Capital Federal
El Gobierno nacional profundiza el ajuste en Salud y Educación con recortes por casi $3 billones
A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo oficializó una poda histórica que afecta desde tratamientos oncológicos y alfabetización hasta obras hídricas, mientras reasigna fondos para retiros voluntarios en ANSES.
El Gobierno nacional formalizó este lunes una profunda reestructuración del Presupuesto 2026 que consolida un ajuste de proporciones inéditas en áreas sensibles del Estado. Bajo las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la Decisión Administrativa 20/2026 dispuso el recorte de partidas clave en Salud y Educación, la asfixia financiera a las provincias y, en paralelo, el financiamiento de planes de desvinculación laboral en organismos públicos.
La medida, que ya entró en vigencia, busca «reordenar las cuentas públicas» mediante la baja de créditos presupuestarios en diversas jurisdicciones, afectando programas con alto impacto social y paralizando infraestructura estratégica en todo el territorio nacional.
El impacto en Salud y Educación: medicamentos, cáncer y alfabetización
El área de Salud Pública sufrió una quita de $63.021 millones. El golpe más duro recayó sobre el acceso a medicamentos y tecnología médica ($20.000 millones) y el fortalecimiento de sistemas provinciales ($25.000 millones). Sin embargo, el dato más alarmante es la reducción de $5.000 millones en el programa de lucha contra el cáncer, afectando directamente las ayudas sociales para pacientes oncológicos. Además, organismos como el INCUCAI y el Instituto Malbrán perdieron fondos millonarios, lo que paraliza obras de alta complejidad.
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Por su parte, la Secretaría de Educación registró una baja de $78.768 millones. Los puntos críticos incluyen:
Plan Nacional de Alfabetización: una poda de más de $35.000 millones.
Fondo de Compensación Salarial Docente: se eliminaron casi $9.000 millones destinados a equiparar sueldos provinciales.
Universidades Nacionales: se frenaron obras de infraestructura por $5.303 millones, afectando a casas de estudio como La Plata (UNLP), San Martín (UNSAM) y Avellaneda (UNDAV).
EDUC.AR S.A.: la empresa estatal perdió transferencias por $48.000 millones.
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