El 20 de mayo pasado se produjo una nueva masacre por la intervención armada de la policía de la provincia de Buenos Aires. Alrededor de la una de la madrugada, durante varias cuadras, tres patrulleros persiguieron a los tiros al Fiat Spazio en el que iban cinco jóvenes; la persecución terminó cuando el auto impactó contra un acoplado estacionado al costado de la colectora 9 de julio. Aníbal de 22 años, Camila y Danilo de 13 y Gonzalo de 14 murieron en el lugar. Rocío tiene 13 años, es la única sobreviviente y estuvo internada más de 20 días en grave estado en la Hospital El Cruce de Florencio Varela. 

A un mes de la masacre, hay cuatro policías imputados y detenidos por homicidio agravado, y otros ocho policías y el ex secretario de seguridad municipal de San Miguel del Monte por encubrimiento, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica.

Este jueves 20 de junio, las familias de las víctimas se movilizan en la ciudad para renovar el pedido de justicia. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), con la presencia de su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, e integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales, participará de la jornada de protesta que comienza a las 14 horas en la pista de skate, en la intersección de Avenida de los Pescadores y López, para luego marchar hasta la plaza Adolfo Alsina, donde se culminara con un festival reclamando por justicia.

La CPM, como patrocinante de las familias de Camila y Danilo, reclama que la investigación judicial avance con celeridad y profundidad en las responsabilidades no sólo materiales sino también políticas. La verdad y la justicia son indispensables como actos reparatorios no sólo para las familias de las víctimas y Rocío, la única sobreviviente, sino también para toda la comunidad de San Miguel del Monte.

A la par del grito de justicia por la masacre, la CPM insiste en el reclamo de cambios urgentes y estructurales para revertir las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y de San Miguel del Monte, en particular, que generaron las condiciones de posibilidad para que este hecho ocurra.

Como se sostuvo desde el primer momento, la masacre de Monte no fue un caso aislado sino el emergente más brutal de una política de Estado en materia de seguridad, que asume como natural el accionar violento y desprofesionalizado de las fuerzas policiales. Esto, sumado a la creciente saturación policial en las ciudades, un discurso oficial que avala y promueve la muerte como resultado esperable de la intervención policial y la impunidad judicial que sigue a la mayoría de las denuncias.

La masacre también se inscribe en una trayectoria de violencia policial en la localidad que, por miedo a represalias, permaneció en silencio hasta el 20 de mayo pasado. Los testimonios de vecinos y vecinas que fue recogiendo la CPM, como parte de su intervención en el caso, señalan que la relación con la policía de Monte está atravesada por la corrupción y la discrecionalidad. La práctica de pedir sobornos o coimas era frecuente y conocida.

Para los y las adolescentes y jóvenes de la localidad, la relación con el personal policial también estaba marcada por la tensión, la arbitrariedad y la violencia que los agentes de seguridad despliegan en el espacio público, lugares de reunión de la juventud como son la plaza, la laguna o la pista de skate.

Danilo, una de las víctimas de la masacre, ya había padecido este accionar policial: el 31 de marzo estuvo detenido ilegalmente durante más de cinco horas. Aníbal, el conductor del Fiat Spazio, también: el 9 de marzo los policías detuvieron el auto y le reclamaron una coima bajo la amenaza de secuestrarle el vehículo. Estos antecedentes están en la causa judicial.

A pesar de la gran cantidad de pruebas y testimonios, la municipalidad de San Miguel del Monte no tomó ninguna medida efectiva para remediar esta trama de hostigamiento, violencia y corrupción policial. Todo lo contrario: con la designación de María Alejandra Cotignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del Municipio —cargo que implica el control de las fuerzas de seguridad en la ciudad—, la intendenta Sandra Mayol dio una clara señal de amparo a las políticas de seguridad y las prácticas policiales que hicieron posible la masacre. Cotignola fue agente de la Policía Bonaerense, es familiar de uno de los agentes detenidos por la persecución mortal y, como abogada penalista, defendió a policías involucrados en otros delitos.

En el primer aniversario de la masacre, la CPM también renueva el pedido para que el Municipio atienda el planteo de las familias, que se sintieron vulneradas y revictimizadas con esta designación, y aparte a Cotignola del cargo.

La masacre de Monte obliga al Estado a tomar acciones urgentes para reparar a las víctimas: la condena de las responsabilidades materiales y políticas son indispensable, pero eso sólo no alcanza. La justicia de los tribunales debe ser acompañada por la decisión de revertir las políticas de seguridad que vienen posibilitando la reiteración de estos hechos.