Inclusión en duda

Ayer, en la puerta del PAMI, se formó una larga fila de personas que, por disposición del gobierno nacional, debieron presentarse a ratificar su “condición” para seguir percibiendo una pensión. Personas que enfrentan a diario enormes barreras físicas, sociales y económicas, obligadas ahora a exponerse, a que «auditen su discapacidad», a justificarse, a reafirmar lo que ya está documentado.

El trámite debería haberse hecho en ANSES. Más lógico. Se impuso en PAMI, generando desconcierto y desgaste. No es solo una cuestión administrativa: es una herida simbólica. Es la institucionalización de la desconfianza. Es obligar al otro a decir “yo soy”, cuando el sistema ya debería saberlo y, sobre todo, acompañarlo.

Nos llenamos la boca hablando de inclusión, de diversidad, de derechos humanos. Pero cuando el Estado obliga a una persona con discapacidad a mendigar reconocimiento para recibir una pensión que apenas alcanza para sobrevivir, ¿de qué inclusión hablamos?

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La escena de ayer no fue solo burocracia. Fue una postal de retroceso. Una fila que no debería existir. Una fila que duele.