Tal como había adelantado, primero apenas se sancionó la Ley de Presupuesto Universitario y luego minutos después de la masiva movilización en defensa de las universidades públicas, el presidente Javier Milei vetó este jueves la norma y dejó en evidencia su férrea decisión de seguir ajustando la educación pública.

Así quedó plasmado en el Decreto 879/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de todo su gabinete de ministros.

«Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757» mientras que en el artículo dos se remarca: «Devuélvase al H. Congreso de la Nación el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior».

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Mientras lanza un más que generoso blanqueo de capitales a quienes evadieron al fisco y alivia la carga impositiva al sector más rico de la sociedad, el veto de Milei indica entre sus considerandos que la Ley de Financiamiento Universitario atenta contra la política de déficit cero que sostiene el Gobierno desde el 10 de diciembre pasado.

«Es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento» y aclaró que «el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento'».

Así Milei dejó en claro que, a diferencia de lo que prometió en campaña el ajuste seguirá recayendo sobre las espaldas de los trabajadores, jubilados, sectores más postergados y ahora también, los estudiantes universitarios.

El veto había sido anticipado minutos después de finalizada la movilización por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente en la red social X. «El Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal», indicaron desde la Casa Rosada.

Y agregaron: «Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025».

Por segunda vez en el mandato de Javier Milei se llevó adelante una Marcha Federal Universitaria. Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, junto a organizaciones políticas y sindicales reclamaron al Congreso Nacional que insista con la Ley de Financiamiento para las casas de estudio, que será vetada en las próximas horas por el presidente, según anticiparon desde el Gobierno.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas, junto a miles de personas autoconvocadas, volvieron a protagonizar una masiva manifestación en defensa del presupuesto universitario: las marchas se dieron en todo el país, pero el epicentro fue la plaza de los Dos Congresos, donde se leyó el documento final: “promulgue la ley de financiamiento universitario”, se exigió en el texto, leído por la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández.

La convocatoria arrancó temprano y ya hacia el mediodía había mucha gente en la plaza: los manifestantes fueron docentes y no docentes, profesores e investigadores de la casa de altos estudios; militantes gremiales, políticos y de organizaciones sociales. Y también miles y miles de personas que no pertenecen a la comunidad educativa opero expresaron su apoyo a la universidad por su rol en la movilidad social argentina.

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Muchos de los carteles expresaban la trayectoria de quienes nacieron en hogares humildes, de familias sin educación formal y llegaron a tener un título que les permitió progresar gracias a la universidad pública. Las primeras generaciones de egresados, numerosas sobre todo en las universidades del Conurbano, tuvieron  un protagonismo especial.

En los alrededores del Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich desplegó un nutrido operativo de seguridad e hizo colocar vallados para impedir que se rodee al Congreso. Pero, debido a la masividad de la manifestación, no pudo aplicar el llamado protocolo anti piquetes, pese a que había amenazado con hacerlo.

Con Javier Milei en baja en las encuestas, varios dirigentes políticos se presentaron en la manifestación: desde Cristina Fernández de Kirchner, que bajó a saludar a los manifestantes en la puerta del Instituto Patria donde recordó que su padre era colectivero pero ella el abogada y su hermana médica gracias a la universidad, hasta Sergio Massa, que apareció rodeado de jóvenes que cantaban “Vamos a volver”. El radical Martín Lousteau encabezó una columna de su partido, que tendrá un rol clave en Diputados para sostener la ley que Milei vetará entre esta noche y mañana. También se la pudo ver a Elisa Carrió y, en el otro extremo del arco ideológico, a Pablo Moyano. El gobernador Axel Kicillof expresó su apoyo desde México, donde participa de la asunción de Claudia Sheinbaum como presidenta, pero varios de los ministros de su gabinete se hicieron presentes en la plaza.

El gobierno, por su parte, calificó de “política” a la marcha y trató de correr de eje la discusión presupuestaria y deslegitimar el reclamo salarial. El ministro de Planificación, Federico Sturzenegger, dijo que los docentes recibieron subas salariales superiores al promedio de los estatales, lo que fue rechazado por el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobitti; Bullrich dijo que la protesta forma parte de un “golpe” que se prepara contra el gobierno para “noviembre o diciembre”, el propio Milei compartió muchos mensajes de redes en los que se cuestionó a las universidades, en línea con su idea de vetar toda ley que no explicite los recursos necesarios para ser aplicada o comprometa el equilibrio fiscal,

En el documento de cierre se refutó explícitamente esa última cuestión: “esta ley, aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial, una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente porque no compromete fiscalmente al Estado, demanda solamente el 0,14% del PBI para su implementación”, leyó Piera Fernández.

En el documento también se pidió que “se reconsidere el presupuesto 2025” porque, si no, “la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave”.

Y, como habían señalado durante la jornada representantes de los trabajadores y los profesores, mencionaron la posibilidad de cierre de universidades.

“Lo que estará en juego es su continuidad, ni más ni menos que eso. Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el Gobierno propone para su tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados, mínimos para funcionar, fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024, y menos aún la proyectada por el propio Gobierno para el próximo año. Un presupuesto es ante todo una declaración de principios, y los principios que se desprenden de la propuesta difieren sustancialmente de los que entendemos el país debe priorizar para resolver sus problemas estructurales”, indica el texto.

El documento concluyó con una arengan contundente ante la multitud congregada en la plaza del Congreso: “Sigamos defendiendo a la universidad pública, gratuita, libre, laica, siempre. ¡No al veto!”. (DIB)

La Cámara de Diputados sancionó hoy un cambio de fondo en el sistema electoral: la implementación de la boleta única papel (BUP) para elegir cargos nacionales -es decir, presidente, vice, y legisladores del Congreso Nacional- a partir de las próximas elecciones. Se aprobó por 143 votos afirmativos, 87 rechazos y cinco abstenciones. Fue acompañado por el oficialismo, la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC).

El punto principal de esta reforma es la eliminación de la actual papeleta partidaria –que distribuye y cuida cada espacio político– para adoptar una única boleta que aglutine toda la oferta electoral nacional. El modelo elegido es el que ya se aplica en la provincia de Mendoza, con los partido en el orden vertical y los cargos en el horizontal. No se incluyó la posibilidad de tildar boleta completa.

 Un solo legislador de Unión por la Patria apoyó la BUP: el jujeño Guillermo Snopek, que ya había presentado un proyecto propio al respecto cuando fue senador por su provincia.

Javier Milei querrá hacer del cambio histórico un triunfo político de su gestión, en medio de las turbulencias que atraviesa la gestión desde hace varias semanas. La Casa Rosada acordó finalmente con el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica, el espacio de Miguel Pichetto y las fuerzas provinciales aceptar la propuesta que gran parte de los gobernadores impusieron en la Cámara alta. 

La BUP que sancionó el Congreso establece que desde los próximos comicios –en 2025 hay elecciones legislativas– cada votante recibirá de manos de la autoridad de mesa una hoja con todos los candidatos de todos los sellos electorales juntos. Allí se tendrá que marcar con una lapicera qué candidato para cada cargo se elige.

El acuerdo parlamentario filo-oficialista contempló aceptar la votación del Senado del 12 de septiembre pasado, pese a que allí fue modificado el texto original que Diputados había aprobado en 2022. Hubo una fuerte reticencia de los legisladores que responden a mandatarios provinciales que cuestionaban que si existía un botón de lista completa, tendrían menos competitividad los sellos electorales que no presenten candidato a la Casa Rosada. 

La reforma sancionada plantea que es la Cámara Nacional Electoral la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito. En tanto, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) es responsable de imprimir y distribuir las boletas. Ya no serán más los partidos políticos los encargados de reponer las tradicionales papeletas a medida que se acaben en los cuartos oscuros.

La BUP contendrá el nombre de la agrupación política; la sigla, símbolo distintivo y el número de identificación de la agrupación política; la categoría de cargos a elegir. Aparecerán todos los nombres y fotos de los postulantes –presidente y vice, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur–. Sin embargo, en las provincias que tienen que votar muchos diputados –por ejemplo en Buenos Aires se eligen 35 bancas– el segmento para ese cargo legislativo solo contendrá la identificación de los 5 primeros candidatos y candidatas.

Otra de las modificaciones que introdujo la Cámara alta tiene que ver con el calendario electoral: las PASO se adelantarán del segundo al primer domingo de agosto. Además, se pasa de 50 a 60 días anteriores a la elección el plazo para el cierre de las listas y de 40 a 45 días para exhibir el diseño de la boleta única. La campaña electoral comenzará 60 días antes de las elecciones. La justicia federal con competencia electoral y la Dirección Nacional Electoral harán una campaña de difusión y capacitación pública sobre el uso del sistema de BUP.