En una nueva sesión ordinaria conducida por la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el Cuerpo aprobó 135 pliegos judiciales enviados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

De esta manera, los camaristas, jueces, fiscales, defensores oficiales y jueces de paz designados ocuparán sus cargos en los departamentos judiciales de La Plata, San Martín, Morón, Moreno-General Rodríguez, Avellaneda-Lanús, Merlo, Mercedes, Mar del Plata, Necochea, San Nicolás, San Isidro, Pergamino, La Matanza, Junín, Lomas de Zamora, Trenque Lauquen, Quilmes, Bahía Blanca y Azul.

Durante el 2024, el Senado bonaerense aprobó un total de 181 pliegos judiciales. En mayo pasado, el Cuerpo avanzó en la designación de 46 magistrados, que se suman a los 135 que se designaron en esta ocasión.

Cuando empezó a funcionar la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en marzo pasado, la provincia de Buenos Aires contaba con 644 vacantes en el sistema judicial, de un total de 2645 magistrados.

Con la aprobación de los 135 pliegos, sumado a los 46 magistrados anteriores, el nivel de vacancia se redujo a 463, lo que representa una baja del 25 al 17%.

Otras iniciativas aprobadas

Además, el Cuerpo votó favorablemente un proyecto de ley que prorroga por cinco años la vigencia de la Ley 12.322, que declara al distrito de Patagones Área Patagónica Bonaerense; y la Ley 12.323, que crea la Zona Austral de la provincia de Buenos Aires.

De este modo, se ratifican los beneficios para las actividades productivas del sector agropecuario, el comercio, la industria y los servicios, entre ellos, la exención de pago del impuesto inmobiliario urbano y rural, ingresos brutos y el impuesto de sellos. 

La senadora Nerina Neumann subrayó que es sumamente importante que el Estado decida acompañar a los productores que decidieron radicarse en esa zona de la provincia de Buenos Aires.

“Celebro que este Cuerpo haya trabajado activamente para que los vecinos del sur tengan la tranquilidad de saber que por cinco años más van a tener este beneficio”, indicó.

Por su parte, el senador Marcelo Feliú precisó que la condición climática especialmente desfavorable del sudeste bonaerense es tan evidente que ningún espacio político dudó a la hora de prorrogar estas leyes.

“El sudeste tiene que tener una mirada particular porque tiene una condición climática estructural, y las políticas públicas tienen que tener esta consideración especial”, señaló.

Asimismo, el Senado aprobó un proyecto unificado proveniente de la Comisión de Legislación General, que tiene como autores a los legisladores Emmanuel González Santalla y Lorena Mandagarán.

El texto contempla una campaña de difusión a la comunidad orientada a concientizar sobre los efectos nocivos de la exposición a las pantallas en niños y niñas de hasta 12 años.

González Santalla explicó que el proyecto apunta a trabajar en el uso responsable de los dispositivos digitales en las escuelas primarias, y establecer límites positivos.

“Limitar para permitirles a nuestros chicos y chicas para que levanten la cabeza de la pantalla y mirar a la maestra en el aula, que puedan mejorar la atención en el proceso de aprendizaje y que interactúen entre ellos”, aseguró.

Durante la sesión se aprobó, a su vez, un proyecto del senador Pablo Obeid que crea un Régimen de Regularización de Aportes del Personal del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires que se haya desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios por temporadas.

El artículo 2 de la iniciativa explica que todo el personal que se haya desempeñado en esta modalidad podrá regularizar los períodos sin aportes entre temporadas, en un máximo de hasta sesenta 60 meses.

Obeid precisó que se trata de un grupo focalizado de 300 personas, y agradeció tanto el trabajo del gremio que nuclea a trabajadores del sector como a los distintos organismos que intervinieron en la elaboración del proyecto, como al tratamiento legislativo que consiguió.

Otra de las iniciativas que obtuvo el beneplácito del Cuerpo fue impulsada por la senadora Aldana Ahumada, y logró dictamen favorable en la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica.

El texto establece la enseñanza de programación y robótica en todos los niveles obligatorios, modalidades del sistema educativo público y en el nivel superior de formación docente, tanto para las instituciones de gestión estatal como de gestión privada de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los objetivos es desarrollar y estimular en los alumnos/as habilidades cognitivas vinculadas al ejercicio de su capacidad crítica, de su creatividad y curiosidad, fomentando el pensamiento lógico, una certera actitud crítica y la toma de conciencia sobre la emergencia de tecnologías disruptivas y la consecuente necesidad de adquisición de nuevas habilidades para una integración plena a la sociedad.

Tras conseguir dictamen favorable en la comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo, el Senado votó favorablemente, además, un proyecto de la senadora Flavia Delmonte que establece el marco legal para el desarrollo del turismo Rural en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

La finalidad de la ley es posibilitar el acceso de todos los sectores sociales a la práctica del Turismo Rural; diversificar la oferta turística y generar empleo y oportunidades en el interior, fomentando el desarrollo integral y sustentable de los sectores rurales de la Provincia de Buenos Aires.

La Cámara Alta provincial aprobó un proyecto de Ley que modifica e incorpora artículos del Código Procesal Civil y Comercial, estableciendo los procesos de la justicia para garantizar el derecho a la cuota alimentaria como derecho humano.

La senadora Sofía Vannelli, autora de la iniciativa junto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, explicó que estas modificaciones van a dotar a los jueces y juezas de herramientas que permitan acelerar el proceso en materia de alimentos, como reducir los plazos para contestar los informes.

También se votó favorablemente una iniciativa de los senadores Austín Maspoli y Eduardo Bucca tendiente a prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y gas natural en todos los establecimientos públicos.

“Las muertes por intoxicaciones por monóxido de carbono son más de 200 por año a nivel nacional, y las intoxicaciones agudas y crónicas tienen una prevalencia verdaderamente muy importante”, precisó Bucca.

Asimismo, ponderó otro proyecto de declaración, que exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a que implemente acciones para la plena operatividad del capítulo III de la “Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina N° 27.629”.

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Homenajes y declaraciones

Al inicio de la sesión, los senadores recordaron varios acontecimientos históricos que transcurrieron un 16 de septiembre.

Uno de ellos es el Golpe de Estado de 1955 que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón.

En segundo lugar, hubo referencias a la trágica Noche de los Lápices, tras cumplirse el 48° aniversario.

Por último, se hizo referencia al asesinato de Atilio López, ex vicegobernador de Córdoba, asesinado por la Triple A.

La buena sintonía entre los intendentes de la UCR y Axel Kicillof no solo quedó expuesta en la reciente reunión con el Foro que los agrupa. También surge en cada visita entre el mandatario bonaerense a distritos gobernados por algún jefe comunal del centenario partido.

La expresión más reciente de ese diálogo – no ocurre lo mismo los legisladores del radicalismo- fue el acto que compartió en Lobería junto al alcalde, Pablo Barrena, para la entrega de diez viviendas.

«Estas viviendas fueron financiadas por la Provincia y construidas de manera conjunta con el municipio: aunque tengamos diferencias políticas, apostamos ante todo por dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo“, expresó Axel Kiicllof quien volvió a ponderar el rol del Estado ante la premisa de Javier Milei de ponerle un cepo: “Aquí demostramos que no se trata de elegir entre lo público o lo privado, sino de garantizar primero la igualdad de oportunidades y la justicia social” dijo.

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En ese marco, recordó que el Gobierno nacional «tiene paralizadas más de 16 mil viviendas porque eliminaron toda la obra pública en la provincia: defienden un modelo sin Estado, en el que supuestamente todo debería resolverlo el mercado. Nosotros proponemos un camino muy distinto: el del compromiso conjunto entre trabajadores, empresarios y Estado para mejorarles la vida a los y las bonaerenses”, agregó.

Los elogios de un intendente UCR a Axel Kicillof

Por su parte, el intendente de Lobería, Pablo Barrena diferenció la postura de las gestiones nacionales y provinciales pese a ser ambas opositoras a su fuerza política de pertenencia: “Gracias al trabajo en conjunto entre el municipio y el Gobierno bonaerense les estamos dando una solución habitacional a familias de nuestro distrito: en un año sin obra pública nacional, la Provincia está presente para dar respuestas a los vecinos de Lobería”, sostuvo.

«En lo que va de este año entregamos 800 viviendas, dando respuesta así al sueño más legítimo que puede tener una familia”. Esto solo es posible con un Estado presente que entiende que gobernar es transformar la vida de la gente”, manifestó.

Las viviendas ubicadas en el barrio Solidaridad fueron construidas mediante el Programa Bonaerense II – Solidaridad con Municipios y cuentan con 56 metros cuadrados, sala de estar-comedor, dos dormitorios, cocina, baño y lavadero. En el mismo predio se encuentran en ejecución otras 32 casas.

Durante la jornada, el Gobernador hizo entrega también de 65 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de seis escuelas del distrito.

El juez federal de Zárate Campana, Adrián González Charbay, suspendió la aplicación de la resolución del Ministerio de Economía que prohíbe al municipio de Pilar aplicar una tasa municipal en las boletas de electricidad de Edenor y de gas de Naturgy BAN, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la comuna, hasta tanto decida si es constitucional o no la resolución del Gobierno.

El reclamo fue planteado por el intendente de Pilar, Federico Achával, que señaló que la resolución 267/2024 de la secretaría de Industria y Comercio “causa un gravamen irreparable a los derechos constitucionales del municipio”. Dijo la comuna que tiene derecho a cobrar tasas de servicios, por ejemplo, de alumbrado público, incorporándolas en la boleta de Edenor. Lo mismo planteó con la tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes, que se incluye en la boleta de Naturgy BAN SA.

El municipio justificó su pedido en la ley provincial N° 10.740 y en el convenio que mantiene con Edenor para cobrar el tributo municipal, a través de su incorporación en la factura del servicio de aquella empresa. A su vez, agregó las normas provinciales que dan el marco de la energía eléctrica y la competencia del organismo de control (OCEBA) en aquel territorio.

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Tras el pedido, el juez federal resolvió “hacer lugar a la medida cautelar” y ordenar “la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación” que había puesto en alerta a los intendentes del conurbano, que ya elevaron sus reclamos.

“La medida interina tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en autos. A tal fin, requiérase al Ministerio de Economía – Secretaría de Industria y Comercio que produzca el informe previsto por el artículo 4 de la ley 26.854, en el plazo de tres días de notificado de la presente resolución”, agregó el texto.

Tal como informó agencia DIB que la resolución nacional 267/2024 publicada la semana pasada en el Boletín Oficial restringe la posibilidad de aplicar recargos en las liquidaciones que envían las empresas de servicio a sus clientes. Y el objetivo, según dijo el ministro de Economía Luis Caputo, es que “las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor”.

Así, quedan afuera conceptos como pueden ser la tasa de alumbrado público, de seguridad e higiene o alguna relacionada con los bomberos que aparecen en las boletas y sirven para inversiones locales. No obstante, el Oceba aclaró ahora que la resolución 267 no puede primar sobre la Ley provincial 11.769, que regula la inclusión de conceptos ajenos en las facturas.

Es decir, Nación podría regular aspectos reglamentarios a las empresas que tienen concesión nacional como Edenor y Edesur. Y ahí sí impactaría en la caja de los intendentes del conurbano. Pero no sobre el interior, donde quien tiene injerencia es la Provincia. A través del Oceba regula los contratos con las compañías Eden (norte bonaerense); Edes (sur); Edea (municipios de la costa y Mar del Plata) y Edelap (Capital bonaerense y la región). Y a eso se suman las más de 200 cooperativas eléctricas que operan en el interior bonaerense. (DIB)