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Por decreto, el Gobierno limitó la ley de acceso a la información pública

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Por decreto, el Gobierno limitó la ley de acceso a la información pública

El Ejecutivo reforzó la protección de los datos del ámbito “privado” de los funcionarios, por ejemplo, aquellos que ocurran en la Quinta de Olivos.

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El presidente Javier Milei restringió por decreto el acceso a la información pública de los actos del Gobierno, así como también de la actividad privada y parte de la pública de sus funcionarios. A la vez, el Ejecutivo se arrogará la discresionalidad de autodefinir y autodeterminar cuál o cuáles serán los datos que podrán considerarse como de interés público para salir a la luz.

Los nuevos criterios que limitan a los ciudadanos a acceder (de manera individual o colectiva, independiente o a través de la prensa) a los datos de la administración nacional sobre la cosa pública están incluidas en el Decreto 780/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

En julio de este año, el Gobierno le dio un alcance muy amplio a la protección del ámbito privado cuando el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de acceso a la información sobre los perros de Javier Milei que viven en la quinta de Olivos (consultas que incluían, por ejemplo, cuánto habían constado los caniles construidos en la residencia oficial).

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Barra, en respuesta a una consulta de Karina Milei, dictaminó que eran preguntas “banales” y que debían rechazarse porque hacían a la vida “privada” del Presidente. Se quejó además de que se hubiera presentado un pedido de acceso a la información semejante.

El decreto de Milei, y que también lleva la firma de Guillermo Francos, reconoce que el principio republicano de publicidad de los actos de Gobierno, la promoción de la participación ciudadana, la transparencia de gestión y demás. Pero recorta los límites para que la administración libertaria dé a conocer sólo lo que el Presidente quiere.

Por ejemplo, establece que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada”. En este sentido, entran los hechos que ocurran en la Quinta de Olivos, como reuniones familiares, cantidad o existencia de mascotas (algo que generó tiempo atrás mucha polémica), visitas íntimas o reservadas que supuestamente no tengan que ver con la gestión.

También prohíbe la difusión de “deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares” sobre un tema o acto de gobierno. Es decir que todas las anotaciones personales durante una reunión o en agendas no serán consideradas como documentos de Estado ni posibles de ser revisadas.

En otro artículo fija en 10 años el blindaje sobre datos confidenciales o secretos de Estado por razones de defensa, política exterior o seguridad interior.

Además, protege el secreto financiero y los datos propios o de terceros que maneje el Banco Central, sobre la base de la Ley de Entidades Financieras. De este modo, el Ministerio de Economía podría ampararse en esta modificación para volver a responder negativamente a los extensos pedidos de información sobre la salida al exterior de lingotes de oro de la reserva nacional.

En otro tramo establece que la información que no se dará a conocer será también aquella que “sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta”. Pero no especifica los parámetros de razonabilidad y deja librado a capricho del Gobierno qué sería lo razonable o lo no razonable.

Las restricciones son tan discrecionales e indefinidas que tampoco se revelarán datos que el Gobierno entienda que podría tener “un valor comercial por ser secreta” o “sea objeto de medidas razonables para mantenerlas secretas”.

La ley de acceso a la información pública fue sancionada en 2016. Es una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública porque obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes. (DIB)

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Más de lo que se esperaba: la inflación de agosto fue 4,2%, ¿cuánto hay que ganar para no ser pobre?

El mes anterior, el IPC había sido del 4%. El gobierno esperaba un número por debajo de esa cifra pero parece haber un estancamiento que lleva ya cuatro meses, la mitad de la gestión de Luis Caputo.

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El Indice de Precios al Consumir (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) fue del 4,2% para agosto, lo que marca un nivel de inflación mayor al que esperaba el gobierno e indica un acumulado de suba de precios del 94,8% en lo que va del año y del 236,7% en los últimos doce meses.

El nivel de aumento de precios es superior al que esperaba el gobierno, donde hablaban de un índice por debajo del 4% y del que marcaron los consultores relevados por el Índice de Expectativas de Mercado del Banco Central, que pronosticaron un 3,9%.

En un comunicado, el ministerio de Economía argumentó que es el cuarto mes consecutivo que el ICP experimenta un descenso si se lo mide en forma interanual.

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“Para analizar la dinámica del proceso de desinflación y extraer tendencias más allá de la volatilidad de corto plazo, resulta útil analizar el comportamiento de las medias móviles de las variaciones del IPC. Este análisis es consistente con una continuidad en el proceso de desinflación, con la media móvil de tres meses de la variación del IPC Nacional ubicándose, junto a la del mes anterior, en el menor nivel desde febrero de 2022, y la de seis meses, resultando la más baja desde marzo de 2023″, dijeron en Economía.

Sin embargo, el índice marca un estancamiento en el orden del 4% si se hace la comparación mes a mes: en abril había sido 8,8%, pero después marcó 4,2% en mayo, 4,6% en junio; 4% en julio y ahora 4,2%. La cifra, como anticiparon economista ortodoxos –Domingo Cavallo fue uno de ellos- tiende a constituirse en un piso, que convive con una caída pronunciada de indicadores de actividad y consumo.

En ese marco, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7%) por las subas en Alquiler de la vivienda y gastos conexos, Suministro de agua y Electricidad, gas y otros combustibles. Le siguieron Educación (6,6%), por el alza en los distintos niveles y tipos de enseñanza; y Transporte (5,1%), por los incrementos en el transporte público. El capítulo de alimentos y bebidas mostró un avance de 3,6%, por debajo del nivel general.

El nivel de pobreza

Con esas cifras, en tanto, la Canasta Básica Total (CBT) , que mide la línea de pobreza, quedó en $939.887 para un familia de cuatro integrante, lo que implica una suba del 4,4%, por encima de la inflación.

Eso  es lo que debe ganar para pertenecer a la clase media. La canasta no incluye el alquiler, un gasto elevado para muchas familias. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el nivel de indigencia, quedó en $421.474.

La CBT  Subió 89,6% en lo que va del año y 230,1% en los últimos doce meses. Las necesidades para un adulto “equivalente” a esa cesta sumaron 304.170 peso, casi al mismo nivel que la jubilación mínima, que está en los $304.540,23. (DIB) AL

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La Libertad Avanza y el Radicalismo Local deben hacerse cargo del Ajuste a Jubilados

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La aprobación del veto presidencial al aumento de jubilados ha dejado expuestos a los partidos opositores locales, a La Libertad Avanza y al Radicalismo, quienes han apoyado y han militado al partido gobernante. Estos espacios, que han prometido cambios en campaña, se desesperan por dirigir la atención de la gente hacia otro lado (tasas, Cooperativa, operaciones vía trolls en Internet), el radicalismo local es Macri y Macri es el apoyo logístico de Miley. ¿Cúal es la postura Radical local ante los jubilados afectados por las medidas neoliberales del león?

En un contexto de ajustes en PAMI y aumentos exorbitantes en tarifas,funcionarios de LA  local generan controversia en las redes, vuelcan mucho tiempo a responder opiniones y comentarios en noticias periodísticas pero la falta de respuesta institucional de La Libertad Avanza y el Radicalismo es inaceptable. Han intentado desviar la atención, pero no han condenado aún públicamente el ajuste feroz a la clase pasiva. Es hora de recordar sus acciones y omisiones.

Cuando salgan a pedir votos, el próximo año,debemos como ciudadanos hacer el ejercicio de la memoria, quiénes estuvieron del lado de la gente y quiénes no. La ciudadanía debe exigir responsabilidad y compromiso con los más vulnerables. La Libertad Avanza y el Radicalismo local deben asumir su responsabilidad en este ajuste y trabajar para encontrar soluciones reales para los jubilados de Las Flores.

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Diputados dejaron firme el veto de Milei al aumento de las jubilaciones

Gracias al quiebre de la UCR, el oficialismo logró blindar el veto del presidente a la reforma jubilatoria en la Cámara Baja.

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La Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para convalidar la reforma jubilatoria, dejando vigente el veto presidencial impuesto por Javier Milei. El cambio en el voto de varios diputados fue clave para este resultado. Todo sucedió en medio de un clima tenso en la puerta del Congreso Nacional.

Este miércoles, la Cámara Baja se reunió con la intención de votar la insistencia del Congreso sobre la reforma jubilatoria que había sido aprobada en junio, pero la sesión no logró alcanzar los dos tercios necesarios. El veto impuesto por el presidente Javier Milei sigue en pie, lo que impide que se aplique el aumento a las jubilaciones que el Congreso había aprobado previamente.

Con una votación que finalizó con 153 votos afirmativos, 87 en contra y 8 abstenciones, la cifra no fue suficiente para revertir la decisión presidencial. Uno de los factores clave para este resultado fue el cambio de posición de varios diputados, lo que inclinó la balanza a favor del veto de Milei.

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Entre los que apoyaron la medida presidencial estuvieron los 37 legisladores pertenecientes al bloque libertario, junto con los 37 diputados del PRO. Sin embargo, lo que resultó decisivo fue el cambio en el sentido del voto de algunos legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes, a diferencia de su postura inicial en junio, decidieron apoyar el veto, lo que permitió que el gobierno mantuviera su posición.

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