Inclusión en duda

Ayer, en la puerta del PAMI, se formó una larga fila de personas que, por disposición del gobierno nacional, debieron presentarse a ratificar su “condición” para seguir percibiendo una pensión. Personas que enfrentan a diario enormes barreras físicas, sociales y económicas, obligadas ahora a exponerse, a que «auditen su discapacidad», a justificarse, a reafirmar lo que ya está documentado.

El trámite debería haberse hecho en ANSES. Más lógico. Se impuso en PAMI, generando desconcierto y desgaste. No es solo una cuestión administrativa: es una herida simbólica. Es la institucionalización de la desconfianza. Es obligar al otro a decir “yo soy”, cuando el sistema ya debería saberlo y, sobre todo, acompañarlo.

Nos llenamos la boca hablando de inclusión, de diversidad, de derechos humanos. Pero cuando el Estado obliga a una persona con discapacidad a mendigar reconocimiento para recibir una pensión que apenas alcanza para sobrevivir, ¿de qué inclusión hablamos?

La escena de ayer no fue solo burocracia. Fue una postal de retroceso. Una fila que no debería existir. Una fila que duele.