El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT declaró este jueves un paro general nacional a partir de las 12 del 24 de enero, que incluirá una movilización al Congreso en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica dictado por el Gobierno de Javier Milei.

Además, se aprobó la realización de un plenario de delegaciones regionales en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 el próximo 10 de enero, una presentación judicial en rechazo del DNU y solicitar reuniones con todos los bloques parlamentarios de ambas cámaras para debatir «su acompañamiento» contra esa medida y la Ley Ómnibus elevada al Congreso por la administración Milei.

También decidió mantener reuniones con las otras centrales obreras (CTA y su par, la CTA Autónoma) para articular acciones conjuntas, y facultó al consejo directivo nacional para aprobar «las medidas pertinentes en la oportunidad que requiera la actual situación».

Este último punto de la resolución del Confederal implica que el consejo directivo podrá adoptar las medidas de fuerza consiguientes que crea oportunas según la evolución de la situación política, económica y social por la que atraviesen los trabajadores y la sociedad.

El máximo órgano ejecutivo de la central obrera sesionó este jueves al mediodía para analizar la instrumentación de un plan de lucha y, ante la presión de la mayoría de las organizaciones confederadas, convocó a una huelga nacional para el 24 de enero. 

Hasta el miércoles las fuentes gremiales habían señalado a Télam que la aplicación de ese plan de acción iba a ser «gradual» y comenzaría con «el ejercicio de la presión sobre la totalidad de los bloques parlamentarios de ambas cámaras legislativas».

Además, los informantes dijeron que la CGT se encargaría de «monitorear» el clima social durante enero y, probablemente, declarar una huelga nacional para febrero, pero esa presión determinó adelantar la fecha para el 24 de enero.

En una conferencia de prensa posterior al Confederal, en el Salón Felipe Vallese, el cotitular de la CGT Héctor Daer afirmó que «la ‘Ley ómnibus’ es de forma exponencial peor que el DNU»; advirtió que el Gobierno pretende «transformar» el país «sin una mirada de progreso» y remarcó que la central obrera «no tiene contacto» con el Ejecutivo.

Su par en el triunvirato de la central, el camionero Pablo Moyano, señaló que la movilización del 24 de enero «será multitudinaria» e involucrará a organizaciones sindicales y sociales «perjudicadas por esta locura que lleva adelante el ‘enviado del cielo’, que se caga en el Congreso y en los trabajadores», y aseguró que «no existe contacto con el Gobierno».

«La CGT no propuso la dinámica. En menos de una semana el Gobierno transformó la Argentina de forma absoluta y no lo hizo con una mirada de progreso. Nos lleva al país pastoril. Por eso afirma que el mejor presidente fue Julio Argentino Roca», afirmó Daer.

Para el dirigente del gremio de Sanidad, el DNU que desreguló la economía «tiene características ilegales y apunta contra los derechos individuales de los trabajadores, los colectivos, contra el sistema universal y solidario de salud y contra otras cuestiones».

«Se trata de una transferencia real de los sectores trabajadores, que pierden capacidad de acción ante derechos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales«, dijo Daer.

Agregó sobre el proyecto de ley «Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos», enviado al Congreso, que «atenta contra los jubilados» porque «hace desaparecer la fórmula jubilatoria, y contra las indemnizaciones de ley, además de promover las privatizaciones de las empresas del Estado».

Moyano dijo que habrá cese de actividades para «proteger a los trabajadores y que puedan marchar» hacia el Parlamento, y detalló que «seguramente» participarán ambas CTA, la UTEP y todos los movimientos sociales perjudicados por el DNU.

«Estaremos en la calle como siempre defendiendo un sólo interés, el de los trabajadores. La protesta se realizará también para defender a las empresas del Estado«, como YPF, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos, Radio Nacional y Télam, aseguró.

Moyano sostuvo que de no ser de esa forma «se las regalarán a sus socios, cuyos más grandes beneficiarios son Paolo Rocca y Mercado libre, que le bancaron la campaña, por lo que se repiten los ’90 y vuelve el menemismo que se creía erradicado», resaltó.

El diputado nacional Sergio Palazzo, de los bancarios, reclamó a la justicia que observe «con mucho detenimiento» la medida del presidente Javier Milei, porque atenta contra «la situación de los trabajadores», a la vez que denunció que «arrogarse las facultades de legislar durante dos años, con posibilidad de extenderlo otros dos más, significa eliminar prácticamente el Congreso Nacional».

El titular de la Asociación Bancaria dijo que «el DNU tiene consecuencias nocivas»; afirmó que «arrogarse las facultades de legislar dos años, con posibilidad de otros dos más, es la eliminación del Congreso», y subrayó que Milei «cambió el orden jurídico de la Argentina».

Según todas las fuentes gremiales, el Gobierno debería reflexionar sobre «su accionar» y tender puentes de diálogo para «no incursionar o profundizar un conflicto con la sociedad en general y el pueblo trabajador, que es el principal perjudicado por estas medidas».