Fuerte ajuste en el INTA: eliminan dependencias en la región sur bonaerense, entre ellas Saladillo

El plan de ajuste en el INTA sumó un nuevo capítulo con la aprobación del cierre de 14 agencias de extensión rural en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. La decisión, adoptada por el Consejo Directivo del organismo, marca un avance significativo en la hoja de ruta diseñada por la conducción actual y lleva el recorte a cerca del 50% de su objetivo total.

La medida fue votada en el último encuentro del cuerpo de gobernanza, que reúne a representantes de entidades del agro, universidades y el Gobierno nacional. Allí se resolvió suprimir de la estructura organizativa distintas Agencias de Extensión Rural (AER) pertenecientes a los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba, tal como estaba previsto en el plan de reestructuración.

Las agencias afectadas

En el caso de Buenos Aires Norte, dejarán de funcionar las agencias ubicadas en Vedia y Rojas.

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En la región Sur, el ajuste impactará sobre nueve dependencias: Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. En Córdoba, en tanto, se avanzará con el cierre de las sedes de Oncativo, La Carlota y Ucacha.

Con esta decisión, el total de agencias eliminadas asciende a 24 si se suman los diez cierres previamente oficializados, entre ellos la agencia de Sáenz Peña, en Chaco, y la disolución completa del Centro Regional INTA AMBA, que contaba con nueve dependencias.

El recorte forma parte de la denominada “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA”, el documento que traza el camino de la reestructuración. Según ese plan, el objetivo final es reducir de 299 a 252 las agencias de extensión rural en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes.

Reorganización

La estrategia impulsada por la presidencia del organismo, a cargo de Nicolás Bronzovich, se alinea con la orientación general del Gobierno nacional. Entre sus ejes principales figuran la reducción de la extensión territorial tradicional, la venta de activos y la reorganización interna.

En ese marco, el proyecto también contempla la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales, la unificación de centros regionales y la eliminación de líneas de trabajo. Parte de ese proceso ya comenzó con la disolución del INTA AMBA, una de las estructuras más grandes del organismo.

El relanzamiento del ajuste se produce luego de un conflictivo 2025, en el que los intentos de modificar la gobernanza del INTA encontraron resistencias tanto en el Congreso como en la Justicia. Sin embargo, recientes cambios en la composición del Consejo Directivo, impulsados por el Ejecutivo, facilitaron la aprobación de las medidas.

Aunque el número de integrantes del órgano se mantuvo, varias de sus sillas fueron ocupadas por nuevos representantes, en reemplazo de perfiles que se habían mostrado críticos al plan de recorte. Ese reordenamiento interno permitió destrabar decisiones que hasta ahora no habían logrado consenso.