El organismo difundió la semana pasada una circular que dispuso la suspensión de nuevas licitaciones y condicionó la asignación de recursos para obras en ejecución a su propia aprobación. «En el marco de expresas instrucciones recibidas desde la Secretaría de Obra Públicas, pongo en vuestro conocimiento que no se efectuarán a partir de la fecha llamados a licitación y, asimismo, se suspenderán los trámites licitatorios que se encuentren en curso, sea cual fuere el estado de avance de los mismos (licitaciones de obras, trámites de análisis de ofertas, preadjudicaciones y contrataciones)», sostiene el documento, que obtuvo la nacion.

La norma supone la interrupción en los próximos meses del plan de mejora de rutas en todo el país. En el sector de la construcción creen que el ajuste intenta reducir el enorme déficit en las cuentas públicas.

Se trata de la circular N° 2 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), del lunes pasado, que lleva la firma de su administrador general, Nelson Periotti.

Los fondos de Vialidad están entre los más suculentos de los que maneja el Gobierno, sólo detrás de los presupuestos destinados a cubrir los subsidios a la energía y muy por delante de lo que reciben Aerolíneas Argentinas y la mayoría de los planes sociales.

Para este año, por ejemplo, la DNV tiene autorización para gastar $ 22.228 millones, seis veces más que los fondos destinados específicamente a la obra pública.

La mayor parte de sus recursos están destinados a volcar dinero en las rutas: más de $ 12.000 millones para nuevos tendidos, otros $ 3651 millones para el mantenimiento y 4101 millones en los corredores viales concesionados, según los números de ejecución presupuestaria.

De acuerdo con los empresarios del sector, la interrupción de la planificación comenzará a notarse en los próximos meses. Hasta ahora, Vialidad usó poco más de la mitad de los recursos disponibles.

Fuentes del sector empresario reconocieron que si bien la notificación formal que congela las licitaciones llegó la semana pasada, los colaboradores del ministro de Planificación, Julio De Vido (el presupuesto de Vialidad forma parte de su cartera) y del secretario de Obras Públicas, José López, les habían comentado informalmente la intención de suspender las contrataciones.

Documentos oficiales corroboran esa decisión, ya que la DNV, antes pródiga en llamados a licitación, tiene una sola abierta, que contempla la «adquisición de baterías para movilidades, máquinas y equipos auxiliares» en Tierra del Fuego, por apenas 95.235 pesos.

LLAMATIVA PREOCUPACIÓN

La nota de Periotti da algunos argumentos para sostener la decisión. Dice que la DNV hizo en la última etapa una gran cantidad de llamados a licitación en el marco de «la planificación plurianual de acuerdo con las necesidades que requiere la red vial nacional». Pero reconoce que «la puesta en marcha de este vigoroso plan de obras, sin lugar a dudas, condicionaría los presupuestos futuros, acotando el marco de acción que necesariamente deben tener las autoridades que asuman el 10 de diciembre».

El mismo argumento dio un empresario constructor de buen diálogo con el Gobierno. Bajo el pedido de reserva de su nombre, sostuvo que se trata de una «determinación política, no técnica», para dejarle las manos libres al que sigue. Pero de inmediato lamentó la decisión, porque consideró que «la red vial no está en óptimas condiciones, ni mucho menos», y recordó que la programación de Vialidad contempla una gran cantidad de obras.

La preocupación del Gobierno por quien lo suceda es desconocida y no se corrobora en otras áreas. Por caso, desde hace tiempo muestra un gran interés por que se aceleren los trámites para comenzar con la construcción de las centrales hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, cuyo presupuesto superará los $ 22.000 millones y se financiará con un crédito de China.

Tampoco coincide con una de las frases más notorias del ministro de Economía, Axel Kicillof, quien semanas atrás afirmó que el Gobierno no estaba armando «ninguna bomba» porque piensa quedarse.

Algunos representantes del sector de la construcción relacionaron el congelamiento de las obras viales con la necesidad oficial de comenzar a ajustar el gasto.

Entre enero y mayo, el déficit financiero superó los $ 70.000 millones debido a que las erogaciones del Estado superan cada vez con más amplitud a la recaudación.

Además del endeudamiento, el Gobierno acudió a la emisión de moneda para atender sus mayores gastos, algo que más tarde o más temprano repercute en otras variables de la economía, como la inflación y la cotización del dólar.

En la primera década de gobierno, el kirchnerismo destinó $ 63.400 millones a la construcción y el mantenimiento de rutas. Santa Cruz, la provincia presidencial, fue la más beneficiada: se llevó cerca de $ 6885 millones, casi el 11% de los fondos disponibles, incluso por delante de Buenos Aires, el distrito económico más importantes del país.

Fuente: La Nacion