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Lanzan el registro de la economía popular para formalizar a 6 millones de trabajadores

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Lanzan el registro de la economía popular para formalizar a 6 millones de trabajadores

El gobierno nacional buscará convertir en «productivos» los emprendimientos periféricos al sistema, con la convicción de que la pandemia obligará a reivindicar formas de producción «más cercanas a las necesidades de la sociedad y menos enfocadas al consumo masivo».

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El gobierno nacional abrirá esta semana el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, con el que buscará convertir en «productivos» esos emprendimientos periféricos al sistema que desarrollan unas 6 millones de personas en el país, con la convicción de que la pandemia de coronavirus obligará a reivindicar formas de producción «más cercanas a las necesidades de la sociedad y menos enfocadas al consumo masivo».

Así lo adelantó en una entrevista con Télam el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, quien sintetizó que el primer objetivo del registro apunta a «visibilizar» a este amplio universo de la población económicamente activa, que equipara en número a los 6 millones de trabajadores del sector privado formal y duplica al total de 3 millones de empleados del ámbito público.

«El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue un golpe de realidad porque mostró una economía que no estaba visibilizada; por eso el registro tiene como objetivo inicial ‘pensar’ la economía popular, inscribirla, establecer cuáles son sus ramas, sus actividades, sus unidades productivas y dónde se desarrollan», explicó el funcionario.

El segundo objetivo de ese «mapa» que empezará a confeccionarse la próxima semana -primero con una modalidad virtual por la pandemia y luego con operativos presenciales en los territorios- apunta a resignificar la mirada sobre esos trabajadores informales.

«Siempre fue vista como la economía de la necesidad, pero nuestra idea es que cambie esa concepción y que sea la economía de la producción; queremos que la política social pase de la asistencia de los sectores vulnerables a un desarrollo del trabajo que realizan, dignificarlo, ordenarlo y que potencie sus propios emprendimientos», describió Chena, economista que se desempeñó como investigador del Conicet y como docente de la Univesidad de La Plata.

Quiénes podrán inscribirse

Mujeres y hombres que se sostienen -o se sostenían antes del coronavirus- con la venta ambulante, la agricultura familiar, el arte callejero o tareas de cuida coches, limpia vidrios, pintores, serenos, electricistas, paseadores de perros, lustra botas, fleteros, cuidadoras en jardines maternales barriales, cartoneros, gasistas, recicladores, ayudantes de albañilería y tapiceros, entre otros, podrán inscribirse en el registro.

Se trata de quienes crearon su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios en unidades productivas individuales o colectivas, caracterizadas por su relación asimétrica en el ámbito financiero, comercial o fiscal.

«Son quienes hacen trabajos esenciales que hoy no son productivos y conforman el 50% de los trabajadores económicamente activos», graficó Chena, para quien el ‘después’ de la pandemia reafirmará la idea de avanzar hacia «una forma de producir posindustrial, más cercana a las necesidades de la sociedad y menos enfocada en el consumo masivo».

Ese universo no es «productivo» porque «no accede a créditos, ni a estructuras del mercado donde vender, ni siquiera a derechos laborales y son víctimas de la usura», advirtió.

Además, Chena valoró el hecho de que como esa gente «desarrolló su actividad en base a sus propias necesidades está mucho más cerca y comprende mejor la necesidad, que el negocio».

Otra premisa del registro será dotar a esos trabajadores de «instrumentos financieros acordes» a la economía popular, créditos no bancarios estatales «en condiciones razonables» para su evolución, derechos a una obra social y a una jubilación encuadrada en un tipo de monotributo productivo, que el gobierno tiene en estudio para desarrollar.

El registro

Esta propuesta empezará a materializarse a través del sitio www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep y forma parte del plan de salida de la crisis pospandemia, analizada entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y los movimientos sociales.

El registro está organizado en ocho ramas, para diferenciar los segmentos de la economía popular: 1) Comercio popular y trabajos en espacios públicos 2) Recuperación, reciclado y servicios ambientales 3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental 4) Industria manufacturera 5) Servicios socio-comunitarios 6) Agricultura familiar y campesina 7) Transporte y almacenamiento 8) Servicios personales y otros oficios.

Están habilitados a registrarse quienes tengan 18 años o más y no posean a su nombre más de dos inmuebles, ni tampoco cuenten con un trabajo en relación de dependencia que supere el salario mínimo vital y móvil.

Tampoco podrán acceder quienes estén inscriptos en el regimen simplificado de pequeños contribuyentes: sólo se admitirán las categorías A, B, C y D o titulares del monotributo social o monotributistas «promovidos».

El trabajo sexual, que había sido incluido inicialmente como categoría posible, quedó fuera del registro y será analizado y atendido en forma separada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Télam

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Se eliminará el 40% de los Registros del Automotor en todo el país

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De acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán las siguientes medidas:

Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

Se eliminará la «cédula azul»: A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

Se eliminará el vencimiento de todas las «cédulas verdes».

Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.

Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.

Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.

Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

A partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos.

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Prepagas: información importante sobre la actualización de los valores

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En el marco de la medida de tutela anticipada de la Secretaría de Comercio sobre los planes de salud médico-asistenciales, se aclara que el valor de cuota de referencia para la aplicación de los aumentos máximos será el correspondiente a la cuota de diciembre de 2023, independientemente de su fecha de pago o facturación.

En este sentido, estos valores no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023).

De esta manera, para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se deberá aplicar un ajuste, cómo máximo del 93,3% para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero). Mientras que para la cuota de mayo se deberá aplicar como máximo un ajuste del 114,6% (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo).

Por ejemplo, si la cuota es de abril, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 1,933 (si la misma se facturó después del 17 abril). Si la cuota es de mayo se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 2,146.

En el caso de las facturas previas al 17 de abril, el descuento se verá aplicado en la próxima factura.

En tanto, es importante destacar que este mecanismo de ajuste con un límite en la inflación registrada estará vigente por los próximos 5 meses, es decir hasta septiembre.

El alcance de la medida es para todos los asociados de las empresas alcanzadas por la medida de tutela anticipada que dictó la Secretaría de Industria y Comercio a partir del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Esta medida no discrimina entre usuarios individuales, corporativos y derivados. Las empresas alcanzadas por la medida son: OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán, Hospital Británico.

Por otra parte, en caso de que las empresas se nieguen a limitar el ajuste correspondiente, los usuarios se pueden comunicar al 0800-666-1518, que es línea gratuita de la Dirección de Defensa al Consumidor o a [email protected]. Mientras que para formular denuncias, ingresar a www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor.

Para finalizar, si se comprueba el incumplimiento por parte de las empresas de medicina prepaga se aplicará una multa diaria equivalente al 0,1% de la facturación del grupo económico, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.442 (Ley de Defensa de la Competencia).

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Las compañías de seguros ya no ofrecerán los servicios de remolque y auxilio mecánico

Es una decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación, tomada luego de recibir “múltiples quejas” de los asegurados por los “altos costos y la mala calidad” del servicio de grúa por desperfectos mecánicos. Empezará a correr dentro de 90 días.

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La Superintendencia de Seguros de la Nación publicó en el Boletín Oficial una resolución que afecta el servicio de remolque que tenían las compañías aseguradoras en todo el ámbito de la República Argentina. Desde ahora los seguros ya no podrán incluir en sus pólizas este servicio ni el de auxilio mecánico a los usuarios.

De esa forma, se determinó que únicamente en caso de siniestro por daño, incendio, robo o hurto, los gastos de traslado y estadía serán cubiertos por el asegurador. En cambio, ya no tendrá vigencia la cobertura que existía hasta ahora sobre “traslado, remolque, asistencia y/o estadía del vehículo asegurado, generados por desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas, falta de combustible y/o cualquier otro que no tenga vinculación con un accidente, incendio, robo y/o hurto”, expresa el texto oficial publicado este viernes.

La Resolución SSN 217/2024 que modifica el Reglamento de la Actividad Aseguradora, dio un plazo de hasta 90 días para implementar este cambio, pero además, una vez pasados los 90 días, el cambio se aplicará a cada usuario al renovar la póliza.

Es para proteger al ciudadano:

La SSN tomó esta decisión luego de recibir “múltiples quejas” de los asegurados por los “altos costos y la mala calidad” del servicio de grúa por desperfectos mecánicos.

En un comunicado en su web, la Superintendencia afirmó que “busca proteger al ciudadano, enfocando la responsabilidad de las aseguradoras en el objeto principal del contrato de seguros que es el de cubrir riesgos e indemnizar siniestros, en vez de brindar un servicio ajeno a la actividad, deficiente en su prestación y con un alto grado de insatisfacción”.

“De esta manera se otorga la posibilidad de, por un lado, un mayor desarrollo de la oferta y por el otro, al ciudadano, de elegir precio y servicio según su conveniencia y criterio”, cierra la SSN.

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