El fiscal de juicio Mariano Sibuet pidió este viernes penas de reclusión perpetua y de 20 años de cárcel para los cuatro policías condenados por la «Masacre Monte» de 2019, en la que tres adolescentes y un adulto joven murieron al ser atacados a por una patrulla que los persiguió por la ruta a las afueras de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires.

Tras la audiencia de cesura, la jueza Carolina Crispiani, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4 (TOC) de La Plata, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 9 de junio al mediodía, cuando se conocerá la sentencia.

El fiscal Sibuet pidió la pena de reclusión perpetua para los policías Rubén García y Leonardo Ecilapé, que ya habían sido declarados culpables por unanimidad de los 12 jurados populares como coautores del delito de «homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego» en perjuicio de Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22).

En tanto, el representante del Ministerio Público solicitó 20 años de cárcel para los efectivos Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, declarados culpables del delito de «tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego» de las mismas víctimas.

Para definir la pena que pidió Sibuet tomó como agravantes el «impacto social» a partir de los hechos cometidos por integrantes de una fuerza de seguridad y valoró los testimonios de los psicólogos que declararon previamente.

«Hacen mención a tres elementos que debo valorar: que el hecho fue devastador, que produjeron un daño irreparable y que ese daño para cada una de las víctimas y de los familiares involucrados significa un daño de por vida», explicó.

Además, el fiscal criticó la «acción asumida posterior a la comisión del hecho en ese intento de eludir el accionar de la justicia» por parte de los acusados.

Luego, las abogados Margarita Jarque y Luz Santos Morón de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representan a las familias de las víctimas Danilo Sansone y Camila López, hicieron hincapié en que hubo una «grave violación de los derechos humanos» y en la «extensión del daño causado», por lo que adhirió a la posición de la fiscalía.

A su turno, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representado por las abogadas Bárbara Juárez y Agustina Lloret, pidió prisión perpetua para García y Ecilapé, y también 20 años para Monreal e Ibáñez.

«Debían protegerlos en vez de atacarlos, se traduce en una traición por parte del autor y una mayor indefensión de la víctima frente al ataque de quien se aprovecha de la situación para cometer el delito», sostuvo una de las letradas.

En tanto, la abogada Dora Bernárdez, representante de las familias de Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez, coincidió con la fiscal y afirmó: «Se perdió la confianza en la institución policial toda, la confianza en la institución fue rota a pedazos, despedazaron la tranquilidad».

Mientras que Ricardo Minoli, que patrocina a la única sobreviviente, Rocío Quagliarello, ahora de 17 años, también se refirió a la «extensión del daño y del peligro causado en su condición de integrantes de una fuerza de seguridad, por la naturaleza de la acción y de los medios empleados», por lo que adhirió a lo solicitado por el fiscal.

En cambio, los defensores María Celeste Baqué y Luis María Giordano, quienes representan a los policías Ibáñez, Monreal y García; y Marcelo Di Siervi, letrado de Ecilape, criticaron el pedido de «reclusión perpetua» a la que tildaron de «anacrónica» y uno de ellos pidió la nulidad del juicio.

«Me indigna todo lo que dijo el bloque acusador, salvo el doctor Sibuet y Minoli, hablaron de cualquier cosa. Esto se va a revertir en Casación, es una injusticia. Ecilapé no mató a nadie, debió ser declarado no culpable. Voy a solicitar que se decrete la nulidad del juicio y se ordene uno nuevo», aseguró Di Siervi.

Al finalizar las exposiciones, los cuatro policías dijeron sus «últimas palabras» y negaron haber «ser violadores de los derechos humanos» y «asesinos», e insistieron en culpabilizar al conductor del auto.

«Amo la vida, no tengo ningún desprecio por la vida, en todo caso si alguien tenía un desprecio era el que manejaba», indicó Ibáñez

A su vez, Monreal afirmó que estuvo «a disposición de la Justicia desde el día cero», que «un criminal huye de estar encerrado» y que actuaron «bajo el deber» que tenían.

«Fue una tragedia para todos y no hay vuelta atrás pero no somos ningunos criminales ni asesinos», expresó el policía, mientras que Ecilapé criticó «a las asociaciones que están aprovechando este caso para su propio beneficio».

La «Masacre de Monte» ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando el auto Fiat 147 en el que circulaban las víctimas impactó en la colectora de la ruta 3 contra un acoplado de un camión, tras una persecución a los tiros por parte de la policía.

Al Fiat 147 lo comenzó a perseguir un primer móvil policial en el que circulaban García y Ecilapé y en un operativo cerrojo se sumó otro móvil en el que iban Monreal e Ibáñez.

Según se determinó en el debate, Ibáñez era quien manejaba un móvil policial y le cruzó el paso al automóvil en el que iban las víctimas en el cruce de las calles Chubut y Caseros, donde Monreal realizó un disparo con su pistola calibre 9 milímetros que hirió en la pelvis a Domínguez, pero el Fiat 147 continuó con la fuga hacia la colectora de la ruta 3, perseguido por el otro patrullero, en el que circulaban García y Ecilapé.

En ese momento comenzó una segunda secuencia en la que el patrullero al mando de Ecilapé persigue al auto que termina impactando contra el acoplado de un camión que se hallaba detenido, donde murieron los cuatro jóvenes.

En el día de la fecha, Patrulla Rural recibe llamado por parte de vecino de la zona » Pago de Oro», el cual estaba preocupado y molesto ya que había divisado un automóvil que se encontraba cazando en camino rural.

Dio aviso al comando y a los pocos minutos se apersono personal policial en el lugar antes mencionado, constatando la presencia de vehículo con dos personas a bordo, ambas de este medio, las cuales tenían en su poder una liebre tipo europea recientemente muerta y un aire comprimido calibre 6,35.

Procediendo al secuestro del aire en mención, ya que, si bien no es un arma de fuego, y no está prohibido el uso del mismo en el interior de los campos, no se puede hacer uso de este en los caminos rurales.

Se labro la correspondiente infracción. Intervino el Ministerio de Desarrollo Agrario.- Informo: Comisario Diego López Jefe Patrulla Rural Las Flores

Según fuentes Judiciales  en el día de fecha personal de Sub DDI Las Flores llevo a cabo en horas de la tarde un allanamiento en una vivienda de esta localidad con resultado positivo, procediendo al secuestro de elementos de interés para la continuación de las tareas investigativas, como ser telefonía celular, computadora, y dispositivos de almacenamientos.

Dicha diligencia fue otorgada por Juzgado de Garantías N° 2 a cargo de S.S Dr. Federico Barberena, a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 22 a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Lucas Moyano, ambos del Departamento Judicial Azul, donde se investiga denuncia de la NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) dando cuenta de la posible producción, divulgación, publicación y/o comercialización de material pornográfico infantil, mediante la utilización de sitios web como YouTube. 

Raíz tareas investigativas realizadas por personal de SubDDI  Las Flores se individualizo a los usuarios de dicha cuenta de YouTube, y del domicilio donde se habría realizado el ilícito, pruebas que fueron aportadas oportunamente a Fiscalia interviniente, quien solicita medida judicial.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia, fines de realizar las pericias pertinentes.