Estos son títulos de los últimos meses. “Atacada a piedrazos por ‘ser linda’”. “Un chico con retraso madurativo fue brutalmente golpeado por su compañeros”. “Investigan si un chico de 14 años se suicidó por bullying”. “Un nene de once años recibió una paliza en su viaje de egresados”. “En la escuela destruyeron la autoestima de mi hijo”, dijo un padre cuando le consultaron por qué su nene no quería ir al colegio. La violencia escolar es una tendencia que crece en el país. De hecho, una encuesta de la consultora privada TNS-Gallup reveló en junio que uno de cada cuatro argentinos conoce un caso de acoso escolar. En el Congreso tomaron nota y ayer aprobaron una ley que establece que el Ministerio de Educación, a través del Consejo Federal, deberá establecer reglas para prevenir la conflictividad en las escuelas, entre ellas el bullying. La norma busca fomentar la creación de equipos especializados y también indica que los alumnos deben ser sancionados.

Según pudo saber Clarín, el Ministerio de Educación ya está trabajando en una guía para los docentes, una iniciativa bien recibida en la comunidad educativa ya que muchos dicen que no saben qué hacer ante un caso de violencia.

En cuanto a las sanciones, el texto apunta que deben ser educativas, graduales y progresivas. Y si como medida extrema se expulsa al alumno, las autoridades de la escuela tienen que buscarle otro establecimiento donde estudiar, porque debe quedar garantizado “el derecho a la educación”. Según la autora proyecto, Mara Brawer (FPV), las sanciones pueden ser variados, como un apercibimiento o dejar al chico sin un día de actividades aunque con tarea, pero cada escuela deberá definir la sanción a aplicar en cada caso.

Además, la norma toma en cuenta “el contexto en el que tiene lugar la transgresión” para no estigmatizar a los alumnos involucrados. “La ley tiene un enfoque relacional. Es decir, apunta a explicar los comportamientos violentos como producto de la trama de relaciones que se dan en un contexto determinado. Si un chico le rompió el libro a otro, ese otro debió haber hecho algo. Entonces debe atenderse a los dos alumnos y encontrar el motivo que subyace a la agresión. Quizás ese motivo circula por la escuela y la comunidad educativa está involucrada”, define Brawer. Los alumnos tendrán un espacio donde puedan plantear sus problemas, los docentes podrán intervenir y los padres no se quedarán afuera: pasan a tener un rol activo en la resolución de conflictos. “No puede existir el silencio pedagógico frente a la violencia. El maestro debe intervenir, por eso esta norma busca fortalecer a los docentes e integrar a los papás”, cierra Brawer.

La ley –que además exige registrar casos de hostigamiento escolar– “prohíbe cualquier medida que atente contra la participación de docentes, estudiantes o sus familias en la vida educativa”. “Cuando ocurren los episodios de acoso a un niño, reconocemos que el factor más importante es la ausencia de los adultos responsables: maestros, autoridades educativas, padres”, analiza Sara Zusman, psicóloga especialista en niños y adolescentes, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). “La cooperación entre maestros y padres facilita el clima de armonía en las aulas”, suma el psicoanalista Enrique Novelli.

Por ahora, la ley está lejos de la realidad. “Hace falta personal en los equipos de orientación. Por ejemplo, en mi escuela hay una psicóloga para 600 alumnos. Falta inversión en recursos humanos para los gabinetes psicopedagógicos”, observa Leandro Vecino, docente de Lengua de la Técnica 28, de la Ciudad. En esa institución educativa implementaron una serie de estrategias para hacerle frente a los casos de violencia. Ante la falta de un protocolo, fue la manera que hallaron de abordar la problemática y, dicen, da buenos resultados. “Creamos espacios de participación donde los chicos hablan, se sienten contenidos y respetados. Cuando logramos que nuestros alumnos generen un sentido de pertenencia a su escuela, la violencia se reduce notablemente”, apunta Vecino.

Al ser de carácter nacional, la norma se implementará en todo el territorio aún cuando algunas jurisdicciones, como Buenos Aires, tengan su propia norma. El Ministerio de Educación pondrá un 0-800 para orientar a los padres, pero no se precisó cuándo.