Buscan prohibir en la Provincia a los ciudacoches y limpiavidrios

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca prohibir la actividad de los denominados cuidacoches y limpiavidrios sin autorización en la provincia de Buenos Aires y prevé multas y arresto para quienes realicen ese tipo de actividades.

La iniciativa, de los diputados de Cambiemos Matías Ranzini y Guillermo Castello, modifica el Código de Contravenciones provincial para sancionar ese tipo de actividades.

El proyecto define a los cuidacoches o trapitos como las “personas que ofrecen voluntariamente y sin guardar relación alguna con la administración pública, servicio de estacionamiento o cuidado de vehículos que se estacionan a cambio de una retribución voluntaria de quien recibe el servicio”.

Además, establece que los limpiavidrios son aquellos que “ofrecen voluntariamente y sin autorización la limpieza de vidrios de cualquier tipo de automotor en la vía pública, ya sea en forma onerosa o gratuita”.

“Nos parece fundamental el proyecto porque ataca el primer eslabón de una cadena mafiosa que hay detrás. El sistema propuesto permitirá poner fin a las situaciones de tensión que se dan con los trapitos en las calles de la provincia de Buenos Aires”, explicó Ranzini.

Agregó que con esta iniciativa “estamos brindando a quienes transitan por las calles de la provincia una herramienta de protección frente a quienes pretenden exigir una remuneración por algo que no les fue pedido, generando situaciones de intimidación, y muchas veces de violencia, que no pueden ser toleradas por el Estado”.

n tanto, su par de bancada Guillermo Castello consideró que es necesario “terminar con esta actividad de quienes se apropian del espacio público extorsionando y apretando a los ciudadanos”.

“Muchas veces, detrás de los cuidacoches, hay mafias que se han organizado para dividirse la ciudad como si fuera un botín, en perjuicio de los vecinos”, graficó.

A su vez, el legislador aseguró que se desterrará “para siempre” esta actividad que “quita libertad a los ciudadanos y beneficia los bolsillos de organizaciones e individuos que lucran con el apriete, la intimidación y el miedo de la población”.

“La gente va a poder denunciar estos atropellos a su libertad, y para lograr una aplicación efectiva de la ley, va a ser imprescindible la colaboración y el compromiso de la ciudadania”, cerró.