ello también que el dictamen tiene carácter definitivo, es decir que no se puede apelar.

Si bien el próximo lunes se dará su regreso al Departamento Judicial de Azul y recién ahí se conocerá cuál será su nueva función, lo que sí se sabe es que no retornaría a nuestra ciudad. Lo más probable es que se lo designe como fiscal de juicio, atendiendo a la problemática que existe en ese sentido producto a las mermadas filas de fiscales en toda la región.

A la par, también se desconoce cuánto tiempo seguirá trabajando en la vecina ciudad, ya que poco antes de suspensión había ganado un concurso para integrar como juez un Tribunal Oral en lo Criminal en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora y la jura por ese cargo se había postergado, todo a la espera de la resolución de estos procesos judiciales. Ahora resta conocer si esta situación se reactiva y podrá finalmente asumir en el distrito de donde además es oriundo.