Este viernes paro nacional de docentes en repudio de la brutal represión en Chubut

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó un paro nacional docente para mañana viernes 8 de noviembre en repudio de la brutal represión en Chubut. Además, exigen al gobierno provincial la inmediata liberación de Santiago Goodman, Secretario General de Atech, la urgente solución al conflicto educativo en Chubut, la devolución de los descuentos ilegales, y el pago de todas las deudas. Lo anunciarán en conferencia de prensa esta tarde desde las 15:30 horas.

En la Provincia de Buenos Aires se espera una adhesión total. Los gremios que integran el Frente de Unidad -SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP Y AMET- así lo anticiparon. También la UDA, que se mostró por fuera de ese armado en los últimos meses, anunció que protestará.

La Ctera comunicó expresamente en un comunicado que se “ha resuelto convocar a un Paro Nacional Docente ante la brutal represión que sufrieron los trabajadores de la educación chubutenses, mientras realizaban una marcha frente a la Casa de Gobierno en Rawson. A estos graves y repudiables hechos se suma la detención del Secretario General de ATECH, Santiago Goodman, quien participaba de la marcha”.

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Además, remarcan que desde el gremio se “viene denunciando la grave situación que viven los docentes en Chubut con retraso en los pagos de los haberes, parálisis de la obra social, entre otras problemáticas”, y por eso “exige al Gobierno Provincial la urgente liberación de Santiago Goodman, y el cese inmediato de la represión”.

Por último, “volvemos a ratificar, en forma urgente, al Gobierno Provincial y Nacional la urgente solución a los problemas que viven los trabajadores”.

Desde SUTEBA y UDA confirmaron su adhesión. El Secretario General, Sergio Romero, afirmó: “no se puede permitir la criminalización de la protesta docente y la detención de los dirigentes sindicales constituye no solo una grave afectación de la libertad sindical, sino que se violan derechos humanos del colectivo que representamos con soporte en las previsiones del Pacto de San José de Costa Rica”.

“Estos hechos absolutamente repudiables atacan el derecho de peticionar ante las autoridades y libertad de expresión en plena vigencia de un Estado democrático de derecho”, esgrimió el dirigente.