El Gobierno nacional presentará en los próximos días una un decreto con serie de desregulaciones para el transporte de larga distancia. Allí, no sólo liberará las tarifas y en parte los recorridos que hacen las empresas, sino que bajará el nivel de condiciones de seguridad que deben respetar para circular.

El proyecto que viene trabajando el Ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación a cargo Federico Sturzenegger, se conocerá en breve y apunta, según las autoridades libertarias, a “liberar y desregular” el sistema de transporte automotor y así generar más competencia y una mejor oferta. De esta manera, las transportistas habilitadas tendrán amplia libertad para fijar recorridos, horarios, modalidades y cuadros tarifarios de los servicios que vayan a prestar tanto de manera regular, como de forma temporal.

Uno de los puntos clave que pretende habilitar el Ejecutivo establece que los transportistas y empresas podrán fijar libremente los recorridos, y para eso podrán utilizar cualquier vehículo que cumpla con los estándares en materia de seguridad que estarán fijados por la Secretaría de Transporte. Esta flexibilidad puso en alerta a las compañías.

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De acuerdo a lo que dejó entrever el Gobierno en su borrador, cualquier persona con un vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio. A su vez, cambiarían los límites máximos de velocidad, que para los ómnibus son de 90 kilómetros por hora en zona rural y 100 en autopistas.

Además, se suprimiría también la obligación de mantener las rutas menos rentables. Hoy el transporte de larga distancia opera en más de 1.600 destinos, casi 30 veces lo que conecta el transporte aéreo nacional, que llega a 55 ciudades. Un ejemplo de esto es el servicio denominado “lechero”, que en la provincia de Buenos Aires conecta inclusive a pequeños pueblos.  

Asimismo, la gestión libertaria quiere que las empresas no tengan la obligación de tener que utilizar las terminales de pasajeros de cada lugar para las salidas, paradas intermedias y llegadas de sus servicios. Es decir, serán ellas las que decidan los sitios donde recoger o dejar a los pasajeros.

En relación con las tarifas, se borrarían tanto los topes mínimos como los máximos. Mientras que los primeros apuntaron siempre a evitar el abuso de posición dominante entre empresas, los máximos son los que han garantizado que una persona con una urgencia médica, laboral o personal pueda viajar el mismo día sin tener que gastar cientos de miles de pesos en un servicio. Algo similar el Gobierno ya aplicó con los vuelos, donde liberó las tarifas y “le quitó privilegios” a Aerolíneas Argentinas, aunque hasta el momento eso no se reflejó en mejores precios ni condiciones. (DIB)

Según informan en tn.com.ar, el presidente Javier Milei confirmó que vetará la Ley de Financiamiento Universitario aprobada este viernes en el Senado. “VETO TOTAL”, publicó el primer mandatario en su cuenta de X.

La decisión fue tomada por la mañana, en una reunión que Milei mantuvo en Casa Rosada junto a sus principales colaboradores para realizar un control de daños tras el rechazo de la Cámara altaal DNU que le otorga fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)y la sanción del presupuesto universitario.

El proyecto de financiamiento universitario no solo incrementa el presupuesto de las altas casas de estudio, sino que incluye una recomposición salarial para los docentes y no docentes, cuestión que compromete la meta de déficit cero que impulsa Milei. Se calcula que la ley tendría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

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El libertario confía en tener el respaldo de 90 diputados para sostener el veto si el Congreso quiere revisarlo. Se trata de los legisladores con los que el Ejecutivo acordó -y logró- mantener el rechazo a la reforma jubilatoria en la Cámara baja.

La Casa Rosada busca mantener la alianza con el PRO, MID, Independencia (Tucumán) y con los cinco diputados radicales que se reunieron el martes con Javier Milei y luego acompañaron el veto: Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi.

En Balcarce 50 quieren poder trabajar como un interbloque. Incluso están dispuestos a negociar lugares en las listas para las elecciones de 2025 bajo la condición de que acompañen las propuestas de Nación en toda votación.

Hay además negociaciones constantes con los gobernadores a los que responden los diputados de Innovación Federal: Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Alberto Weretilneck (Río Negro). El bloque se abstuvo en la votación sobre el veto a la ley de jubilaciones.

El Gobierno apuntó esta semana contra Raúl Jalil (Catamarca) por los votos afirmativos de sus diputados para rechazar la medida del presidente. Hubo contactos desde el comienzo de la gestión para acercar posiciones y que sus legisladores rompieran el bloque de Unión por la Patria, pero se frustraron.

En ese sentido, la Casa Rosada apunta a fijar una mesa periódica con diputados y senadores de los bloques aliados para establecer una agenda conjunta y negociar los proyectos antes de que lleguen al recinto. “No hubo coordinación y tuvimos varias derrotas en el Congreso. La idea es que haya un ida y vuelta constante ahora”, expresó a TN colaborador cercano al Presidente.

El Ejecutivo centraliza la negociación en el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y en los vicejefes Lisandro Catalán y José Rolandi. Incluye también al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El Indice de Precios al Consumir (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) fue del 4,2% para agosto, lo que marca un nivel de inflación mayor al que esperaba el gobierno e indica un acumulado de suba de precios del 94,8% en lo que va del año y del 236,7% en los últimos doce meses.

El nivel de aumento de precios es superior al que esperaba el gobierno, donde hablaban de un índice por debajo del 4% y del que marcaron los consultores relevados por el Índice de Expectativas de Mercado del Banco Central, que pronosticaron un 3,9%.

En un comunicado, el ministerio de Economía argumentó que es el cuarto mes consecutivo que el ICP experimenta un descenso si se lo mide en forma interanual.

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“Para analizar la dinámica del proceso de desinflación y extraer tendencias más allá de la volatilidad de corto plazo, resulta útil analizar el comportamiento de las medias móviles de las variaciones del IPC. Este análisis es consistente con una continuidad en el proceso de desinflación, con la media móvil de tres meses de la variación del IPC Nacional ubicándose, junto a la del mes anterior, en el menor nivel desde febrero de 2022, y la de seis meses, resultando la más baja desde marzo de 2023″, dijeron en Economía.

Sin embargo, el índice marca un estancamiento en el orden del 4% si se hace la comparación mes a mes: en abril había sido 8,8%, pero después marcó 4,2% en mayo, 4,6% en junio; 4% en julio y ahora 4,2%. La cifra, como anticiparon economista ortodoxos –Domingo Cavallo fue uno de ellos- tiende a constituirse en un piso, que convive con una caída pronunciada de indicadores de actividad y consumo.

En ese marco, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7%) por las subas en Alquiler de la vivienda y gastos conexos, Suministro de agua y Electricidad, gas y otros combustibles. Le siguieron Educación (6,6%), por el alza en los distintos niveles y tipos de enseñanza; y Transporte (5,1%), por los incrementos en el transporte público. El capítulo de alimentos y bebidas mostró un avance de 3,6%, por debajo del nivel general.

El nivel de pobreza

Con esas cifras, en tanto, la Canasta Básica Total (CBT) , que mide la línea de pobreza, quedó en $939.887 para un familia de cuatro integrante, lo que implica una suba del 4,4%, por encima de la inflación.

Eso  es lo que debe ganar para pertenecer a la clase media. La canasta no incluye el alquiler, un gasto elevado para muchas familias. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el nivel de indigencia, quedó en $421.474.

La CBT  Subió 89,6% en lo que va del año y 230,1% en los últimos doce meses. Las necesidades para un adulto “equivalente” a esa cesta sumaron 304.170 peso, casi al mismo nivel que la jubilación mínima, que está en los $304.540,23. (DIB) AL