La Junta Electoral bonaerense se metió en la mega causa judicial por los supuestos falsos aportes de campaña realizados por Cambiemos en las elecciones de 2015 y 2017, y en su intervención entregó información y negó otra requerida por Concejos Deliberantes y Municipios, opositores y oficialistas.

Según pudo saber LaTecla.info, el tribunal electoral de la provincia, respondió pedidos de los Concejos Deliberantes de Lomas de Zamora, Avellaneda, Florencio Varela, Hurlingham, General Rodríguez, Gonzales Chaves, General Villegas y del municipio de Las Flores, todos vinculados con la misma causa.

En el caso de los Concejos, en todos se pidió a la Junta que informe la nómina de afiliados a Cambiemos de cada distrito, los balances de los partidos que componen a la alianza oficialista, si hay o hubo “resolución o investigación” contra ese espacio, además de los gastos de campaña y los balances.

En Lomas de Zamora el pedido fue firmado por el presidente del Concejo Santiago Casatorre y su secretario Walter Moreno; al igual que en Avellaneda (Hugo Dino Barrueco y Roberto Sicari), Hurlingham (Martín Rodríguez y Lorena Fabis), Florencio Varela (Laura Ravagni y Gustavo Rearte) y General Rodríguez (Carlos Paz y Gastón Gómez).

Mientras que en los municipios de Adolfo Gonzales Chaves y General Villegas la averiguación fue reclamada por los secretarios de ambos concejos Emilio Videla y Rafael Gómez, respectivamente. En tanto que en Las Flores, con un planteo diferente, fue requerida por el intendente Ramón Canosa (Cambiemos) y su secretario de Gobierno, Pedro Elgue.

En ese caso, el intendente y su funcionario solicitaron informes sobre “rendiciones de cuentas de los partidos no aprobadas en 2015 y 2017”, si alguna persona de Las Flores “se encuentran afiliadas a algún partido político las personas que aparecen en el listado de aportantes a la campaña” y “confirmar si se usó base de datos de ANSES o algún ministerio”.

En varias resoluciones, la Junta Electoral envió información sobre el gasto de campaña, recordó que los balances de cada partido se publican anualmente en el Boletín Oficial de la provincia, que el registro actuaciones judiciales “no es competencia” de ese organismo electoral y que “la investigación periodística citada en la Comunicación no dio origen a ninguna resolución por parte de esta Junta Electoral”.

Finalmente, les negó a todos los pedidos los listados de afiliados a partidos, aduciendo que el artículo 26 del decreto ley 9889/82 establece que “el padrón partidario será público solamente para los afiliados…”.

La intervención de la Junta Electoral se suma a la de la justicia federal platense y porteña que intervinieron en el expediente, aunque semanas atrás un fallo de la Cámara Nacional Electoral dispuso que todas las causas vayan al juzgado federal 1 de La Plata, que conduce Adolfo Ziulu y tiene la competencia comicial en el territorio bonaerense.

La causa

Denominada en la jerga política “aportes truchos”, el expediente se inició con una denuncia periodística y tres investigaciones en diferentes fueros y jurisdicciones. Una en el juzgado porteño de Sebastián Casanello, otra en el de Ernesto Kreplak y una tercera en el de Adolfo Gabino Ziulu.

En medio de ese cruce, Ziulu le pidió que Casanello y Kreplak que se inhiban de actuar y que remitan los expedientes a su juzgado, entendiendo que el tribunal electoral fue el primero en abrir una investigación y que, por el código de procedimiento, correspondía centralizar todo en su despacho.

Casanello giró parte de su causa, pero Kreplak rechazó el pedio de inhibitoria y antes de elevar el conflicto de competencia a la Cámara para que resuelva quién se quedaba con los expedientes, apareció un tercer agente que enmarañó más la situación: la ex tesorera del PRO y ex funcionaria bonaerense, María Fernanda Inza.

La mujer presentó una apelación a la decisión de Kreplak y este último la aceptó, pero la elevó a la alzada y dispuso suspender “por el momento la remisión del presente incidente” al juzgado de Ziulu.

Eso frenó el conflicto de competencia por una tiempo, aunque algunas semanas después la Sala III de la Cámara Federal, que conduce Carlos Alberto Vallefín, declaró “mal concedido el recurso de apelación interpuesto” por Inza y reactivó todo el trámite.

“Esa suspensión impide que se trabe una contienda entre tribunales pues resta que el juez con competencia electoral sea anoticiado a fin de que decida si sostiene o no su competencia. Esta suspensión frustra la finalización del  trámite y debe dejarse sin efecto”, indicó la Sala III.

Por ello, la Cámara le declaró “mal concedido” el recurso a Kreplak y le ordenó que “proceda en el modo dispuesto en el art. 47 inciso 5º” del Código Procesal Penal.

Ese inciso señala que si se niega la inhibición “el auto será comunicado al tribunal que la hubiere propuesto, en la forma prevista en el inciso 4, y se le pedirá que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes a la Cámara de Apelaciones”.

Por lo que Kreplak tuvo que comunicar a Ziulu su decisión, y este último se expidió sobre su interés de mantener su competencia, decisión que informó hace varias semanas, cuando ratificó su voluntad de seguir actuando.

Después Ziulu elevó a la Cámara Nacional Electoral el conflicto y se abrió otro debate sobre si correspondía a ese tribunal de alzada o la Cámara Federal platense la definición por la competencia.

Sin embargo, tras el dictamen favorable del fiscal de Cámara, Jorge Di Lello, la CNE avaló el pase al fuero electoral y ordenó a Kreplak y Casanello que le manden a Ziulu sus causas, situación que ocurrió en las últimas horas.