El Gobierno de PBA redobla la asistencia social: aumentos en SAE, alimentos y programas

A contramano del recorte aplicado por el gobierno de Javier Milei, la administración de Axel Kicillof decidió ampliar la inversión social en la provincia de Buenos Aires con un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), una suba del 25% en los principales programas sociales y la duplicación de la asistencia alimentaria destinada a los municipios.

La decisión fue anunciada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien sostuvo que, frente al deterioro económico y al retiro del Estado nacional, “la Provincia hace un enorme esfuerzo para optimizar los recursos y garantizar la seguridad alimentaria” en todo el territorio bonaerense.

La principal medida alcanza al Servicio Alimentario Escolar, que brinda desayuno, almuerzo y merienda a más de 2,5 millones de estudiantes de escuelas públicas bonaerenses. La inversión mensual pasará de $41.000 millones a $54.000 millones, lo que representa una suba del 30%. De esta manera, el presupuesto anual del sistema ascenderá a $553.910 millones.

Otro de los ejes es el refuerzo del Módulo Alimentario Territorial (MATE), a través del cual el gobierno provincial resolvió duplicar la asistencia alimentaria que se transfiere a los municipios. Según explicaron desde la Provincia, la medida busca fortalecer la respuesta directa en articulación con intendentes y organizaciones comunitarias, en un escenario social cada vez más complejo.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo bonaerense dispuso un incremento del 25% en distintos programas sociales. Desde abril comenzó a regir para las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), los Centros Juveniles y los Centros de Integración Social (CIS). En mayo se sumarán los programas Envión, REUNIR y Barrios Bonaerenses, mientras que desde julio se incorporarán las políticas destinadas a personas mayores, discapacidad, Más Vida, PAAC y PAAI. Con este esquema, la inversión anual en políticas sociales destinadas a sectores vulnerables superará los $182.000 millones.

Las UDI están destinadas al cuidado y desarrollo de niñas y niños desde los 45 días hasta los 14 años. Los Centros Juveniles brindan acompañamiento a jóvenes de entre 14 y 29 años. Los CIS están orientados a la contención y alojamiento de personas en situación de calle. También se verán alcanzados por la suba programas como Envión, destinado a jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad; REUNIR, que financia residencias para estudiantes terciarios y universitarios; y Barrios Bonaerenses, que apunta a la inserción sociolaboral mediante formación y capacitación.

Dentro del paquete también se encuentran los programas para personas con discapacidad —hogares, centros de día, talleres protegidos, actividades ecuestres y dispositivos de vida en comunidad— y los destinados a adultos mayores. Además, se reforzarán Más Vida, dirigido a personas gestantes, madres lactantes y niños pequeños, junto con el PAAC y el PAAI, orientados a la asistencia alimentaria para personas con celiaquía y quienes viven con VIH.

En paralelo al anuncio, Larroque volvió a apuntar contra la Casa Rosada por el desfinanciamiento del sistema alimentario. El ministro aseguró que actualmente la Nación aporta apenas el 5,7% del total de la inversión en asistencia alimentaria provincial y que en el caso puntual del SAE la participación nacional cayó al 14,5%, muy por debajo del 33% histórico que se registraba en años anteriores.

Según detalló, la administración nacional mantiene además una deuda acumulada desde 2024 con la Provincia que asciende a $220 mil millones. “En 2025 pedimos $130 mil millones y se giraron $77 mil millones. Para 2026 solicitamos $177 mil millones y se prevén apenas $80 mil millones, sin cronograma de pago”, advirtió el funcionario, al remarcar que la Provincia se ve obligada a sostener el sistema con recursos propios frente a la “asfixia financiera” impuesta desde Nación.

Con estos anuncios, el gobierno bonaerense busca sostener una red de contención social en medio del empeoramiento de los indicadores económicos y sociales, mientras crece la disputa política con la administración nacional por el reparto de fondos y el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables

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