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El Gobierno disolvió una empresa estatal ferroviaria y despidió a casi 1400 empleados

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El Gobierno disolvió una empresa estatal ferroviaria y despidió a casi 1400 empleados

Se trata de Trenes Argentinos Capital Humano, una de las subsidiarias de Trenes Argentinos. Según el Ejecutivo, el ahorro para el Estado será de $42.000 millones anuales

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El Gobierno dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y despidió a 1388 empleados, mientras que otros 500 serán relocalizados en Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), de acuerdo con la Resolución N° 35/2024 publicada en el Boletín Oficial.

Según anunció el vocero Manuel Adorni junto al secretario de Transporte, Franco Mogetta, la medida constituye un ahorro para el Estado de $42.000 millones anuales por la reducción de empleos y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban en promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales.

En concreto, se trata de una de las 5 empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos y que fue la sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios. Se había creado con el objetivo de “diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria”.

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Entre sus unidades estaban el Archivo Histórico Documental Ferroviario, Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria y el Museo Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz”.

De acuerdo con el Gobierno de Javier Milei, entre 2019 y 2023, DECAHF se transformó en una empresa que realizaba “obras públicas, cuando no le correspondía por estatuto, y contrataba a artistas populares con la única finalidad de satisfacer necesidades políticas-partidarias”.

“En esos años, gastó US$10 millones para ejecutar obras completamente innecesarias para el sector ferroviario y $80 millones en la contratación de artistas para espectáculos, función que nada tenía que ver con sus objetivos”, afirmó la Secretaría de Transporte en un comunicado.

“Cada una de las 5 empresas ferroviarias contaba con un área de género, con personal completamente sobredimensionado que no asistía a sus puestos de trabajo en muchos casos y con funciones que se duplicaban”, agregó.

“No vamos a permitir que el estado gaste un peso más del necesario para su funcionamiento. Hoy estamos reduciendo un costo mensual mayor a los 3.200 millones de pesos y cada vez que encontremos funciones duplicadas vamos a trabajar para eliminarlas. No podemos permitir que en la Argentina con 53% de pobres, se gaste un peso en sueldos privilegiados o estructuras innecesarias”, concluyó.

Aún quedan algunos empleados, que tienen funciones puntuales y que van a seguir manteniendo sus puestos pero serán absorbidos por otra empresa. De hecho, los 500 empleados traspasados a FASE cumplirán funciones de gestión y administración en el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria (CENACAF), en el Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria (CENADIF) y en el Archivo General Ferroviario, a cargo del resguardo del documental técnico ferroviario. También resguardarán legajos del personal, conservarán patrimonio histórico ferroviario; repararán y mantendrán material rodante, coordinarán y articularán la relación con las empresas que integran FASE y con los diferentes actores del sector ferroviario, y estarán a cargo de la planificación ferroviaria y de la terminalidad educativa del sector. (DIB)

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La producción metalúrgica tuvo una caída de 7,3% en septiembre

La cámara metalúrgica anunció que fue el retroceso más alto para un mes de septiembre desde 2019.

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La recesión sigue impactando en los principales sectores de la economía del país. Ahora se conoció que la producción metalúrgica, clave en la actividad industrial,tuvo en septiembre una caída anual de 7,3%, según informó la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

Con los últimos números a disposición, la contracción de la producción metalúrgica acumula una caída de 14,1% en comparación con el tramo enero-septiembre de 2023. Y el dato de este último mes representa el retroceso más pronunciado para tratarse de un septiembre desde 2019.

El informe fue elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de Adimra y señaló que la utilización de la capacidad instalada es del 50,1% y que también registró una disminución ubicándose 5 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año previo y 9,9 puntos por debajo del promedio del 2023.

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El único dato “positivo” es que el mes pasado, en la comparación mensual con agosto, yuvo una mejora de la actividad sectorial de 0,8%.

En un análisis en detalle sobre los subsectores que componen la industria metalúrgica, Adimra observó una caída en todos ellos, a excepción de Maquinaria Agrícola y de Carrocerias y remolques. Para estos dos casos, la base de comparación del 2023 fue muy baja por el impacto de la sequía.

En ese sentido, Adimra planteó que “las empresas proveedoras de las cadenas de valor de la construcción, consumo final y automotriz son las que han demostrado peores desempeños relativos, con caídas de hasta 11%, mientras que las vinculadas a la cadena de petróleo, gas y minería continúan registrando las menores variaciones interanuales negativas”, indicaron desde la cámara sectorial.

Los más afectados a lo largo de septiembre fueron el sector de fundición (-23,5% su segunda contracción más intensa del año), equipos eléctricos (-8,9%) y autopartes (-8,3%), mientras que carrocería y remolque (+7,3%) fue uno de los sectores que registró incremento durante el mes.

Por la contracción reiterada a lo largo del mes, el sector metalúrgico registró un impacto considerable en el empleo. “Debido a las fuertes contracciones en la actividad verificadas en los últimos meses, el nivel de empleo que aportan las empresas del sector, se observa una disminución interanual de -3,2% y comparado contra el mes de agosto, disminuyó -0,2%”, indicó Adimra. (DIB)

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Argentina fue el único país del G20 que no apoyó una declaración sobre igualdad de género

En un documento preparatorio, ministras de la Mujer propusieron políticas de empoderamiento y eliminación de las desigualdades, pero esos conceptos no fueron apoyados por el Gobierno.

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Argentina fue el único país del G20 que no apoyó una declaración sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres que firmaron en Río de Janeiro ministras y funcionarios de las naciones del bloque.

“La Presidencia Brasileña del G20 Igualdad de Género y Empoderamiento de la Reunión Ministerial de Mujeres señala que todos los miembros del grupo excepto Argentina estuvo de acuerdo con el contenido del siguiente texto”, se afirma en un documento oficial.

Así, Milei profundizó en el ámbito internacional una política que viene llevando adelante en su administración desde el primer día, con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y del Instituto contra la Xenofobia y el Racismo (INADI).

La decisión de no adherir a la declaración escala tensiones entre el gobierno de Javier Milei y el de Luiz Inacio Lula Da Silva, que es anfitrión de la próxima reunión de presidentes, que se llevará a cabo en la Cidade Maravilhosa el 18 y 19 de noviembre.

En ese marco, una funcionaria la Cancillería brasileña emitió una crítica al respecto a través de su cuenta de X. “Cuando la extrema derecha avanza, las mujeres pierden. Argentina, único país del G20 que no se suma al consenso sobre igualdad de género. Presidencia brasileña firme en su posición de que la igualdad no es negociable”, publicó Vanessa Dolce de Faria, Alta Representante para Temas de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

Más allá de las tensiones con Brasil, la posición de no apoyar el documento pone al Gobierno de Milei en una posición diferente a todos los países del G20, que representan el 85% del PIB mundial, más del 75% del comercio mundial y alrededor de dos tercios de la población y del que forman parte Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía y dos bloques: la Unión Europea y la Unión Africana. (DIB)

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El Gobierno envía un proyecto al Congreso para derogar 70 leyes

Se trata de la “Ley Hojarasca”. Es en el marco de las medidas que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Sturzenegger.

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El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto, nombrado como la “Ley Hojarasca”, que busca derogar alrededor de 70 leyes que el Ejecutivo considera como “obsoletas”.

La presentación está vinculada al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y sostiene que las normativas a derogar “representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, entre otros abusos del Estado”.

Según un gráfico que compartió Sturzenegger en su cuenta de X, la iniciativa busca derogar normativas impuestas por las dictaduras y leyes sancionadas en el periodo democrático. Incluyen leyes de las presidencias de Isabel Perón, Agustín Lanusse, Reynaldo Bignone, Héctor Cámpora, Juan Carlos Onganía, Carlos Menem, Raúl Lastiri, Jorge Rafael Videla y Néstor Kirchner.

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En el comunicado dado a conocer este viernes por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, se señaló que “el gobierno del presidente Javier Milei realizó un análisis detallado de las leyes argentinas y encontró 6 motivos para la derogación de diferentes normas”.

Según se informó, las normas a derogar están vinculadas al derecho a la propiedad, a tramites, a cuestiones que quedaron obsoletas por cambios tecnológicos o que fueron mejoradas por leyes posteriores, entre otros temas.

Entre estas cuestiones, se enumeró: leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, que eliminan trámites inútiles y sin sentido, que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores, que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos, que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que dejaron de existir y que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos.

“En definitiva, este proyecto de ley busca lograr un cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y, por ende, más justo y una Argentina con mayor libertad”, indicaron desde el Gobierno. (DIB)

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