En una entrevista en Urbana FM 92.7 con Julio González Canú y Laura Lopardo, la legisladora del Frente Renovador, Marcela Passo, expresó su indignación y tristeza por la represión sufrida por los jubilados en el Congreso tras el veto de la reforma jubilatoria por parte del gobierno nacional. Passo calificó la jornada como «muy triste», afirmando que quedó expuesta «la crueldad de un gobierno que además mintió profundamente, diciendo que venía a ajustar a la casta, pero el ajuste es sobre la clase trabajadora y los jubilados».

La legisladora resaltó que la situación se está volviendo cada vez más difícil, con el impacto del aumento de precios en medicamentos, transporte y servicios básicos como luz y gas, lo que afecta especialmente a los jubilados. En ese sentido, explicó que el contexto es muy adverso tanto para los trabajadores como para las pymes.

Al hablar sobre el papel del radicalismo en el acompañamiento al veto de la reforma jubilatoria, Passo expresó su indignación, recordando que «en el ballotage, el radicalismo levantaba la boleta de Milei», criticando su postura cambiante. «Es un momento para reflexionar y dejar claro a la sociedad quién los defiende al momento de tomar decisiones», sostuvo.

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Ante esto agregó que los espacios políticos que los acompaña (al Gobierno de Javier Milei) tendrán que hacerse cargo de lo que está pasando.

En cuanto a los impuestazos en los servicios, Passo destacó que está trabajando en un proyecto destinado a resguardar a las pymes, argumentando que son «las principales generadoras de trabajo». Según la legisladora, si no se crean las condiciones adecuadas para las pymes, hablar de generar trabajo es solo una excusa para favorecer intereses externos «que vienen para devorar a la Argentina».

Por último, Passo mencionó el rol del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria, enfatizando que el gobierno de Javier Milei ha eliminado la obra pública y está delegando responsabilidades en provincias y municipios. «Es mentira que no hay plata, ese dinero que pagamos con los impuestos debe ser devuelto al pueblo», concluyó, subrayando la necesidad de estar cercanos a los planteos de los dirigentes locales y hacer eco de esas demandas en el Congreso, «presentamos un proyecto de Ley Pyme en el congreso, tratamos de estar lo más cercano a la realidad de cada distrito».

El Gobierno nacional presentará en los próximos días una un decreto con serie de desregulaciones para el transporte de larga distancia. Allí, no sólo liberará las tarifas y en parte los recorridos que hacen las empresas, sino que bajará el nivel de condiciones de seguridad que deben respetar para circular.

El proyecto que viene trabajando el Ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación a cargo Federico Sturzenegger, se conocerá en breve y apunta, según las autoridades libertarias, a “liberar y desregular” el sistema de transporte automotor y así generar más competencia y una mejor oferta. De esta manera, las transportistas habilitadas tendrán amplia libertad para fijar recorridos, horarios, modalidades y cuadros tarifarios de los servicios que vayan a prestar tanto de manera regular, como de forma temporal.

Uno de los puntos clave que pretende habilitar el Ejecutivo establece que los transportistas y empresas podrán fijar libremente los recorridos, y para eso podrán utilizar cualquier vehículo que cumpla con los estándares en materia de seguridad que estarán fijados por la Secretaría de Transporte. Esta flexibilidad puso en alerta a las compañías.

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De acuerdo a lo que dejó entrever el Gobierno en su borrador, cualquier persona con un vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio. A su vez, cambiarían los límites máximos de velocidad, que para los ómnibus son de 90 kilómetros por hora en zona rural y 100 en autopistas.

Además, se suprimiría también la obligación de mantener las rutas menos rentables. Hoy el transporte de larga distancia opera en más de 1.600 destinos, casi 30 veces lo que conecta el transporte aéreo nacional, que llega a 55 ciudades. Un ejemplo de esto es el servicio denominado “lechero”, que en la provincia de Buenos Aires conecta inclusive a pequeños pueblos.  

Asimismo, la gestión libertaria quiere que las empresas no tengan la obligación de tener que utilizar las terminales de pasajeros de cada lugar para las salidas, paradas intermedias y llegadas de sus servicios. Es decir, serán ellas las que decidan los sitios donde recoger o dejar a los pasajeros.

En relación con las tarifas, se borrarían tanto los topes mínimos como los máximos. Mientras que los primeros apuntaron siempre a evitar el abuso de posición dominante entre empresas, los máximos son los que han garantizado que una persona con una urgencia médica, laboral o personal pueda viajar el mismo día sin tener que gastar cientos de miles de pesos en un servicio. Algo similar el Gobierno ya aplicó con los vuelos, donde liberó las tarifas y “le quitó privilegios” a Aerolíneas Argentinas, aunque hasta el momento eso no se reflejó en mejores precios ni condiciones. (DIB)

Según informan en tn.com.ar, el presidente Javier Milei confirmó que vetará la Ley de Financiamiento Universitario aprobada este viernes en el Senado. “VETO TOTAL”, publicó el primer mandatario en su cuenta de X.

La decisión fue tomada por la mañana, en una reunión que Milei mantuvo en Casa Rosada junto a sus principales colaboradores para realizar un control de daños tras el rechazo de la Cámara altaal DNU que le otorga fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)y la sanción del presupuesto universitario.

El proyecto de financiamiento universitario no solo incrementa el presupuesto de las altas casas de estudio, sino que incluye una recomposición salarial para los docentes y no docentes, cuestión que compromete la meta de déficit cero que impulsa Milei. Se calcula que la ley tendría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

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El libertario confía en tener el respaldo de 90 diputados para sostener el veto si el Congreso quiere revisarlo. Se trata de los legisladores con los que el Ejecutivo acordó -y logró- mantener el rechazo a la reforma jubilatoria en la Cámara baja.

La Casa Rosada busca mantener la alianza con el PRO, MID, Independencia (Tucumán) y con los cinco diputados radicales que se reunieron el martes con Javier Milei y luego acompañaron el veto: Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi.

En Balcarce 50 quieren poder trabajar como un interbloque. Incluso están dispuestos a negociar lugares en las listas para las elecciones de 2025 bajo la condición de que acompañen las propuestas de Nación en toda votación.

Hay además negociaciones constantes con los gobernadores a los que responden los diputados de Innovación Federal: Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Alberto Weretilneck (Río Negro). El bloque se abstuvo en la votación sobre el veto a la ley de jubilaciones.

El Gobierno apuntó esta semana contra Raúl Jalil (Catamarca) por los votos afirmativos de sus diputados para rechazar la medida del presidente. Hubo contactos desde el comienzo de la gestión para acercar posiciones y que sus legisladores rompieran el bloque de Unión por la Patria, pero se frustraron.

En ese sentido, la Casa Rosada apunta a fijar una mesa periódica con diputados y senadores de los bloques aliados para establecer una agenda conjunta y negociar los proyectos antes de que lleguen al recinto. “No hubo coordinación y tuvimos varias derrotas en el Congreso. La idea es que haya un ida y vuelta constante ahora”, expresó a TN colaborador cercano al Presidente.

El Ejecutivo centraliza la negociación en el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y en los vicejefes Lisandro Catalán y José Rolandi. Incluye también al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.