El Ministerio de Salud anunció el cierre del Hospital Bonaparte, una institución dedicada a la salud mental que, según el Gobierno, “cuenta con una muy baja ocupación”. En paralelo, los trabajadores aseguran que son más de mil pacientes y un total de 500 profesionales, quienes fueron notificados este mediodía sobre la clausura del servicio de guardia y de internación, por lo que confirmaron que tomarán las instalaciones. Además, en diálogo con Infobae, aseguraron que no les dieron explicaciones sobre el destino de las personas que hoy se atienden y ocupan camas.

Fuentes oficiales aseguraron que el Hospital Bonaparte cuenta con un presupuesto anual de 16.800 millones de pesos pero que mantiene “una ocupación promedio de solo 30 pacientes, y una tasa de internación que oscila entre 16 y 19 personas”. Estos indicadores, de acuerdo con las autoridades, no justifican el mantenimiento de un hospital de esas dimensiones, que también cuenta con una considerable plantilla de recursos humanos dedicados a la atención y administración.

“El cierre responde a un proceso de normalización que iniciamos hace tiempo debido a la baja ocupación y la ineficiencia en la utilización de los recursos,” explicaron las autoridades. Además, detallaron que la decisión no afectará a los pacientes internados, quienes serán derivados a otras instituciones bajo la órbita del Ministerio de Salud. También garantizaron que aquellos en tratamientos ambulatorios serán atendidos en otras instituciones del radio de la comunidad o en hospitales de sus respectivas jurisdicciones.

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Sin embargo, este proceso de cierre generó gran inquietud entre el personal del hospital. Soledad Bordalecou, trabajadora del Bonaparte, relató que el anuncio los tomó completamente por sorpresa. “Hoy a las 14 horas nos reunieron en el auditorio y nos notificaron el cierre de la guardia y de las internaciones. No lo esperábamos en absoluto”, explicó Bordalecou.

Los trabajadores se encuentran consternados, especialmente porque este anuncio llegó en un contexto donde el hospital ya había atravesado una reducción significativa en su personal. “Hace tres meses despidieron a 29 profesionales, no les renovaron los contratos y ahora nos dicen que el hospital va a cerrar completamente”, agregó la trabajadora. La incertidumbre sobre cuándo ocurrirá el cierre total es alta, aunque según algunos rumores, podría ser tan pronto como el lunes.

Desde ATE enviaron un comunicado en el que anunciaron la toma de las instalaciones. “La desidia y la incompetencia del Gobierno en materia de salud alarma, pero esta decisión de cerrar hospitales genera una escalada de la conflictividad dentro del Estado. Las medidas de fuerza comenzarán a ser más duras y esto ocurre por exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El dirigente apuntó que “en los últimos nueve meses no impulsaron una sola política sanitaria ni tampoco impulsaron campañas de prevención” y detalló: “Lo único que hicieron hasta aquí fue desmantelar programas. No vamos a permitir que se cierre un hospital como el Bonaparte, que es referencia y modelo en salud mental en todo el país”.

“Tiene que quedar claro que defendemos casi 700 puestos de empleo, pero esta no es una defensa corporativa. Defendemos el derecho del pueblo a acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud, y de las niñas y niños que hasta aquí se atendían en este centro” agregó Aguiar.

A través de una asamblea realizada inmediatamente alertados por la noticia, el sindicato decidió realizar una permanencia en el centro de salud, con dirección en Combate de los Pozos 2133, hasta nuevo aviso.

Uno de los aspectos que más preocupa al personal del hospital es el futuro de los más de mil pacientes, según especificaron, que actualmente reciben atención en el Bonaparte. Aunque las autoridades aseguran que los internados serán trasladados a otras instituciones y los ambulatorios recibirán atención en hospitales cercanos, los trabajadores señalan que el proceso no será sencillo.

“Tenemos muchas preguntas porque acá hay más de mil pacientes, sin contar el abordaje territorial. Además, el hospital tiene unos 500 profesionales, muchos de los cuales aún no saben qué pasará con sus puestos de trabajo”, comentó Bordalecou. El hospital no solo proporciona internación, sino también una amplia variedad de servicios ambulatorios, incluyendo programas de salud mental comunitaria.

En un comunicado, los trabajadores resaltaron que “en lo que va del año el Hospital Nacional Bonaparte brindó atención a más de 25 mil personas sólo en éstos últimos meses. Los trabajadores del hospital en asamblea general decidieron permanecer en sus puestos de trabajo y llaman a todos los ciudadanos, usuarios, familiares, profesionales, asociaciones civiles, sindicales, asambleas barriales y a la comunidad entera a sumarse en la lucha y defensa del hospital y la salud pública”.

Según adelantaron a este medio, en las próximas horas podrían anunciar medidas de fuerza, entre ellas, tomar las instalaciones a la espera de una respuesta favorable a sus demandas desde el gobierno nacional.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a una audiencia pública para avanzar con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) de las empresas transportistas de energía eléctrica, entre las que se encuentran Transener y Transba; esta última es la que opera en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro se realizará para el martes 5 de noviembre desde las 8.30. Allí se discutirán los nuevos cuadros tarifarios que regirán desde enero de 2025.

En tanto, se espera que la convocatoria para discutir los futuros aumentos para las distribuidoras -como Edenor y Edesur- se haga para el 20 de noviembre.

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Así lo dispuso el ENRE mediante la resolución 705 publicada este viernes en el Boletín Oficial. La revisión quinquenal determinará nuevas tarifas para el período que va del 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2029. El objetivo será garantizar la prestación de servicio y las inversiones durante esos años.

Cabe recordar que el Gobierno de Javier Milei publicó el 18 de diciembre de 2023 el DNU 55 que declaró la emergencia en el sector energético hasta el 31 de diciembre de este año. Ese decreto estableció que el interventor del ENRE tiene la facultad para avanzar con la revisión tarifaria la cual debe estar lista para esa fecha. Mientras tanto, lo que se ha venido haciendo desde entonces adecuaciones transitorias de tarifas para garantizar la continuidad y la normal prestación del servicio.

Lo que se evaluará entonces en la RQT es cuál es el nivel de tarifas necesario para garantizar la prestación de servicio y las inversiones durante los próximos cinco años. Un tema en discusión es si dentro de ese plan de inversión que debe asegurar la tarifa para modernizar las redes van a estar contemplados los medidores inteligentes. En Argentina menos del 5% de los usuarios tiene actualmente esos medidores.

En la audiencia del 5 de noviembre las transportistas eléctricas Transener, Transba, Transnoa, Transnea, Transpa, Distrocuyo, Transcomahue y Epen deberán presentar el estado de los activos que operan, el nivel de tensión, las amortizaciones acumuladas hasta fines de 2023, sus valores, la vida útil prevista, los costos proyectados para los próximos cinco años, un plan de inversiones y el cuadro tarifario requerido. Luego, el ENRE que encabeza el interventor Darío Arrué, definirá los cuadros tarifarios.

La suba tarifaria que regiría desde enero se dará en medio de un verano que se espera complejo. De hecho, días atrás el Gobierno formalizó el plan de contingencia para evitar cortes de luz masivos durante el verano. El programa se extenderá para los “días críticos” del período 2024/26. La Secretaría de Energía estableció una serie de medidas para la generación, el transporte y la distribución del sistema eléctrico. (DIB)

Tal como había adelantado, primero apenas se sancionó la Ley de Presupuesto Universitario y luego minutos después de la masiva movilización en defensa de las universidades públicas, el presidente Javier Milei vetó este jueves la norma y dejó en evidencia su férrea decisión de seguir ajustando la educación pública.

Así quedó plasmado en el Decreto 879/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de todo su gabinete de ministros.

«Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757» mientras que en el artículo dos se remarca: «Devuélvase al H. Congreso de la Nación el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior».

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Mientras lanza un más que generoso blanqueo de capitales a quienes evadieron al fisco y alivia la carga impositiva al sector más rico de la sociedad, el veto de Milei indica entre sus considerandos que la Ley de Financiamiento Universitario atenta contra la política de déficit cero que sostiene el Gobierno desde el 10 de diciembre pasado.

«Es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento» y aclaró que «el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento'».

Así Milei dejó en claro que, a diferencia de lo que prometió en campaña el ajuste seguirá recayendo sobre las espaldas de los trabajadores, jubilados, sectores más postergados y ahora también, los estudiantes universitarios.

El veto había sido anticipado minutos después de finalizada la movilización por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente en la red social X. «El Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal», indicaron desde la Casa Rosada.

Y agregaron: «Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025».