Es ley: Los chicos no podrán usar celular en las escuelas primarias bonaerenses desde el 2026

La Legislatura convirtió ayer en ley un proyecto que establece la limitación del uso de estos dispositivos, permitiéndolo sólo para fines pedagógicos. La idea superó la grieta: la presentaron un senador peronista y una del bloque UCR+GEN.

Los alumnos de las primarias bonaerenses no podrán usar el celular mientras estén en la escuela, a menos que los docentes lo indiquen.

Esto es porque la Legislatura de la provincia de Buenos Aires acaba de aprobar una ley que regula el uso de estos dispositivos en los establecimientos educativos, buscando combatir los efectos negativos que produce el uso intensivo de pantallas en la niñez.

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La iniciativa ya había sido aprobada en el Senado provincial y, en la sesión de hoy, los diputados la ratificaron y la convirtieron en ley.

Se trata de un proyecto que superó la grieta política, ya que es de autoría de los senadores Emmanuel Severo González Santalla (peronista de La Cámpora) y Lorena Mandagarán (militante del GEN e integrante del bloque UCR–Cambio Federal).

La idea es promover el “uso seguro y responsable” de las pantallas durante la infancia, limitando el uso del celular a “fines pedagógicos”. Es decir: los chicos sólo podrán utilizar el aparato cuando el maestro o maestra lo pida, para hacer un ejercicio, por ejemplo.

“En múltiples investigaciones se advierte que la exposición temprana y prolongada a medios electrónicos se asocia a un mayor riesgo de síntomas psicofísicos, en especial con cuestiones relacionadas al aislamiento social, alteraciones de la atención y del sueño, hiperactividad, trastornos de ansiedad y depresión”, observó la senadora Mandagarán. “De ahí la necesidad de legislar al respecto, para garantizar que las infancias crezcan con más salud, más juego y menos exposición nociva a las pantallas.”

Además de esta regulación, la nueva ley dispone la puesta en marcha de campañas de difusión y concientización en centros de salud, guardias, consultorios pediátricos, maternidad, vacunatorios, escuelas, centros de venta de artículos de electrónica, entre otros.

“El Estado debe arbitrar los medios necesarios para que los adultos responsables de niños y niñas accedan a la información sobre los peligros del uso inadecuado de la tecnología, por eso el paso que dimos hoy es fundamental en la protección de las infancias”, enfatizó Mandagarán.