El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó a 7 personas por considerarlas “coautores penalmente responsables del delito de retención indebida de documentos de terceros en concurso ideal con el delito de inducir a electores con engaños a abstenerse de sufragar, ello en forma sistemática y reiterada”.

Ramos Padilla convocó a 36 personas a prestar declaración testimonial para la próxima semana. Ya hubo otros 27 relatos que dieron cuenta de los hechos denunciados. Y uno de los acusados, un ex policía que estuvo relacionado a la municipalidad, reconoció haber retenido 350 documentos de identidad.

El juez precisó que todas las víctimas narraron una modalidad similar: semanas o días antes de las elecciones, una persona les ofrecía “comprarles” su DNI a cambio de dinero, materiales para la construcción, alimentos, acceso a programas de gobierno, gestión de trámites, etc.

“También se verificó una modalidad específica en las personas que trabajaban en la cooperativa municipal: distintos trabajadores, trabajadoras y sus grupos familiares refirieron haber sido amenazados: en caso de no entregar sus documentos de identidad, perderían su trabajo”, indicó el magistrado.

Con excepción de los trabajadores de la cooperativa municipal, el resto de los denunciantes aceptó haber dado su consentimiento al entregar los documentos a cambio de dinero y beneficios. Algunos de ellos incluso aceptaron haber consentido que los “acompañaran” a votar.

Según indica el juez en un escrito “otros dieron cuenta de un mecanismo que consistía en filmarse en el cuarto oscuro colocando la boleta de votación del candidato oficialista local. Sin embargo, lo que impulsó a las distintas víctimas a formalizar la denuncia fue el hecho de que los imputados no les devolvieran sus documentos de identidad, lo que, en la gran mayoría de los casos, aparecía mencionado como una ruptura de ese ‘pacto’ previo, aunque irregular e ilegal”.

El procesamiento sin prisión preventiva alcanza a Franco y Diego Miluzzi, Raúl Ibarra, María Fernández, Carlos Villalba, Miguel Ángel Silva y César Nievas. A todos ellos se los acusa de realizar “diversas acciones coordinadas junto con otras personas que incluyeron el ejercicio de violencia, intimidación, amenazas, coacciones, engaños y/u ofrecimientos ilegítimos de dinero, bienes y/o acceso a programas de asistencia o beneficios estatales, dirigidas a obtener los documentos de identidad de numerosas personas con el fin de retenerlos, y así impedirles ejercer su derecho al sufragio y/o compelerlas a votar a determinados candidatos, en las elecciones generales que se celebraron el 27 de octubre de 2019 en el distrito electoral de Maipú, Provincia de Buenos Aires”.

El juez decidió apartar de la investigación a la Estación de Policía de Seguridad Comunal Maipú por su rol en el caso y le dio intervención a la Policía Federal Argentina, División Unidad Operativa Federal de Dolores. Ya que el expolicía y procesado Franco Miluzzi aseguró en su declaración indagatoria “que existía una complicidad entre las autoridades de la fuerza policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Maipú –dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires–, las autoridades del municipio de esa ciudad y algunas de las personas imputadas”.

En su declaración, Miluzzi dijo: “Yo lo que tenía que hacer es que la gente lo votara al intendente Rapallini”. Y explicó: “Los DNIs que juntábamos se los daban al intendente. Yo junté muchos más DNIs pero con ninguno tuve problema; el intendente quería juntar DNIs antes de las elecciones. Aclaro que sólo el DNI de Nadales se lo entregué a Mariana Correa, los demás o se los entregaba a Estela Ciafardo o directamente al intendente Matías Rapallini; lo veíamos por ahí que estaba con la camioneta y le dábamos los DNIs que habíamos tenido que juntar, o también se hacía presente él en la casa de Estela Ciafardo”.

Al respecto, Rappallini consideró que “la denuncia es a todas luces falsa y mentirosa”.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, remitió la denuncia al Juzgado Federal con Competencia Electoral a cargo de Adolfo Ziulu, quien deberá ahora definir sobre el pedido de impugnar la votación realizada en la ciudad de 10 mil habitantes.

Fuente: TV Pública