A partir de este mes la Provincia comienza a cobrar un canon mensual por uso del agua como materia prima. Las estrategias del Ejecutivo frente a un 60 por ciento de usuarios sin registrar

Antes de cumplir los quince años de espera, el canon al agua se puso en vigencia en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una reforma que había sido aprobada por los legisladores bonaerenses en 1999, a través de la ley 12.257, que establecía en sus artículos 43, 55, 56 y 67 la imposición de un tributo para aquellos “concesionarios o permisionarios de derechos de agua pública”. Se detallaban además los usos determinados por los cuales se aplicaría la carga.

Sería para “abastecimiento de agua potable, uso agropecuario, uso industrial, uso recreativo, deportivo y de esparcimiento, uso energético, uso de aguas con propiedades terapéuticas, medicinales y termales o vapor de agua, uso minero, uso piscícola, flotación y navegación”, y otros que pudiera determinar eventualmente el gobierno.

Sin embargo, al decidir hacer uso de esta herramienta, el Ejecutivo sabía que se enfrentaba a un viejo lobby de los sectores involucrados, que durante años habían logrado demorar el tributo. Por eso se decidió establecer desde la Autoridad del Agua un proceso paulatino de incorporación del canon.

“La aplicación tarifaria tendrá un esquema de integración por etapas, que comenzará por los grandes usuarios: los de riego intensivo, los productores de bebidas, de usos industriales, campos de golf y recreativos, entre otros”, aclaró el presidente de la entidad, Daniel Coroli, al ser consultado al respecto. “Además, los recursos serán destinados íntegramente a tareas de control, planificación y gestión integrada de los recursos hídricos (planes hidrológicos, cartas de riesgos, estaciones de monitoreo on line, control de caudalímetros de efluentes industriales)”, se encargó de remarcar.

El canon por sí solo no representa una fuerte amenaza para la industria y el campo, ya que el pago mensual rondaría entre los 5 y los 10 mil pesos, una cifra que, si bien no es baja, no altera las cuentas de este tipo de emprendimientos.

El mayor problema radica en el control que se comenzará a realizar a partir del cómputo del canon. Es sabido que de los 50 mil usuarios que deberían estar comprendidos por el tributo, ya que tienen pozos de agua, sólo 20 mil están blanqueados ante la Provincia. Por ese motivo se puso en marcha una etapa de inspección para detectar la proliferación de perforaciones clandestinas. También se comienza a observar el uso y abuso del líquido elemento en la producción, y la razonabilidad de los métodos para la utilización y procesamiento del agua en el producto final.

Los barrios cerrados y clubes de campo también están comprendidos por este gravamen, ya que utilizan el agua para el riego y el mantenimiento de las canchas de golf, polo y otras. Y también alimentan a los lagos o lagunas artificiales que se planifican en este tipo de espacios urbanos cerrados.

Para evitar futuros conflictos, el gobierno se ha encargado de aclarar que el cobro de esta herramienta no será de forma compulsiva, sino a través de acuerdos. También, que la medida no es con fines recaudatorios, sino, por el contrario, para obtener recursos que hoy no posee la Provincia, para poner en marcha controles, estudios y reformas en el tema.

“Ya firmamos un convenio con la Unión Industrial, con la Asociación de Semilleros, y estamos a la rúbrica de acuerdos con los feed lots, con los productores de aves y con otros sectores, para implementar el cobro de forma consensuada.

No queremos que esto repercuta de alguna manera en la parte productiva, que el tema no haga perder competitividad a nadie, sino todo lo contrario”, indican desde la Autoridad del Agua.

En realidad, la modalidad de tasa al agua no es novedosa, ya que existe en varias provincias de nuestro país (y no exclusivamente en las del norte, donde se sabe que el recurso escasea). Sin embargo, implementarla siempre significa un proceso de aceptación y acuerdo.

Existe además una cuestión de fondo en esta ley, que es la utilización del recurso, más allá del costo que pueda significarle al productor o al Estado.

Sucede que en la Provincia no ha habido en décadas una planificación en el uso del agua, ni un control o monitoreo sobre la expansión de los pozos privados.

“La cantidad y la calidad de agua subterránea, así como la recarga anual de los acuíferos, tiene que ser estudiada en detalle antes de su uso”, indica una recomendación de la Unesco. Sin embargo no se han tomado recaudos al respecto, y ya se comienza a observar escasez del recurso en muchos distritos, como el caso de Pilar.

En esta comuna, la expansión del parque industrial, sumada al avance de los barrios privados y otros emprendimientos inmobiliarios, generó una sobredemanda de agua, que es provista por el acuífero Puelches.

“Los acuíferos renovables alimentados regularmente por las precipitaciones atmosféricas también corren peligro, a causa de su explotación excesiva -la cantidad extraída supera a la ingresada-, y se detectan además niveles de contaminación”, señalan los organismos especialistas en el tema.

La situación de Pilar no es la única, ya que en otras localidades comienza a observarse la baja de las napas freáticas. El cuidado del agua, como “patrimonio de la Provincia”, es el tema que se impone en la agenda de 2015.

FUENTE: LATECLA