En medio de una investigación judicial vinculada a los “saca-multas”, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires avanzará antes de fin de año con un nuevo sistema de multas vinculadas al Código de Transito bonaerense.

El anuncio estuvo a cargo del titular del área, Jorge D’Onofrio, quien explicó las dificultades que lo llevaron a impulsar estos cambios que, según dijo, estarían en funcionamiento hacia diciembre.

“El grave problema que tenemos con este sistema es que no tiene posibilidades de autodepurarse ni de controlar algunas cuestiones que nosotros queremos que queden mucho más transparentadas”, dijo.

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Actualmente, hay 32,6 millones de infracciones de tránsito en stock. Algunas datan del año 2009, año del que es el actual régimen. “Estamos al límite de las capacidades”, reconoció en conferencia de prensa.

“El sistema no se puede autodepurar para transparentarlo”, señaló D’Onofrio, e hizo referencia que hay alrededor de 32.600.000 multas en stock. En ese sentido, dijo que existen tres posibilidades: que se condene a un conductor a pagarla, que se lo absuelva y que quede en stock de manera indefinida.

En este escenario, el objetivo es desarrollar “un nuevo sistema de juzgamiento” que les permita “incrementar la productividad y la transparencia”. Según contó el ministro, hoy en día se procesan entre 500.000 y 600.000 multas por mes, pero la idea es aumentar ese número.

Investigación judicial en marcha

El cambio que impulsa el Gobierno de Axel Kicillof se da en medio de una causa que investiga la Justicia por el accionar de una supuesta organización de corrupción integrada por funcionarios, abogados y gestores que involucra a Transporte por la obtención de ganancias indebidas en la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito.

El supuesto modus operandi que investiga fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta era captar a automovilistas con multas y ofrecerles una reducción de un 50% en la infracción. “Ingresaban al sistema, reducían la multa a la mitad y en tiempo muy breve al deudor se le imponían penas muy pequeñas. La diferencia de esa ganancia se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que hacían el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”, señaló el fiscal.

En este contexto, el Ministerio se presentó ante la Justicia como querellante en la causa, y hoy en conferencia D’Onofrio aclaró que no existe “ningún borrado de multas en la provincia”. Además, ejemplificó que año tras años creció el número de multas y la recaudación. “Mientras que durante 2022 se recaudaron 14 mil millones de pesos, en lo que va de este año ya van 67 mil millones”, señaló. Y destacó que de 1.100.000 multas cobradas en 2022, se pasó a 1.500.000 un año más tarde y estimó que este 2024 terminará en torno a 1.800.000.

También, el ministro dijo que pretenden controlar mejor los destinos del dinero recaudado por el pago de las infracciones. Para esto firmaron un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para que las facultades de económicas y de informática pongan en marcha un sistema de “auditoría permanente”. (DIB)

El Gobierno de Javier Milei prohibió el cobro de tasas municipales en servicios públicos, una medida que hizo escalar la tensión de la administración nacional con los intendentes, quienes advierten que se trata de un mecanismo para “ahogar” a los municipios. Sin embargo, desde el Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba) se dejó en claro que en la provincia de Buenos Aires, al menos en una parte de ella, las empresas distribuidoras están habilitadas a incluir conceptos ajenos al de electricidad en las liquidaciones mensuales.

¿Por qué pasa esto? En principio porque se aduce que una resolución de una secretaría nacional no puede ir por encima de una ley provincial. Y eso es lo que marcan en la gestión de Axel Kicillof para asegurar que, al menos, las prestadoras y cooperativas del interior bonaerense van a poder seguir cobrando esos “plus” que aparecen en la boleta. Los que no podrían seguir adelante son los intendentes del conurbano, que ya elevaron sus reclamos.

La resolución nacional 267/2024 publicada el miércoles en el Boletín Oficial restringe la posibilidad de aplicar recargos en las liquidaciones que envían las empresas de servicio a sus clientes. Y el objetivo, según dijo el ministro de Economía Luis Caputo, es que “las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor”.

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Así, quedan afuera conceptos como pueden ser la tasa de alumbrado público, de seguridad e higiene o alguna relacionada con los bomberos que aparecen en las boletas y sirven para inversiones locales. No obstante, el Oceba aclaró ahora que la resolución 267 no puede primar sobre la Ley provincial 11.769, que regula la inclusión de conceptos ajenos en las facturas.

Es decir, Nación podría regular aspectos reglamentarios a las empresas que tienen concesión nacional como Edenor y Edesur. Y ahí sí impactaría en la caja de los intendentes del conurbano. Pero no sobre el interior, donde quien tiene injerencia es la Provincia. A través del Oceba regula los contratos con las compañías Eden (norte bonaerense); Edes (sur); Edea (municipios de la costa y Mar del Plata) y Edelap (Capital bonaerense y la región). Y a eso se suman las más de 200 cooperativas eléctricas que operan en el interior bonaerense.

Cabe destacar que en electricidad, la ley 10.740 de la provincia de Buenos Aires, sancionada en 1991, habilita a los municipios a convenir con las distribuidoras la percepción de la tasa de alumbrado en las facturas de luz. “Sin dejar de considerar que la norma nacional pretende avasallar competencias provinciales propias de esta jurisdicción, corresponde indicar que el régimen provincial contempla expresamente la regulación en los conceptos ajenos, sin que ello vulnere los principios de la Ley de Defensa del Consumidor”, lanzó el Oceba en un comunicado.

En este sentido, el presidente del organismo, Diego Rozengardt, reiteró que existe un marco regulatorio desde los años 90. Por ejemplo, “el alumbrado público tiene una ley específica y será una discusión que se deba dar en la Legislatura”, dijo a FM La Cielo. Y aclaró que la factura que mostró Caputo en la red social X es del Partido de la Costa y están diferenciados los conceptos que se pagan por la luz y esas tasas extras que denuncia.  

“Las cooperativas brindan otros servicios, como agua, sepelios, etc. Tiene que tener discriminado el servicio extra que se cobra y con código de barras diferenciado, tal como lo prevé la regulación. Si uno no paga sepelio, por ejemplo, no se le tiene que cortar la luz”, agregó Rozengardt. (DIB)

La Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba) anunció un nuevo paro de 48 horas este jueves 12 y viernes 13 de septiembre. El pasado jueves 5 ya había tomado una medida similar.

En un comunicado y tras una reunión con autoridades de IOMA, la obra social ratificó su postura de dejar sin efecto el convenio en los partidos de Junín, Rojas, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, General Pinto, Florentino Ameghino, Alberti y Bragado. 

El vicepresidente de IOMA, Mariano Cardelli, señaló que con la resolución del directorio de la obra social de dar de baja el convenio con la FEMEBA para la región de Junín, a partir de ahora “las y los profesionales médicos pueden prestar servicios en las modalidades que IOMA brinda”.

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Cardelli aseguró que luego de prescindir de los servicios de la FEMEBA “abrimos el juego” para que los médicos sigan prestando servicios para los afiliados en la región. El Vicepresidente de la obra social explicó que pueden hacerlo a través de los círculos médicos, mediante una clínica o una prestataria privada. “Todas esas posibilidades están abiertas”, aseguró el funcionario.

Femeba respondió en un comunicado que el dato alarmante de las declaraciones del funcionario de IOMA “es el grado de improvisación que muestra al referirse a la intención de hacer nuevos convenios directos con Círculos Médicos o a través de “asociaciones”, ¿tercerizar con fines de lucro?”.

En la misma reunión, se abordaron temas relacionados con la deuda que mantiene el IOMA con FEMEBA, la cual asciende a más de 7.000.000.000 de pesos.

“Por todos estos motivos y la ausencia de predisposición de las autoridades del IOMA a mantener un diálogo abierto y fructífero, los médicos representados por FEMEBA realizaremos en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires un cese de actividades de 48 horas, los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre”, anunciaron.