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Presupuesto y hacienda avaló el proyecto que busca fortalecer la justicia penal federal en Santa Fe

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Presupuesto y hacienda avaló el proyecto que busca fortalecer la justicia penal federal en Santa Fe

Presidida por el diputado nacional Carlos Heller (FdT), la comisión logró la firma de los 40 diputados que participaron de la reunión. Durante la reunión se detalló el costo fiscal de la norma elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

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La iniciativa, que obtuvo dictamen unificado en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal el pasado 8 de marzo, fue presentada por el diputado nacional santafesino Roberto Mirabella (FdT) y acompañada por diferentes legisladores de dicha provincia, tiene como objeto fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, Ley Nº 27.063, sus normas modificatorias y complementarias.

Entre otras cuestiones, el proyecto apunta a crear 13 fiscalías federales, cuatro defensorías y seis juzgados federales. Asimismo, otro objetivo es el de crear seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales, en un contexto de fuerte incremento de los homicidios y el narcotráfico.

Heller explicó que solicitaron “a la Oficina de Presupuesto del Congreso un informe sobre el costo fiscal de la iniciativa, que no es vinculante, pero que conocer el dato ayuda a la comprensión de las medidas que tenemos que tomar en cada momento”.

“En síntesis, dicho informe, que tomando los salarios de los 50 cargos que se crearían a partir del proyecto, se generaría un costo bruto de 1564 millones anuales, con datos actualizados a marzo. Y, si se descuenta lo que recibirá el estado por contribuciones patronales jubilatorias, personales jubilatorios y por ingreso por impuesto a las ganancias, generaría una recaudación estimada del orden de los 456 millones de pesos”, enumeró.

Y prosiguió: “De esta manera, cubrir los 50 cargos creados sería de 1108 millones de pesos, significaría un 0,0075% del PBI, equivalente al 0,2% del crédito asignado en el presupuesto 2023 al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público en conjunto”.

“Tomando como referencia estructuras similares se ha hecho esta estimación, sumando al resto del personal que acompañaría a los nuevos cargos que se crearán, habría que estimar entre 7 mil y 7500 millones anuales el costo que tendría desde el punto de vista del presupuesto la aprobación de esta ley”, concluyó el titular de Presupuesto.

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Advierten que están en peligro los descuentos por Zona Fría

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El gobierno nacional retacea el envío de fondos a las compañías distribuidoras de gas para nutrir el fideicomiso que financia la aplicación de descuentos de entre 30 y 50% del costo del servicio en 90 ciudades bonaerenses -y de otras provincias-, pese a que el mecanismo dispuesto por ley para solventar ese beneficio dio superávit el año pasado.

La situación fue advertida por el director del Instituto Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez. “El Gobierno del Presidente Javier Milei está desfinanciando el sistema de descuentos en gas por Zona Fría, aunque el sistema tiene superávit y no requiere un sólo peso del Estado”, dijo Rodríguez, uno de los legisladores que en su momento presentaron la ley que estableció el beneficio.

La rebaja para los usuarios que viven en lugares donde hace más frío -y por lo tanto consumen más gas- se financia con un monto que pagan todos y que nutre un fideiocomiso. De ahí sale el dinero para reintegrar a las empresas lo que dejan de percibir por hacer los descuentos. El problema es que los fondos existen pero el gobierno no los gira a las compañías.

Según datos del Informe sobre la Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional publicado por la Oficina Nacional de Presupuesto y citados por Rodríguez, en 2023 Fondo tuvo un superávit de 39.213,3 millones de pesos. Sin embargo, en lo que va del año empresas como Camuzzi no recibieron un peso.

¿Qué ocurre? En el gobierno hablan de una auditoría a todos los fondos fiduciarios, incluido en de la Zona Fría. Pero se trata de la misma administración que quiso eliminarlo, en la primera redacción de la Ley Bases. Y que lleva adelante un recorte del gasto de “15 puntos del producto”, según precisó hoy Milei, para lo cual ya evitó realizar otros pagos reglados por ley.

La conclusión es que el Gobierno del Presidente Javier Milei está desfinanciando el sistema de descuentos en gas por Zona Fría, aunque el sistema tiene superávit y no requiere un sólo peso del Estado”, dijo Rodríguez.

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La inflación de abril fue del 8,8%, acumula un 65% en lo que va del 2024

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La inflación de abril fue del 8,8% en abril por lo que acumuló 65% en el primer cuatrimestre del año y 289,4% en los últimos doce meses. El gobierno destacó que la llamada “inflación núcleo” -sin contar precios regulados ni estacionales- fue la más baja desde enero del año pasado, aunque la contracara fue la consolidación de la recesión, con caídas impactantes del consumo.

Se acuerdo a los que informó el INDEC, medido por rubros el índice de Precios al Consumidor registró las mayores variaciones en la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%) por los incrementos en las tarifas de gas, agua y electricidad.

Le siguieron Comunicación (14,2%), por las subas en servicios de telefonía e internet, y Prendas de vestir y calzado (9,6%) por cambios de temporada.

En la provincia de Buenos Aires, la mayor incidencia en el nivel final de aumentos la tuvo vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%) en el Gran Buenos Aires. En  cambio, en Cuyo y Patagonia, donde se destacaron las subas de Gas, Suministro de Agua y Electricidad.

En un comunicado, el ministerio de Economía destacó la baja en el ritmo de aumento de los precios regulados, que se incrementaron 6,3%. “Fue el dato más bajo desde enero de 2023”, indicó la cartera que comanda Luis Caputo.

La interpretación oficial sobre la evolución de la inflación marca para el gobierno un camino de “fuerte desaceleración” tras el pico post devaluación del 25% en enero (y un nivel del 12% en el final del gobierno de Alberto Fenrández), que explica por “son el equilibrio fiscal, el saneamiento de la hoja de balance del BCRA y la implementación de medidas de desregulación y reducción de costos para el sector privado”.

Sin embargo, economistas han marcado que el superávit se explica por la postergación de pagos y la redefinición unilateral de contratos, como ocurrió en el caso de las generadoras eléctricas y también alertaron por el impacto de los aumentos de tarifas de servicios y combustibles, que este mes fueron suspendidos.

Además, la recesión que afecta incluso a la venta de productos alimenticios y farmacéuticos pone en duda la sostenibilidad social del programa.

En un intento de generar credibilidad, el gobierno destacó que las consultoras han equivocado hasta ahora sus pronósticos por un margen acumulados del casi 38 puntos entre los que indicaron las mejores 10 pronosticadoras en el REM (registro de expectativas de mercado) que publica el Banco Central y el IPC. Pero las consultoras arguyen que sus pronósticos no contemplan los diferimientos de pagos ni el apartamiento del gobierno de su propio programa.

Pero a la dificultad para sostener al caída del déficit, se suman las señales que cuestionan el exitismno oficial, como el atraso de la cotización del peso contra el dólar, negada por el presidente Javier Milei pero sugerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la caída del poder de compra de los ingresos tanto para los trabajadores formalizados como para los informales.

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Ya no se necesita cédula azul y la cédula verde deja de tener vencimiento

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El Gobierno oficializó la derogación de la cédula azul, que hasta hoy era condición obligatoria para conducir un vehículo ajeno, por entender que ese instrumento “carece de sustento y aplicación prácticos”, al tiempo que también formalizó cambios para la cédula verde, que ya no tendrá fecha de vencimiento.

La decisión fue expuesta este lunes a través de la Disposición 29/2024 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), publicada en el Boletín Oficial.

Cabe señalar que además, como se había advertido, se elimina al 40% de los registros de propiedad del automotor, lo que generó un fuerte malestar entre los trabajadores de esa dependencia, quienes quedaron sujetos a un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Hasta ahora, la cédula azul servía para que el dueño de un vehículo autorizara a una tercero a manejarlo sin su presencia. Según el texto oficial, “establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023N° el no vencimiento de las cédulas de identificación, la existencia de la cédula de identificación para autorizado a conducir carece de sustento y de aplicación práctica, razón por la cual deviene pertinente proceder a la derogación”.

En tanto, de acuerdo a lo que se expone oficialmente, el Registro expedirá la cédula verde en dos formatos: digital y físico. El físico quedará a disposición dentro del legajo del dominio para su retiro por parte del peticionario que así lo requiriera, mientras que la cédula en formato digital será puesta a disposición del titular registral de manera automática a través de su perfil digital del ciudadano en la aplicación “Mi Argentina”.

También dispuso que la expedición de duplicado de la cédula de identificación del Automotor o sus adicionales podrán ser peticionadas y expedidas en forma completamente electrónica.

Al igual que los originales, los duplicados de cédula se extenderán sin vencimiento, excepto cuando normas vigentes fijen un plazo determinado. En este caso, la fecha de vencimiento será la oportunamente consignada en la cédula original.

En tanto, se aclaró que las cédulas verdes que fueron emitidas antes de esta medida y que contienen una fecha de vencimiento impresa tampoco caducan. También seguirán estando vigentes las cédulas azules emitidas, hasta que sean revocadas quien la pidió.

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